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CONTROLES SOBRE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN

El Puerto 'ficha' a la Universidad de Alicante para auditar las emisiones atmosféricas de los graneles

Ultima la firma de un convenio para que el Instituto Universitario de Ingeniería y Procesos Químicos asuma el control de la calidad del aire, en plena polémica por la falta de licencia

12/10/2016 - 

ALICANTE. La Autoridad Portuaria de Alicante (APA) da un paso adelante que puede jugar un papel clave en la polémica por el movimiento de graneles. La dirección de la dársena ha decidido externalizar el sistema de control diario sobre las emisiones que genera la carga y descarga de materiales pulverulentos en el muelle17 con el objetivo de garantizar su plena objetividad. Para ello, ultima la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante (UA) para que sea su departamento de Medio Ambiente -en concreto, el Instituto Universitario de Ingeniería y Procesos Químicos-, quien asuma en lo sucesivo las mediciones de las emanaciones de partículas a la atmósfera. 

Hasta ahora ese control recaía en manos de una firma contratada por el propio Puerto y los resultados venían (y vienen) publicándose con regularidad en su página web oficial con datos en tiempo real. Ese sistema de control forma parte de un programa de vigilancia ambiental en el que también se incluye campañas bianuales de medición de partículas en tres puntos: el Instituto Social de la Marina (Avenida de Óscar Espla), en Mediterráneos Servicios Marinos (barrio de San Gabriel) y en el acceso al muelle 17, según se publica en la web oficial de la Autoridad Portuaria. Las fuentes consultadas apuntaron a Alicante Plaza que en ninguno de los registros capturados desde que se instauró ese sistema se ha superado el umbral límite de concentración de partículas establecido en la legislación ambiental (un valor límite diario de 50 microgramos por metro cúbico de aire y de 40 de promedio anual máximo). Y recalcan, además, que los controles médicos llevados a cabo en el personal adscrito a la actividad de los graneles descarta cualquier tipo de afección sobre la salud.

Con todo, algunos colectivos especialmente críticos respecto a la actividad de la dársena, como la asociación de vecinos de Gran Vía Sur-Puerto (que acaba de ser reconocido oficialmente como barrio por la Concejalía de Estadística) han puesto en duda la eficacia de ese sistema por endogámico: su argumento vendría a resumirse en que el puerto no puede autovigilarse. Con la encomienda a la UA, la Autoridad Portuaria trataría de zanjar cualquier tipo de suspicacia, ya que la responsabilidad de la vigilancia pasa a ser competencia de un tercero de reconocido prestigio como lo es la institución académica. 

El nuevo sistema de control externo implicará la instalación de estaciones para evaluar la calidad del aire en distintos puntos repartidos en el área de influencia de la zona portuaria. Las mediciones se desarrollarán de manera continuada por un año de duración. Está por ver si la Autoridad Portuaria mantiene también su propio sistema de control tradicional, con lo que se dispondría de hasta dos evaluaciones diferentes sobre las emisiones.

Por lo pronto, la Concejalía de Medio Ambiente confirmó este martes a través de un comunicado la firma de otro acuerdo paralelo con el Instituto Universitario de Ingeniería y Procesos Químicos de la UA por el que se instalarán dos estaciones de medición de la calidad del aire en el colegio público Benalúa para registrar diariamente y durante un mes "los niveles de partículas PM10m y PM1.5 (partículas peligrosas) con las que podrían estar conviviendo diariamente los niños y niñas de este centro". El objetivo del programa, según el edil del área, Víctor Domínguez (Guanyar), es "la vigilancia de la calidad del aire para velar por la salud de los niños ante la preocupación de la comunidad escolar". La primera fase, la de las mediciones, se realizará de octubre a noviembre. La segunda, la de la emisión de informes, se prolongará durante los tres meses siguientes. En ellos "se propondrán las mejores condicines para llevar a cabo la actividad disminuyendo el impacto en la salud", según la concejalía. 

Las medidas y las diligencias

La Autoridad Portuaria ha venido adoptando en los últimos años una batería de medidas correctoras para paliar las posibles molestias que pudiese generar el movimiento de este tipo de materiales. Entre ellas, figuran la instalación de barreras de material geotextil de 12 metros de altura y 320 metros de longitud, además de otras barreras vegetales; la puesta en marcha de un sistema de pulverización de agua que genera un efecto de precipitación de las partículas para evitar su dispersión; o la instalación de un sistema lava-ruedas para los vehículos que trasladan los graneles.     

la concejalía de Medio ambiente cierra otro acuerdo paralelo para medir la calidad del aire en el colegio público benalúa "ante la preocupación de la comunidad escolar"  

El redoble de la vigilancia por parte de la Autoridad Portuaria llega en pleno conflicto sobre la ausencia de los preceptivos permisos municipales que amparen la actividad que vienen desarrollando Alicante Port, Cesa Alicante y Bergé Marítima desde hace cerca de 20 años. La Fiscalía de la Audiencia Provincial acordó a finales de 2015 la apertura de diligencias de investigación penal para dilucidar si en el funcionamiento sin licencia ambiental de esas tres empresas, consentido durante dos décadas, puede haberse cometido algún tipo de irregularidad. En enero de este año, la Fiscalía requirió al Ayuntamiento de Alicante que remitiese  copia de cuanta documentación dispusiese relacionada con la actividad. El equipo de Gobierno, el tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, se comprometió ya entonces a proporcionar la máxima colaboración. 

La controversia se ha acentuado desde el pasado septiembre, cuando la Concejalía de Urbanismo requirió a la Autoridad Portuaria para que solicitase la licencia ambiental con la que se pudiese regularizar la situación. Ese requerimiento municipal se produjo en respuesta a dos escritos previos remitidos por la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental (el primero de enero y el segundo de junio) en los que, a instancias de varias denuncias de los vecinos de Gran Vía Sur, se recordaba al Ayuntamiento que tiene la potestad de decretar el cierre de actividad para las tres empresas, superado un trámite de audiencia de 15 días en el que deberían acreditar que están en posesión de todos los permisos. 

A la vista de los escritos, Urbanismo -a partir de las recomendaciones de sus servicios técnicos- interpretó que debía reclamar la tramitación de esos permisos a la Autoridad Portuaria, ya que había sido precisamente quien había solicitado una autorización previa directamente relacionada con los graneles (la autorización de emisiones a la atmósfera) el pasado julio. El Puerto tenía, entonces, un plazo para presentar su solicitud. Sin embargo, en lugar de registrar su petición, negó que el trámite fuese de su competencia y esgrimió un informe de la Abogacía del Estado en el que se concluía que la responsabilidad de demandar ese permiso era de cada una de las empresas. Esa tesis fue la que se acabó aprobando en el Consejo de Administración del Puerto celebrado el 22 de septiembre, en el que se acordó recurrir el decreto firmado por el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Ese recurso sigue pendiente de resolución.  

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