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comisión de investigación sobre el posible fraccionamiento

Los asesores de Echávarri insisten en el error en los contratos de Comercio y encienden el ventilador

2/09/2017 - 

ALICANTE. La segunda sesión de la comisión de investigación constituida a iniciativa de Ciudadanos (Cs) para esclarecer si pudo existir un fraccionamiento de contratos en el llamado Caso Comercio celebrada este viernes sirvió para que se produjesen varias confirmaciones. La primera reseñable es la que trascendió al cierre de la sesión. Cs también acudirá a los juzgados para dar traslado de las irregularidades que, en opinión de su portavoz municipal, Yaneth Giraldo, se habrían constatado y reafirmado a partir de las dos últimas comparecencias: la del asesor de Comercio, Pedro de Gea, y la del jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez. Lo que no aclaró Giraldo es si Cs se sumaría a la denuncia presentada por el PP (primero en Fiscalía y, después, directamente en el juzgado, ya turnada a instrucción 9) o si ejercería sus propias acciones legales con otra denuncia distinta. 

Confirmación fue, precisamente, el resumen que también ofreció su homólogo popular, Luis Barcala, quien sostuvo que las respuestas de los dos cargos de confianza que respondieron ante la comisión habían reafirmado "punto por punto" las anomalías que su partido había puesto de manifiesto al acudir a los juzgados, con una acusación directa contra el alcalde, Gabriel Echávarri, como concejal a cargo del área de Comercio. En su denuncia, los populares le consideran responsable de un posible delito de prevaricación administrativa.

Y confirmación fue también la estrategia por la que optaron los dos comparecientes, De Gea y Díaz, al insistir una y otra vez mediante sus respuestas en la versión que el equipo de Gobierno (o al menos el PSOE, como responsable de Comercio) viene manteniendo desde que la Junta de Gobierno anuló los expedientes de pago de los 25 contratos formalizados el pasado diciembre, después de que el jefe de servicio, Diego Agulló (ahora desvinculado de Comercio) y el interventor municipal expresasen sus dudas sobre la existencia de un posible fraccionamiento de contratos. En esta línea, De Gea y Díaz recalcaron que no se troceó ningún encargo, que los técnicos no apreciaron ninguna irregularidad y que en todo caso sólo podría haberse cometido un posible error administrativo, nunca un delito que pudiese imputársele a nadie. Todo, además, aliñado con un recordatorio bien documentado sobre lo que, según recalcó Díez, ha sido una práctica habitual en el ayuntamiento durante los años de gobierno del PP. Lo cierto es que, tras recalcar la legalidad de todos las decisiones bajo sospecha, el también portavoz de la agrupación local del PSOE puso el retrovisor y no tuvo reparos en airear otros contratos similares formalizados en esa época.

Por partes. El primero en contestar ante la comisión, respaldado por una amplia representación de los comerciantes de la ciudad que siguieron su comparecencia entre el público, fue De Gea. El asesor delegado de Comercio defendió que él asume la dirección de la concejalía en el día a día y que entre sus competencias figura la de testar las necesidades del sector, marcar las directrices, plantear iniciativas consensuadas con las asociaciones y encargar los trabajos que resultasen necesarios previo visto bueno del concejal del área -en ese momento, el propio alcalde, Gabriel Echávarri- sin llegar a formalizar las contrataciones al no tener capacidad de firma para hacerlo. 

De Gea recalcó insistentemente que a su juicio no se había producido ningún fraccionamiento de contratos, puesto que las facturas bajo sospecha -tramitadas como contratos menores, por un importe inferior a 18.000 euros- corresponden a campañas independientes que se podían haber contratado en distintos momentos a lo largo del año, aunque algunas de ellas -como las de promoción comercial- compartiesen un mismo claim o eslogan (Alicante está de moda). En esta línea, explicó que se contrataron en ese periodo (entre noviembre y diciembre) porque fue cuando se dispuso de una partida de en torno a 200.000 euros de la que nunca antes había dispuesto la Concejalía de Comercio y que, con ese presupuesto, se impulsaron las prioridades que se habían consensuado con el sector, siendo conscientes de que el dinero no gastado se tendría que destinar a cubrir deuda municipal.  

