El edil de Infraestructuras, Israel Cortés, junto al edil de Hacienda, Carlos Castillo, en rueda de prensa.ALICANTE. El PP se instala definitivamente en la realidad y será flexible a la hora de incorporar las propuestas formuladas por los grupos de la oposición que sean técnicamente viables para que su propuesta de reforma fiscal pueda aprobarse en pleno. Consciente de su situación de minoría, el gabinete que coordina el popular Luis Barcala está dispuesto a admitir las sugerencias ya expuestas por los grupos de Guanyar, Ciudadanos y Compromís por lo que respecta a la vinculación de bonificaciones fiscales solo a las empresas que cumplan determinados requisitos, como la creación de empleo estable o que se instalen en las bolsas de suelo industrial vacante que todavía existen en el término municipal. Todo con el objetivo de recabar votos a favor o, al menos, las abstenciones necesarias para inclinar la balanza hacia el sí. A los populares les basta consumar más votos favorables que en contra. Y los números saldrían con el respaldo o la abstención de dos de los cuatro grupos de la oposición, fuesen cuales fuesen sus siglas. Todas las combinaciones posibles entre dos fuerzas lo garantizan al bloquear una mayoría alternativa que pudiese votar en contra: Guanyar y Compromís (8); Guanyar y Ciudadanos (10); PSOE y Guanyar (11); o PSOE y Compromís (8).
En lo que no parece existir demasiado margen para la negociación es en la aplicación de criterios de renta a la hora de impulsar rebajas en el tipo impositivo del IBI: justo el motivo de crítica compartido por toda la oposición en bloque. Al respecto, el edil de Hacienda, Carlos Castillo, insistió, este martes -al dar cuenta de la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales aprobada en Junta de Gobierno- en que ese supuesto queda restringido legalmente sólo al caso de las familias numerosas. Con todo, precisó que, tras las últimas modificaciones estatales, en ese concepto también tienen cabida, por ejemplo, las familias monoparentales, y que en la propia ordenanza del impuesto ya se incluye una graduación de bonificaciones. Así, auguró que "existe cierto margen para incorporar propuestas razonables que se nos trasladen a través de enmiendas".
Por el momento, el contenido de la propuesta de modificación se mantiene en los términos dados a conocer a principios de agosto. El PP plantea la reforma de los cuatro impuestos locales básicos: IBI, IAE, IVTM e ICIO. Sobre el IBI, se aplica una rebaja lineal del 5%, además de bonificaciones del 30% por el uso de energía solar (con un máximo de 300 euros). Sobre el IAE, se recogen exenciones de hasta el 95% para empresas que el pleno pueda considerar de especial interés público, tanto aquellas que decidan instalarse por primera vez en Alicante, como las que ya estén asentadas en la ciudad. También se incluyen bonificaciones de entre el 30 y el 50% durante tres años para empresas que alcancen unos objetivos concretos de contratación. Sobre el ICIO, se establecen reducciones de hasta el 95% para edificaciones que el pleno considere de especial interés; de hasta el 75% para empresas de nueva instalación; y de hasta el 25% para las promociones de VPO o aquellas que introduzcan el uso de energía solar. Y sobre el IVTM, se pretende aplicar bonificaciones de hasta el 75% para vehículos en función de su clasificación por eficiencia energética.
Castilló sí insistió en defender la oportunidad de promover la rebaja fiscal, frente a las reticencias apuntadas por PSOE, Guanyar y Compromís (quienes han considerado que la presión fiscal que existe en Alicante es baja respecto a las de otras ciudades del entorno). Lo hizo tras poner de manifiesto que de lo que se trata es de compensar el esfuerzo que la ciudadanía ha tenido que soportar "en estos años de crisis, con una ciudad sometida a un plan de ajuste, en los que tampoco se ha podido llevar a cabo inversiones". Así, recalcó que, tras la cancelación anticipada del plan de ajuste, el nivel de deuda del Ayuntamiento quedará reducido a 17,1 millones a cierre de este año (en diciembre de 2017, esa cifra era de 76,4 millones) y que tras el uso del remanente de tesorería (dinero presupuestado no gastado por el anterior equipo de Gobierno) todavía existe un margen de 6 millones para acometer obras municipales, como adelantó este diario.
Además, recalcó que, en la elaboración del presupuesto de 2019 "en el que ya estamos trabajando", se podrá incluir otra serie de inversiones sin las restricciones que imponía el plan de ajuste. Es más, insistió en que incluso tras la rebaja fiscal propuesta, el Ayuntamiento seguirá recaudando por encima de las necesidades de gasto: "En 2016 se preveía ingresar 84 millones y se recaudaron 90; y en 2017, se calculó la entrada de 85 millones y llegaron 88". De ahí que lanzase una llamada a toda la oposición para que se sumase al debate sobre "una propuesta que consideramos responsable" y que tratase de mejorarla "con la presentación de enmiendas".
En esta línea, el grupo municipal socialista (que rechazó participar en el encuentro previsto con Castillo, el pasado jueves), instó al PP este martes a realizar "un estudio completo que pueda determinar la idoneidad de rebajar el IBI a aquellos inmuebles que se destinen a alquiler de larga estancia". "El precio de los alquileres en los últimos años ha aumentado de forma considerable como consecuencia, entre otros factores, del creciente número de inmuebles que se destinan a alquiler turístico. Bonificar el IBI sería un incentivo, que evidentemente debería complementarse con más medidas, para conseguir aumentarla oferta de inmuebles de larga estancia y favorecer las posibilidades de acceso a la vivienda principalmente de los más jóvenes", según apuntó su portavoz municipal, Eva Montesinos, a través de un comunicado.
"Somos perfectamente conscientes de que una medida de este tipo no se puede aprobar deforma precipitada. Es necesario estudiar que tipo de reducciones se pueden aplicar y cuál sería el impacto económico en las arcas municipales, pero, sobre todo, es el momento de decidir si queremos aprobar medidas puramente electoralistas, sin ningún criterio, o si queremos trabajar por una ciudad mejor", ha insistido Montesinos.
En esta línea, los socialistas aseguraron comprender "el interés electoralista de Barcala", pero reiteraron que "la bajada del IBI de forma lineal termina, como siempre sucede con las políticas del PP, beneficiando a aquellos que más tienen, ya que serán los propietarios de los pisos de mayor valor los que más vean reducido el importe de su recibo, mientras que una familia media no llegará a los diez euros anuales de rebaja".
"Alicante, precisamente como consecuencia de las nefastas políticas del PP, ha estado sometida a un plan de ajuste que no ha permitido pensar con una mentalidad de futuro, porque el problema real, al menos en los últimos tres años, ha sido intentar garantizar todos los servicios y las inversiones con las arcas vacías, pero ahora sí debemos mirar al futuro y debemos meditar cualquier decisión que se tome porque no podemos seguir lastrando el futuro de esta ciudad", advirtió Montesinos.
