EL CAMPELLO. El Ayuntamiento de El Campello elevó al Consell Jurídic Consultiu (CJC), el pasado mes de octubre, una cuestión relacionada con el vertedero de 'Les Canyades'. En concreto, se trasladó la petición de la Asociación de Vecinos Afectados, quienes exigían conocer cómo se había tramitado el modificado del contrato de la planta de residuos, pues habían encontrado ciertas contradicciones.
Tras plantear la cuestión, el CJC remitió respuesta con fecha de noviembre de 2020, si bien no fue la que el Ayuntamiento estaba esperando. El órgano alegó que este tipo de consultas recaían, directamente, en el conseller responsable, siendo este asunto competencia de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Con esta información, el Consistorio campellero derivó el tema a dicha Conselleria, pero esta área del gobierno valenciano "todavía no ha respondido", ha comunicado el concejal de Medio Ambiente de El Campello, Julio Oca (Ciudadanos).
Una de las contradicciones que notificaron los afectados era que el primer dictamen (31 de julio de 2019), concluía que "no procedía la modificación del contrato" entre el Consorcio y FCC, "pues era necesaria la previa aprobación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI)". Sin embargo, con una diferencia de solo dos meses (27 de septiembre de 2019), se planteaba una respuesta totalmente distinta, alegando que "nada obsta a la aprobación del modificado del contrato de gestión" del plan zonal XV.
La Asociación de Afectados por el Vertedero achaca este cambio de criterio a las afirmaciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) y del jefe del Servicio de Residuos de la Conselleria. Entre las alegaciones, este último sostenía que "las modificaciones que se proponen en el contrato disponen ya de Autorización Ambiental Integrada (AAI)", mientras que la DGCEA exponía que "las modificaciones que se plantean lo son como consecuencia del cumplimiento de la AAI de 8 de septiembre de 2016".
Sin embargo, la Asociación puntualiza que "esas afirmaciones no se corresponden con la verdad", ya que el mismo órgano de la Generalitat -la DGCEA- aprobó en abril de 2020 una modificación no sustancial de la AAI de la planta de residuos y vertedero de El Campello. Es decir, "las obras y modificaciones que ahora se autorizan no estaban contempladas en su totalidad en la AAI de septiembre de 2016", interpretan las personas afectadas.
Por su parte, el Consorcio Mare todavía tiene pendiente el pago al Ayuntamiento campellero de los 900.000 euros por el canon de un euro por cada tonelada de basura enterrada, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. Aunque inicialmente la aprobación de dicha cantidad estaba prevista para octubre, el punto acabó retirándose del orden del día para someterlo a estudio.
En ese momento, el edil de Medio Ambiente y representante del Ayuntamiento en el Consorcio solicitó que se incluyeran intereses por el retraso en el pago de este canon, pues el contrato establece que el ingreso se realice cada año, no cada tres, como ocurre en la actualidad. Tanto es así que parece que se tendrá que sumar a estas tres anualidades el pago de una cuarta, correspondiente a 2020.
Pese a que desde el Consorcio contemplaban que la asamblea se convocase el pasado diciembre, finalmente no se realizó, por lo que el asunto sigue estando en el aire y parece que no está previsto que se resuelva en breve. "Con esta situación tan cambiante tienen que ver cómo organizar las juntas, que reúnen en cada una a más de 50 personas", han explicado fuentes a Alicante Plaza.
