Los ediles de Guanyar, Julia Angulo y Miguel Ángel Pavón, junto al concejal de Hacienda, Carlos Castillo, en una imagen de archivo.ALICANTE. La ronda de contactos iniciada por el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante para negociar apoyos a su propuesta de rebaja fiscal se cierra con resultado incierto. Guanyar, el último grupo político de la oposición en sentarse a la mesa, también trasladó este lunes al concejal de Hacienda, Carlos Castillo, que no comparte el planteamiento de acordar una rebaja de impuestos con carácter general en la que no se tenga en cuenta criterios de renta. Es decir, que -en la medida que la legislación lo permite- la reforma debería introducir ventajas o bonificaciones a las familias con mayores dificultades económicas, no a toda la ciudadanía de manera lineal.
En realidad, el mensaje es el mismo que PSOE, Ciudadanos (Cs) y Compromís ya han trasladado a los populares a lo largo de la última semana. Con la suma de Guanyar, los cuatro grupos opositores coinciden en que la presión fiscal que existe en Alicante es muy baja respecto a las que se da en otras poblaciones próximas y que no existen motivos que justifiquen la necesidad de aplicar una bajada generalizada. Menos todavía si se tiene en cuenta que tendría un escaso impacto sobre los recibos a título individual (el PP propone una reducción del 5% en el IBI, lo que supone una media de 17 euros menos por vivienda), pero que sí supondría una merma significativa en los ingresos municipales con la pérdida de cerca de 4 millones de euros en ingresos para las arcas públicas, según sus propios cálculos (los de la oposición).
Así, al margen de las dudas que también han expresado los dos concejales no adscritos (Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte), todo parece apuntar que las cuatro formaciones no respaldarán la iniciativa del PP con un voto a favor. Como mínimo, si la mantiene en sus términos actuales, sin introducir ningún cambio. Como máximo, alguno de esos cuatro grupos podría meditar su abstención. Así que, por el momento, el gabinete que coordina el popular Luis Barcala no tiene garantizado que el acuerdo pueda salir adelante en pleno. Como viene informando Alicante Plaza, el PP (con 8 concejales en una corporación de 29 ediles) necesita más votos a favor que en contra para poder aprobar dicha reforma. Sin embargo, la incertidumbre sobre el voto de la oposición no parece que vaya a alterar su calendario de tramitación, de modo que la propuesta de revisión de las ordenanzas podría acordarse este mismo martes en Junta de Gobierno. Ese paso permitiría que la oposición presentase enmiendas para su debate en una comisión de Hacienda (en las que ya están trabajando con propuestas propias) que podría celebrarse el 1 de octubre con la intención de trasladar la votación a un pleno extraordinario siete días después.
La plataforma electoral que lidera EU reclama que ese estudie penalizar el IBI de las viviendas vacías y que se amplíen las bonificaciones por el uso de energías renovables
En cualquier caso, lo cierto es que, durante su encuentro con los representantes de Guanyar, el edil de Hacienda dejó abierta la posibilidad de incorporar algunas de sus iniciativas. Entre ellas, la plataforma electoral que lidera EU planteó un aumento de las bonificaciones del IBI para familias numerosas (el único supuesto que contempla la Ley) en el que se tuviese en cuenta ese criterio de renta: que se aplique el porcentaje máximo de reducción a las familias con rentas más bajas.
El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, también insistió en la conveniencia de ampliar las bonificaciones fiscales relacionadas con las energías renovables y la protección del patrimonio. Así, planteó una mayor reducción del tipo del IBI y del ICIO para viviendas que se abastezcan de energía solar; mayor descenso en el IVTM para vehículos eléctricos (y que se extienda el plazo de su duración) o la incorporación de mayores ventajas en el ICIO para intervenciones en edificios protegidos.
Guanyar defiende, también, un aumento del IAE para empresas que facturen más de un millón de euros, "ya que es un impuesto que lleva congelado desde el año 2012", y considera adecuado que se bonifique la implantación de nuevas empresas tanto en el IBI, como en el IAE o en el ICIO siempre que se cumplan una serie de consideraciones: que su instalación se concrete en suelo industrial vacante (todavía existen 900.000 metros cuadrados disponibles) o que se aplique a aquellas empresas que generen empleo estable y contraten a desempleados o personas en situación de vulnerabilidad social.
Por último, por lo que respecta al IBI, Guanyar también reivindica que se estudie aplicar un recargo a las viviendas vacías (una posibilidad, al parecer, pendiente de desarrollo reglamentario en el conjunto del Estado) o que se extienda el cobro del impuesto a los bienes de la Iglesia católica o de cualquier otra confesión religiosa.
