Los constructores instan a Urbanismo a priorizar los permisos para los grandes proyectos

ALICANTE. Los precedentes hacían presagiar que la reunión fuese tensa, pero fue cordial. Eso sí, sobre todo, transcurrió por los cauces de la reivindicación. Los representantes de la asociación de promotores de la provincia de Alicante, Provía, que mantuvieron este miércoles un encuentro de trabajo con el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), no desaprovecharon la ocasión de volver a reclamar celeridad en la concesión de licencias. Fundamentalmente para aquellas peticiones que conlleven grandes inversiones de las que dependen decenas y hasta cientos de puestos de trabajo, según concretó el secretario general de Provía, Jesualdo Ros, al término de la entrevista. 

Tanto el responsable de los promotores como el concejal del área coincidieron en que, en realidad, no son tantos los expedientes de licencia de obra que esperan una resolución municipal. Se trataría de entre 6 y 8 peticiones. No obstante, la importancia de la demora en la respuesta (en algunos casos de hasta seis meses) no se explica en términos cuantitativos, según Provía, sino en la envergadura de esos proyectos. "No es lo mismo que exista cierto retraso en la concesión de licencia para ejecutar el cerramiento de una piscina, que que lo haya para una promoción en la que se va a invertir millones de euros", incidió Ros. En esta línea, apuntó que la delegación representativa del sector había trasladado a Pavón la petición de que se diese prioridad a esos expedientes para que, en la medida de lo posible, se ajustasen al plazo legal de resolución, de dos meses.

El regidor del área explicó, por su parte, que en su departamento se había registrado en el último año hasta 16.000 expedientes relacionados con la tramitación de licencias de obra (mayor, menor, de reforma, de demolición, etc.) y que, en la actualidad, sólo 300 estaban en tramitación. Insistió en que la demora en la concesión de esos permisos ya se daba en el anterior mandato, bajo el Gobierno del PP, y que ahora se había incrementado como consecuencia de la reactivación del sector inmobiliario. 

Además, reiteró que su área requiere de la contratación de más personal y que, pese a que el Ayuntamiento tiene poca capacidad de maniobra al estar sometido a un plan de ajuste y a la limitación del Gobierno central de ampliar plantillas, se iba a tratar de concertar la reposición de al menos un 50% de las plazas que hubiesen quedado vacantes en el departamento. Esa medida, que Pavón preveía tratar con el interventor municipal a lo largo de esta semana, permitiría contar con unas seis personas más. 

Catálogo de protecciones

El también vicealcalde avanzó que preveía abrir una ronda de contactos con los colegios profesionales vinculadas a la actividad inmobiliaria (aparejadores, arquitectos, etc.) para establecer convenios de colaboración de modo que se agilizasen ciertos trámites en los expedientes. "Es algo que ya hacen otros ayuntamientos", enfatizó. Por último, abogó por "rebajar la alarma" que se había generado sobre el retraso en la resolución de esos expedientes y confió en que en lo sucesivo "se puedan solventar todas estas carencias".

Provía asumió las explicaciones y confió en lograr avances cuando se produzcan próximas reuniones de seguimiento. De lo que no se habló durante el encuentro, sin embargo, fue del segundo frente abierto entre el sector inmobiliario y la Concejalía de Urbanismo: la redacción del nuevo catálogo de protecciones, que delimita edificios y recursos ambientales y paisajísticos a preservar. Se trata de un documento que se incorporará en el futuro Plan General Estructural ahora en exposición al público contra el que Provía ya presentó un primer paquete de alegaciones en julio. El secretario general de la asociación confirmó que volverán a presentarse objeciones en este nueva fase y precisó que en el encuentro no se abordó el tema "porque sabíamos que no había receptividad", concluyó.