Según De Gea, para esas campañas publicitarias, como en el resto de contratos en duda, se buscó a especialistas en marketing de labor reconocida y medios de comunicación que permitiesen lograr el objetivo de que Alicante recuperase la capitalidad comercial, siempre siguiendo criterios profesionales. Eso sí, recalcó que en ningún caso se superó el importe de los 18.000 euros que la Ley prevé para los contratos menores (directos, sin necesidad de abrir el proceso a cualquier empresa interesada), lo que, a la postre, fue utilizado por los grupos de la oposición para sostener que las contrataciones se formalizaron conscientemente para eludir ese límite que impone la convocatoria de un concurso público.

El asesor de Comercio insistió también en que los otros dos bloques de encargos correspondían a la organización de la Gala de Comercio (contratada con Publiasa), en la que se actuó como se había hecho siempre bajo la supervisión de los técnicos de Comercio, y a la mejora de las infraestructuras de los mercados municipales, en las que también se siguió criterios profesionales. Dijo que él mismo negoció algunos de los precios para conseguir rebajas y que se maximizase el impacto de las campañas, pero manifestó que no tenía presupuestos por escrito, ya que los acuerdos se negociaron verbalmente.

Sobre el caso concreto de un contrato que sí superó por un euro el límite de los contratos menores (fue de 18.000 euros sin IVA, y no de 17.999, el tope legal), dijo que los responsables del medio de comunicación contratado (Información) le habían explicado que debió producirse un error por "redondeo del ordenador", pero que había quedado claro, en la reunión en la que se negoció una importante rebaja de las tarifas, que el importe debía ser inferior a 18.000 euros. En todo caso, agradeció el esfuerzo de esa rebaja "porque el precio fue muy inferior al de mercado" (según concretó después Díez, fue un 78% por debajo del precio de tarifa) y defendió el resultado de la campaña por el impacto logrado.

Al término de la sesión, defendió la labor desarrollada en beneficio de un colectivo que da trabajo a 20.000 personas en Alicante (y que aporta más de 10 millones en concepto de ingresos por IBI a la ciudad, según concretó ante la comisión), sostuvo que volvería a hacer lo mismo y apuntó que si alguien con legitimidad para hacerlo concluye que se pudo haber producido algún error administrativo, él pondría su cargo a disposición del alcalde y, llegado el caso, renunciaría.

Después fue el turno del jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez. En sus respuestas abundó en parte de las manifestaciones de De Gea y las amplió al sostener que lo que se había hecho con esos 25 contratos menores en discusión, por un importe global de 189.000 euros, era prácticamente lo mismo que se venía haciendo en los 20 años de mandato del PP con otros contratos de publicidad en medios de comunicación o con la organización de galas de los premios Festers d'Alacant o la Gala del Deporte, sin que ningún técnico municipal hubiese advertido que no pudiese hacerse. Llegó a detallar que algunas de esas contrataciones supusieron gastos globales por importes todavía mayores y destacó el caso de hasta 12 facturas por una suma global de 132.000 euros pagadas a un mismo proveedor en concepto de comidas y cenas servidas en el Racó municipal de Fogueres, en el año 2009. 

En esta línea, insistió en que ningún técnico ni nadie sostuvo entonces que se hubiese producido un fraccionamiento y que al menos nadie ha señalado que haya existido ahora, en este caso, "porque no lo ha habido; el interventor sólo expresó que albergaba dudas en su informe porque si hubiese habido fraccionamiento, hubiera acudido directamente al juzgado y hoy no estaríamos aquí en esta comisión", dijo. 

