El Consell presenta los Presupuestos de la Generalitat de 2019 (Fotos: MARGA FERRER)
VALÈNCIA. Cuentas que parecen cuentos. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, reconoció este miércoles que para cuadrar el "expansivo" Presupuesto de la Generalitat de 2019, que prevé un incremento del gasto de nada menos que el 9,9%, ha habido que incluir cerca de 2.222 millones de euros en ingresos procedentes del Estado cuya llegada está más que en el aire.
A los 1.325 millones de euros que el Consell del Botànic ha incluido año tras año en sus cuentas a modo de reivindicación por la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, y que nunca han llegado más que, una vez reconocido el déficit, en forma de FLA y más deuda, se han sumado esta vez varios cientos de millones de ingresos más que dudosos porque ni siquiera están aprobados por el Gobierno.
La partida más sorprendente son los 644 millones que el Consell ha previsto recibir del Estado por la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades, el conocido como Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). El presupuesto de 2018 ya preveía la llegada de 253 millones por este concepto que este año crecen hasta los 300 millones, un incremento del 20% en un solo año que la Conselleria de Hacienda justifica en el aumento de la llegada de turistas a la Comunitat.
Pero a ellos se suman otros 344 millones de euros de lo que el conseller Soler calificó como "FOGA histórico" –pendiente desde 2015– que se ha incluido por primera vez en el Presupuesto para que salieran los números. El Gobierno de Mariano Rajoy suspendió año tras año mediante las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado la aplicación del FOGA para compensar a pacientes de otras CCAA entre 2012 y 2017. Por lo tanto, ningún derecho de cobro se ha podido generar en esos años. Sin embargo, Soler explicó que el Consell se siente legitimado a reclamarlo porque es un "derecho" de la Comunitat y, el hecho de haberlos reivindicado justifica su inclusión en las cuentas.
El FOGA, de hecho, apenas se ha puesto en marcha. El pasado 10 de octubre, la diputada de Compromís Marta Sorlí reclamó en una interpelación a la ministra de Sanidad que activara todos los mecanismos del FOGA para que la Comunitat Valenciana pudiera recibir "390 millones de euros" pero no obtuvo respuesta de María Luisa Carcedo. La única cantidad que el Gobierno ha pagado de FOGA por atención a pacientes de otras CCAA es, el pasado mes de marzo, los 36 millones de euros que se repartieron seis CCAA, entre ellas la valenciana.
También contribuyen de forma relevante al aumento de los ingresos previstos los 303 millones de la aportación pendiente del Estado para financiar el Sistema de Dependencia de las autonomías. También se han incluido 250 millones por la liquidación pendiente del IVA de 2017 que, según explicó la ministra de Hacienda, de llegar lo harán en forma de un crédito para las comunidades. Por venta de edificios se espera ingresar 19 millones debido a la reactivación del mercado inmobiliario.
La relación de ingresos de dudoso cobro continúa con los 255 millones de euros previstos por las liquidaciones de les concesiones sanitarias, a pesar de que el propio Consell ya le ha reconocido al Gobierno este año que, de los 300 millones presupuestados para 2018, no va a ingresar al menos 117. Su inclusión difícilmente encaja dentro del concepto de prudencia financiera porque es un asunto judicializado, pero el conseller Vicent Soler destacó su derecho a ser "optimistas" con la resolución de los pleitos.
A ello se suma una previsión de ingresos por impuestos directos e indirectos hinchada a pesar de la ralentización del crecimiento económico que reconoce el propio Consell en sus cuentas. En concreto, prevé recaudar un 11,6% más por impuestos directos, hasta 4,38 millones de euros, y un 8,6% por los indirectos hasta 7,5 millones. La previsión de ingresos por tasas aumenta un 75%.
El conseller de Hacienda incluso reconoció en la presentación de las cuentas que se habían visto tentados a presupuestar con una previsión de déficit del 0,3% del PIB en lugar del 0,1% fijado por el Gobierno, ante la expectativa de que el reciente viraje de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados permita al Gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante su senda del déficit. Si lo consigue, la Comunitat la capacidad de gasto de la Comunitat se incrementará en 236,4 millones de euros que irían destinados a "derechos sociales".
Solo con esa previsión de ingresos rayana en fantasía ha logrado el Consell encajar unas cuentas que priorizan el incremento del gasto real en el último tramo de la legislatura por encima de la reducción de déficit. Como muestra, el Consell aún mantiene fuera del presupuesto 400 millones de euros de gasto sanitario real, las conocidas como facturas en los cajones. Son 200 millones menos que este año y 1.000 menos que al inicio de la legislatura.
La maniobra para inflar los ingresos viene sobre todo condicionada por las exigencias de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por contar con mayores recursos para la Conselleria de Igualdad, que es una de las que más crece al elevar su presupuesto un 27,7% hasta 1.528 millones.
De ellos, tal y como relató Valencia Plaza, 150 llegaron directamente a costa de restarlos en el último momento de los recursos de la Conselleria de Sanidad de la socialista Ana Barceló, una concesión del presidente Ximo Puig a Mónica Oltra para cerrar el acuerdo presupuestario.
El aumento es generalizado. Todas las conselleries contarán con más presupuesto que en 2018 para acabar la legislatura, con avances que superan en todos los casos la media del 9,9% de aumento global excepto en el caso de Sanidad y Educación, las de mayor gasto.
La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas es la que más aumenta su asignación con un incremento del 32,8% hasta los 516,8 millones. De ellos, se destinarán 40 millones para vivienda social, 20 millones más que en las cuentas de 2018 y 30 millones a ampliar el parque público, tal y como exigía Podemos. La Conselleria de Transparencia, con un incremento del 30,4%, es la segunda que más crece, de forma que Manuel Alcaraz contará con casi 52 millones para su departamento.
La Conselleria de Sanidad Universal es la que menos crece: un 3,1% más que, tras el pellizco de última hora de Oltra, sitúa su Presupuesto en 6.635 millones. La Conselleria de Educación de Vicent Marzá aumenta un 7,1% hasta 5.121 millones. De este departamento destacan los 173 millones para el Pla Edificant para "dar un importante impulso a la eliminación de los barracones" o la ampliación de la red de escuelas infantiles para niños de 2 y 3 años.
El mayor incremento del presupuesto, un 44% más hasta los 1.610 millones de euros, se produce en las operaciones de capital –capítulos VI y VII–, lo que según el Consell convierte estas cuentas "en las más inversoras de los últimos veinte años".
El conseller de Hacienda destacó que el Presupuesto está marcado por los pasivos financieros, que suben a 5.281,3 millones de euros, un 13,5% más que en el año anterior o 627 millones que supone prácticamente el 30% del incremento total del Presupuesto para 2019, que con la deuda incluida roza los 23.000 millones.
Los intereses de la deuda continúan siendo un lastre para el Presupuesto de la Generalitat. Los gastos financieros se sitúan en el presupuesto en 510 millones de euros, de los que 465 son "servicio de la deuda". Destacan también los intereses que pagarán algunas consellerias por el retraso en los pagos, como los 30 millones de Sanidad o los 3 de la Conselleria de Igualdad.
