Una grúa en la operativa de carga y descarga de materiales en el Puerto. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Todo listo para la primera fase de las obras antigraneles. La Autoridad Portuaria ha adjudicado a la empresa Pavasal la instalación de los nuevos muros pantalla, de los sistemas de pulverización de agua y de las tres nuevas estaciones de medición sobre la calidad del aire exigidas por la Conselleria de Medio Ambiente por un importe de 1,2 millones sin IVA.
La conocida constructora valenciana presentó la oferta económica más ventajosa, con una baja de casi 700.000 euros respecto al presupuesto de licitación: 1,9 millones sin IVA (2,4 con impuestos). Su propuesta se impuso con 97,47 puntos sobre 100 a las presentadas por otras 14 grandes compañías del sector como Dragados, CHM, FCC, La Generala, OHL o Ferrovial (algunas de ellas, asociadas en UTE con otras compañías de tamaño menor).
El acuerdo de adjudicación, aprobado el 22 de marzo, fue trasladado este jueves al consejo de administración del Puerto, donde se dejó constancia de que los trabajos previstos en los muelles 11, 13 y 17 (en los que se desarrolla la actividad) deberán quedar terminados en un plazo de cinco meses. Como avanzó Alicante Plaza, el objetivo de la Autoridad Portuaria es que el conjunto de esas medidas correctoras puedan estar en funcionamiento en agosto. De acuerdo con el plazo de adjudicación, las obras deberían estar terminadas como muy tarde en septiembre, en el caso de que se iniciasen de inmediato.
La instalación de esos dispositivos forma parte de las exigencias incluidas por Medio Ambiente al conceder su autorización de emisiones a la atmósfera a la Autoridad Portuaria, el pasado mes de diciembre. Se trata de un primer paquete de medidas correctoras para limitar la propagación de materiales pulverulentos y evitar problemas de contaminación en el entorno del recinto portuario. Esa autorización se concedió condicionada, precisamente, a la ejecución de esas obras antigraneles y a la evaluación de su funcionalidad real.
La Autoridad Portuaria ya trabaja en la elaboración del pliego para licitar la construcción de las naves cerradas en el caso de que resulten necesarias
El examen sobre su eficacia queda en manos del Instituto Universitario de Ingeniería y Procesos Químicos de la UA, que deberá emitir un informe sobre las mediciones captadas a lo largo de todo un año completo en las cuatro estaciones de control repartidas en el entorno del Puerto (una por cada una de los cuatro vientos). Si en ese informe se determina que se superan los umbrales de emisión permitidos en la legislación, la Autoridad Portuaria quedará obligada a ejecutar una segunda fase de medidas correctoras en las que se incluye la construcción de naves cerradas en depresión para que la carga y descarga de graneles se realice a cubierto.
La Autoridad Portuaria viene esgrimiendo que todas las mediciones llevadas a cabo hasta ahora reflejan que no se ha superado en ningún momento el nivel de emisiones permitido legalmente. Además, mantiene que los exámenes de salud que se llevan a cabo regularmente sobre los trabajadores a cargo de la operativa reflejan que la actividad no conlleva ningún riesgo. Los colectivos vecinales que residen en el entorno mantienen todo lo contrario e incluso han llegado a ejercitar acciones legales para exigir su suspensión. Por lo pronto, según las fuentes consultadas, la Autoridad Portuaria ya está preparando los pliegos para licitar la construcción de esa segunda fase de medidas correctoras en el caso de que resultase necesario.
En el consejo de administración de este jueves también se dio cuenta del acuerdo de cesión del espacio de la Plaza del Puerto al Ayuntamiento de Alicante para que se pueda llevar a cabo la instalación de una nueva oficina de información turística que se pretende "de referencia". Como publicó este diario, su presupuesto de licitación superará los 400.000 euros.
