Los miembros de la comisión de Hacienda.ALICANTE. El pacto político deja de ser una quimera inalcanzable a la hora de revisar el pago de tributos municipales, a menos de dos semanas de que se debata sobre la propuesta de reforma fiscal que impulsa el equipo de Gobierno. El PP y los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante (PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) se pusieron de acuerdo, este miércoles, para introducir nuevos ajustes en la ordenanza fiscal que regula el cobro del impuesto de plusvalías, en el trámite de resolución de enmiendas.
En sentido estricto, se trataba únicamente de los cambios propuestos por Guanyar: el único grupo político que decidió presentar correcciones, tras el acuerdo inicial de revisión de la ordenanza, aprobado en el pleno de julio, en el que ya se acordó -también a propuesta de Guanyar- que se reflejase la exención del impuesto en los casos en los que se produzca una dación en pago (una circunstancia que, según apuntaron entonces los técnicos municipales, ya se estaba teniendo en cuenta en la práctica).
Así, en la comisión informativa de Hacienda de este miércoles, PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís votaron a favor de añadir total o parcialmente tres de los cuatro planteamientos defendidos por la plataforma electoral que lidera EU. El primero, y puede que el de mayor trascendencia, es que se incremente la bonificación del 50 al 60% en el pago del impuesto en los casos de transmisión de vivienda habitual a descendientes o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad en casos de fallecimiento del propietario del inmueble. En realidad, la enmienda registrada por Guanyar aspiraba a que se aplicase la bonificación máxima que permite la ley, del 95%. Sin embargo, esa petición fue desestimada por los populares, tras argüir que, según el informe de los técnicos municipales, no se conocía qué impacto real podía tener ese aumento de la bonificación en la recaudación de ingresos.
En el debate, Guanyar llegó a plantear que el porcentaje se situase en el 75%. No obstante, ese índice también fue rechazado y se acabó concertando que la bonificación quedase en el 60% (diez puntos más de lo que se prevé ahora) con el compromiso de que ese evaluase su posible aumento en lo sucesivo.
La segunda propuesta que sí fue incorporada consistía en que también se extendiese esa bonificación a los garajes y/o trasteros asociados a esa vivienda habitual. Y la tercera, también asumida por PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís, que esa misma compensación rija en el caso de muerte repentina del titular del inmueble tras adquirir su vivienda habitual, sin necesidad de que se cumpliese el plazo mínimo de dos años de empadronamiento en esa residencia.
No obstante, la cuarta y última enmienda de Guanyar quedó rechazada por PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís, lo que llevó a los representantes de la plataforma electoral a abstenerse en el momento de la votación. Esa cuarta propuesta trataba de incorporar como sujetos fiscales a los bienes inmuebles de la Iglesia católica o de cualquier otra confesión religiosa estuviesen o no dedicados al culto.
Los ediles no adscritos Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte no acudieron a la comisión de Hacienda, lo que motivó la crítica de los grupos de la oposición
Sea como fuere, con el acuerdo alcanzado en comisión, la propuesta se elevará por la vía de urgencia al pleno de este jueves para su aprobación definitiva. En principio, la ordenanza revisada debe quedar ratificada con el previsible apoyo de la mayoría de la corporación, lo que permitirá zanjar la cascada de sentencias en contra de los intereses municipales que habían forzado al equipo de Gobierno a impulsar su rectificación. Como viene contando Alicante Plaza, esas resoluciones judiciales anulaban el cobro del impuesto de varios recibos de particulares y empresas al considerar que se había girado sin que el Ayuntamiento hubiese aprobado el acuerdo impositivo previo que resulta imprescindible.
Según las fuentes consultadas, a la comisión de Hacienda no acudieron los ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, lo que motivó, de nuevo, la crítica del resto de fuerzas (especialmente, de PSOE y Guanyar), quienes recriminaron que, después, traten de reivindicar sus derechos de participación política cuando no cumplen con sus obligaciones.
El acuerdo de la comisión cobra especial significado, además, en un contexto en el que el Gobierno y la oposición siguen negociando la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales del IBI, IAE ICIO e IVTM. Hasta el momento, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís han mostrado su rechazo sobre el planteamiento del PP al considerar que conlleva una pretendida rebaja impositiva que en realidad no tendrá ningún efecto real para las economías familiares y que, además, no tiene en cuenta criterios de renta. Como también ha contado este diario, los populares promueven una rebaja lineal del 5% del IBI para toda la ciudadanía, al margen de incentivos fiscales en el IAE, IBI e ICIO para empresas de nueva implantación en la ciudad.
Durante la fase de contactos previos, los cuatro grupos han condicionado su posición de voto en el pleno (se prevé que pueda debatirse en un pleno extraordinario el 8 o el 10 de octubre) a que se tengan en cuenta sus alegaciones. Todo parece apuntar que el PP será flexible y aceptará parte de ellas. Al menos Guanyar y Compromís dieron el paso de registrarlas formalmente este miércoles con sus propias propuestas para que se amplíen las bonificaciones amparadas por la legislación en los casos de familias numerosas, entre otros puntos. Con todo, a grandes rasgos, todos los grupos opositores siguen coincidiendo en que la iniciativa del PP es electoralista, innecesaria e injusta, en la medida en que favorece a las rentas más altas.
