ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante encarrila la contratación del estudio de asesoría externa que resulta necesario para diseñar el servicio de limpieza viaria y retirada de residuos a partir de 2021, cuando vence la concesión actual, en manos de UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica). Salvo cambio de criterio técnico (tras la valoración de posibles bajas o de la documentación aportada por los licitadores), la elaboración de ese estudio previo correrá a cargo de Grupotec Servicios de Ingeniería, que se perfila como previsible adjudicatario al haber presentado la propuesta mejor valorada por los técnicos del departamento de Contratación, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) avalase el pliego del proceso frente al recurso del Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias Ambientales.
Además, la oferta de Grupotec Servicios de Ingeniería también sería la más ventajosa para los intereses municipales desde el punto de vista económico, puesto que habría planteado el precio más bajo, de poco más de 125.000 euros. Es decir, cerca de mil euros menos que la segunda oferta presentada por Idom Consulting Engineering Architectures: su único competidor en el proceso.
La licitación partía con un presupuesto de 157.300 euros (impuestos incluidos) con el fin de precisar la documentación técnica que el Ayuntamiento debe tener en cuenta para elaborar el Plan Local de Residuos y el Proyecto de Gestión del Plan Zonal 9, área de gestión 4, en el que se encuadra Alicante. Se trata de los dos documentos de partida en los que se delimitará qué requisitos se debe incluir en los futuros pliegos para contratar el servicio de limpieza viaria y el de recogida de residuos y su eliminación: los dos contratos en los que el bipartito compuesto por PP y Cs pretende separar la prestación actual, en busca de una mayor especialización y concurrencia empresarial.
El trámite de valoración de esas ofertas para contratar esa asesoría externa se produce en pleno proceso de modificación del contrato en vigor, con el propósito de facilitar la renovación de maquinaria y de incorporar nuevos servicios, como viene informando Alicante Plaza. Esa modificación, que supone un coste adicional de medio millón al año y otros 2,5 millones a amortizar a lo largo de otros diez, sigue a la espera de recabar los informes favorables de los técnicos de Contratación y del área de Intervención.
La evaluación de esas ofertas coincide también con la extinción de otra contrata municipal relacionada con la limpieza: la que afecta al servicio que se presta en colegios y dependencias municipales, a cargo de UTE Limpal (Clece y Fissa). Como ha informado este diario, el bipartito negocia ahora la posibilidad de que la concesionaria continúe asumiendo el servicio de manera temporal a partir del próximo lunes y durante el tiempo en el que se consiga cerrar el nuevo proceso de licitación. En caso contrario, se impulsaría un proceso de contratación de emergencia para garantizar las condiciones higiénicas requeridas en todos los centros municipales.
La prolongación del servicio (que no prórroga) se produciría en un contexto en el que los grupos políticos con representación municipal se encuentran inmersos en la fiscalización del cumplimiento de su contrato en una comisión específica aprobada en pleno hace cuatro meses. En esa comisión, se habría puesto de manifiesto, a partir de las manifestaciones y de los informes aportados por los funcionarios a cargo del control del contrato, que -al menos durante el primer año de su prestación- no existió un sistema de control automático de horarios que permitiese comprobar que se prestaban las horas de limpieza comprometidas.
Por lo pronto, fuentes del comité de empresa de UTE Limpal consultadas por este diario apuntaron este miércoles que ese sistema de control automático solo está implantado en la sede central de la empresa (no en los colegios ni en el resto de dependencias municipales) y que, además, no funciona de manera correcta. De hecho, las mismas fuentes señalaron que la UTE acordó implantar el martes un sistema de fichaje de los trabajadores mediante firma manual.
Además, los representantes de la plantilla añadieron que la UTE continúa sin facilitar parte de la información solicitada ante la Inspección de Trabajo a la que decidieron volver a acudir el pasado mes de agosto para alertar de la existencia de incumplimientos contractuales. En esta línea, añadieron que la Inspección de Trabajo ya había requerido a la UTE para que aportase esa información.
Por su parte, la edil del PSPV-PSOE, Llanos Cano, añadió al respecto, al tener constancia de la queja de los trabajadores, que la falta de información sobre la contrata sigue patente tanto ante la Inspección de Trabajo como en la comisión de fiscalización sobre el cumplimiento de las condiciones del servicio, a la vista de que "se sigue sin facilitarnos toda la documentación disponible". "Como mínimo, no entendemos como no existe ni un solo documento firmado por el actual concejal de Infraestructuras, José Ramón González, en la documentación que se nos ha facilitado, cuando lleva ocho meses en esa responsabilidad", concluyó.