El ladrillo coge vuelo con obras por 25 millones tras lograr permisos para otras 2 en San Blas y San Juan

ALICANTE. El sector inmobiliario confirma su despegue definitivo en la ciudad de Alicante con otras dos grandes obras de inicio inminente, al margen del desbloqueo de proyectos para otras 895 viviendas, como informó Alicante Plaza el pasado 6 de diciembre. En su conjunto, se trata de promociones que contemplan la construcción de hasta 1.107 viviendas por un presupuesto de ejecución que supera los 25 millones de euros. Todas han conseguido respaldo municipal a lo largo del último mes (entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre) y han supuesto unos ingresos de más de un millón para el Ayuntamiento por la recaudación del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO).

Los dos últimos proyectos en lograr aval municipal son una promoción de 167 viviendas en la calle Isla de Corfú, en el PAU 1 o Nuevo San Blas, y otra de 45 viviendas pero de más alturas (planta baja más nueve), en el PAU 5, la segunda línea de Playa de San Juan. Según pudo constatar este diario, la Concejalía de Urbanismo acaba de concederles la preceptiva licencia para que se inicien las tareas de construcción con una inversión que supera los 12 millones, en función de su presupuesto de ejecución. 

La primera, en Nuevo San Blas, es un proyecto impulsado por una cooperativa radicada en Elche, Nou Corfú Sociedad Cooperativa de Viviendas, junto a la fachada comercial de la Gran Vía y el colegio Altozano. Abarca toda una manzana, con edificaciones en cinco alturas, e incluye una urbanización interior con piscina, pista de padel y una zona ajardinada de más de 5.000 metros cuadrados. Su presupuesto de obra roza los diez millones. 

La segunda, en Playa de San Juan, es una obra impulsada por una promotora radicada en Madrid, Lucentum San Juan SL, que contempla una inversión de 2,35 millones para llevar a cabo su construcción.  

Estas dos promociones se suman a otros tres proyectos que contemplan la construcción de 895 viviendas. Como informó este diario, se trata del residencial promovido por Acciona Real State con 244 viviendas también en Nuevo San Blas; de otra promoción para 51 pisos en el Plan Parcial 1.6 del PAU 5 impulsado por Teide Fondo de Activos Bancarios; y del desbloqueo del Plan Parcial de Benalúa Sur, en el que se contemplan 600 viviendas. La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que lo impulsa, constituida por los propietarios del suelo del sector y posible modelo para la implantación de Ikea en Rabasa, aún no ha solicitado licencia para iniciar su ejecución, pero sí ha adelantado que su intención es simultanear las obras de urbanización con las de edificación de los primeros inmuebles. A esos tres proyectos, habría que sumar todavía un cuarto, de menores proporciones, con otras 14 viviendas en La Albufereta. Sólo el primero de ellos, el de Acciona Real State, cuenta con un presupuesto de ejecución de más de 7,7 millones.

Según fuentes municipales, en todos los casos, se ha superado la fase de tramitación de licencias en un plazo medio de entre tres y cuatro meses, entre uno y dos meses más de lo previsto en la norma que regula sobre la materia, la Lotup, en la que se establece un límite de sólo dos. Ese retraso motivó la preocupación y crítica por parte de diversos dirigentes empresariales, como el líder de Cepyme, Cristóbal Navarro, y de asociaciones del sector, como Provía, durante el mes de septiembre. El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), viene atribuyendo esa demora desde entonces a tres factores fundamentales: la acumulación de proyectos pendientes del mandato anterior; el repunte de la actividad económica que ha generado nuevas peticiones de permisos de todo tipo, y las carencias de personal de su departamento. El edil habría llegado a reclamar al departamento de Recursos Humanos y Personal la cobertura de unas 12 plazas vacantes para acelerar la resolución de expedientes. Pero la limitación legal de ampliar plantillas que rige para todos los niveles de la administración y las restricciones impuestas en el plan de ajuste aplicado por el Gobierno central lo han impedido hasta ahora. Pavón ha tenido que limitarse a aplicar una reordenación de personal que, como subrayaron este sábado fuentes municipales a través de un comunicado, ha comenzado a dar resultados. 

Urbanismo confía, además, que la firma de acuerdos de colaboración con los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores contribuya a mejorar la rapidez en la resolución de los expedientes (en el presupuesto de 2017 se espera incorporar una partida de 75.000 euros para impulsar esos acuerdos).

De hecho, como informó este diario, el regidor transmitió esa misma explicación a los representantes del sector inmobiliario en el transcurso de una reunión celebrada con representantes de la asociación de promotores, Provía, a finales de octubre. El secretario general del colectivo, Jesualdo Ros, reivindicó entonces que, como mínimo, se tratase de desbloquear los grandes proyectos que suponen inversiones millonarias para no frenar la actividad económica ni la generación de empleo. Según las fuentes consultadas, Provía ya habría admitido en privado al propio concejal que el sector ya reconoce el trabajo que se viene desarrollando desde el ayuntamiento. 

Según las mismas fuentes, Urbanismo prosigue en su empeño de organizar el crecimiento de la ciudad en los solares todavía libres en los que se contempla la construcción de viviendas a partir del Plan General de Ordenación Urbana de 1987 mientras se trata de sentar las bases del nuevo Plan General Estructural para que quede aprobado antes del fin del mandato, en 2019.