La portavoz de Cs le recordó que en la sesión precedente de la comisión (en parte, celebrada a puerta cerrada, sin presencia de público por petición de algunos de los comparecientes) el interventor había respondido que, en su opinión, pensaba que se había cometido un fraccionamiento al 99%. Pero Díez le rebatió. "No dijo exactamente eso", enfatizó. "Yo, como creo que todos, confío en el criterio de los funcionarios que han superado unas oposiciones; cuando llegué y asumí el puesto de jefe de gabinete de Alcaldía, pregunté qué podía hacer y me explicaron que no había ningún problema, por ejemplo, en que contratase publicidad", explicó. De hecho, confirmó que así lo había hecho en algunos de los 25 polémicos contratos, como lo hicieron en el pasado sus antecesores en el cargo con el PP o incluso jefes y asesores del gabinete de prensa. También manifestó que había hecho uso de la firma digital del alcalde "por autorización expresa suya", aunque ese permiso no constase en ningún decreto de delegación. 

Además, recalcó que los contratos sí fueron supervisados por los técnicos municipales, pese a que el jefe de servicio Diego Agulló, sostuvo que él no había tenido conocimiento de 23 de los 25 contratos en la anterior sesión de la comisión. En esta línea, recordó que en Comercio existen otros técnicos y que cae por su propio peso que, para que se pueda firmar el documento de autorización de pago, todas las facturas y los contratos han pasado por manos de los técnicos, que son quienes los incorporan al programa de firma. También insistió en que se negoció y se concertó campañas de publicidad con varios medios de comunicación de manera directa, sin concurso, "porque en muchos casos se busca un target, un público objetivo que sólo puede aportar un medio concreto" y reprochó a Giraldo que pudiese llegar a insinuar que algunos de los contratos se concertasen con empresas que pudiesen haber participado en la campaña electoral del PSOE. "Aquí no se ha favorecido a nadie", insistió. Fuentes del PSOE consultadas al margen de la comisión descartaron que la empresa por la que llegó a preguntar Giraldo hubiese desarrollado la campaña electoral del partido.

Tras las respuestas de Díez, Giraldo llegó a plantear dos nuevas comparecencias en una próxima sesión: la del edil de Contratación, Natxo Bellido (Compromís), para que explicase por qué no se publicaron los contratos en el portal de transparencia, y la de la jefa de departamento de Comercio. El resto de grupos políticos no lo consideró necesario, después de que Bellido (miembro de la comisión), explicase que se publicaban las facturas que remitía cada concejalía y que Contratación sólo se encargaba de recordar su obligación legal. Tanto Díez como el presidente de la comisión, Carlos Giménez (PSOE), explicaron que las facturas se publican una vez pagadas y que no podían publicarse porque se había acordado anular su pago por el procedimiento normal para abonarse como reconocimiento extrajudicial de crédito hasta que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) emitiese su dictamen al respecto. En la comisión se concretó que el Ayuntamiento todavía no había remitido la última información requerida por el organismo consultivo de la Generalitat.

La comisión acordó, finalmente, que los grupos políticos presentarían su propia propuesta de conclusiones con el objetivo de ponerlas en común el próximo 19 de septiembre. Tanto el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, como Díez o Bellido, destacaron el esfuerzo por la transparencia que ha supuesto la comisión de investigación a diferencia de los años de gobierno del PP en la que se plantearon asuntos con supuestas responsabilidades penales "más graves que las que estamos analizando aquí" y cuando se dejaron facturas en el cajón por más de 40 millones. 

Ni Giraldo ni Barcala no compartieron esa conclusión al recordar que no se dieron las explicaciones oportunas en su momento, que se bloqueó la constitución de la comisión y que se quiso poner límites a que el desarrollo de sus sesiones fuese público. Giraldo añadió, además, que por mucho que De Gea y Díaz intentasen asumir la responsabilidad directa de los contratos (ambos dijeron que rendían cuentas a Echávarri pero sólo sobre los asuntos de relevancia, sin entrar en todos los detalles) había quedado claro que el alcalde era el auténtico responsable de cómo se habían tramitado al ser el concejal que asumía las competencias de Comercio.

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