EL CAMPELLO. Después de dictar sentencia diversos tribunales, el Ayuntamiento de El Campello deberá pagar 777.017,33 euros a la mercantil Esclapés e Hijos S.L., encargada de la construcción de la piscina municipal, la cual continúa cerrada pero cuyos trámites para el mantenimiento ya han comenzado. El Consistorio celebrará un pleno extraordinario el próximo martes 16 de junio para aprobar una modificación de crédito de 15 millones de euros provenientes del remanente de tesorería y del superávit del pasado 2019, entre los cuales se encuentran los más de 750.000 euros que abonará a la mercantil en concepto de liquidación del contrato de obra de la piscina municipal e instalaciones deportivas anexas.
La Corporación declaró en la sesión plenaria de marzo de 2019 "la inexistencia de derecho a indemnización". Una resolución que la empresa impugnó, presentando su rechazo y condiciones ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Cuatro de Alicante. Este organismo resolvió anular el mencionado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y condenó a la Administración a pagar la cantidad solicitada por el demandante: 940.545,30 euros.
Esta cantidad se clasifica, a su vez, en tres apartados: por un lado, 175.552,29 euros en concepto del 6% del beneficio industrial por imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, sumando a dicha cifra 37.270 euros de indemnización (212.822,29 euros en total); por otro lado, 594.563,83 euros más 126.231 euros de intereses (720.794,83 euros en total) por el exceso de mejora anticipada, y 6.928,18 euros por los gastos de mantenimiento del aval.
Sin embargo, dicho auto fue recurrido por el Consistorio campellero ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), discutiendo la cantidad que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo determinaba que debía abonar. En concreto, el Ayuntamiento discute la indemnización del beneficio industrial, con los intereses de demora y el IVA, alegando que no se contempla en la ley pertinente y que "la demora en más de ocho meses en pagar el precio del contrato no debe dar lugar a indemnización". También se muestra en desacuerdo con el exceso de la mejora y sus consecuentes intereses.
Con fecha de enero de 2020, el TSJ falló parcialmente a favor de la petición del Ayuntamiento, suprimiendo los intereses de demora y el IVA de la cantidad relativa a la indemnización del beneficio industrial, así como los intereses de demora añadidos en el exceso de mejora anticipada. Por ello, la cifra final que se aprobará en el pleno del martes como obligación de pago hacia la mercantil asciende a un total de 777.017,33 euros.
El informe de Intervención relativo a la modificación de crédito de más de 770.000 euros se posiciona como favorable, no sin antes advertir sobre la obligación de crear un Plan Económico-Financiero para volver a la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria en el plazo de dos ejercicios, 2020 y 2021. No obstante, expresa que "estos incumplimientos de las reglas fiscales deben conjugarse con la obligación de la Administración del cumplimiento de sentencias firmes".
Por tanto, declara que este Plan "debe aprobarse teniendo en cuenta los expedientes y el obligado cumplimiento de las sentencias, de manera que las medidas que se incluyan contemplen también el reequilibrio que comporta el incumplimiento de las reglas por estas sentencias". Y advierte que "no debería llevarse a cabo ninguna otra modificación presupuestaria financiada con el remanente líquido de tesorería al margen del Plan", ya que es el documento que marcará "el límite de hasta dónde y en qué se puede gastar".
Además de la obligación de pago de 777.017,33 euros, el Pleno de la Corporación debatirá y aprobará -si procede- otras modificaciones de crédito como los 8,5 millones de euros derivados de la sentencia judicial del parking Els Furs, como ya informó Alicante Plaza. Asimismo, se incluyen los casi seis millones que se destinarán a gastos derivados de la crisis pandémica originada por el covid-19, así como a inversiones necesarias para el municipio, como las obras del retén de la Policía Local, intervenciones en dos centros de salud o el inicio del proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil.