ELCHE. Sorteado el primero y más reciente obstáculo de Nuevos Riegos El Progreso, es decir, el del nuevo apuntalamiento para poder abrir al tráfico, ahora sólo queda esperar —quejas, exigencias de indemnizaciones y recargos subsidiarios mediante— a que Conselleria de Cultura o el servicio territorial de Alicante se pronuncie con respecto a la importancia arquitectónica y patrimonial del inmueble y de la fachada de la Plaza de la Constitución, que lleva desprotegida desde el Plan General de 1998. En ese sentido, y en lo que respecta a Conselleria, no tiene intención alguna de acelerar el proceso para ir con pies seguros y que todo quede bien hecho y claro. Es obvio, temas técnicos apartes, que es un tema que está enquistando relaciones entre socialistas y Compromís. En cualquier caso, quien dirige esta cartera es Compromís, pero los técnicos y miembros que forman parte de todo el organigrama son de ambas formaciones.
Precisamente por cómo se han desarrollado los acontecimientos, para no erosionar más a ambas partes, desde Conselleria no se tiene intención de tomar decisiones precipitadas, sino de tomarse todo el tiempo necesario para dar una respuesta medida. Asimismo, también hay cierto malestar por la administración valenciana por la gestión del Ayuntamiento, ya que existe la impresión de que no se quiere mojar al no posicionarse claramente y que tenga que ser Conselleria quien se encargue de tomar las decisiones. Con todo, cabe resaltar que suceda lo que suceda con el futuro del inmueble, en el caso de que se proceda a construir, en esa zona habrá que realizar antes catas arqueológicas, puesto que puede haber vestigios de otras épocas. En ese sentido, los servicios territoriales tampoco han recibido ninguna solicitud de catas.
Asimismo y sobre esa falta de posicionamiento claro, con gobiernos anteriores, cuando hubo que gestionar el asunto del MAHE y la muralla que pasa por debajo, se sabía hacia dónde se iba, había un plan, ahora sobrevuela esa sensación de que el Consistorio no se sabe hacia dónde camina. Aunque eso sí, en los últimos tiempos ha tomado la iniciativa al modificar parte del Plan General para proteger el casco histórico y artístico, además de instar a Conselleria a que se pronuncie sobre la posible protección del edifico del Mercado Central. Un tema que no es baladí, y por eso los tiempos están siendo largos y hay sensación de indecisión en el ambiente, puesto que las posturas que se tomen ahora con el edificio de Riegos El Progreso, pueden sentar precedente con la gestión del Mercado Central.
Por otra parte, y en referencia a la suspensión cautelar in extremis, Conselleria no dijo nada respecto al edificio en la Mesa de Patrimonio de diciembre porque ese punto no estaba en el orden del día y se desconocían las características del inmueble, por lo que la Generalitat actuó cuando tuvo la información. Además, explican que la decisión de hacer el apuntalamiento ulterior por fuera es decisión de los propietarios, ya que sí se incidió en que se evitara cortar el tráfico.
En otro orden de acontecimientos, precisamente para ver si se puede desatascar el asunto del mercado, el edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez —quien anunció que abandonará la política tras la legislatura, entendible por el desgaste de su área—, ya ha requerido de forma oficial al servicio territorial de Alicante de la Conselleria de Cultura que se pronuncie sobre el valor arquitectónico y patrimonial del edificio del Mercado Central. De esta forma pretende evitar a su vez que se cancele in extremis de nuevo una hipotética futura demolición. Asimismo, también se apoyó en los informes de 2012 que hizo el arquitecto municipal Santiago Varela, instando a que se protegiera en el catálogo, puesto que era el edificio de más valor de su perímetro.
Unos argumentos de autoridad a los que ya apelaron colectivos en contra del proyecto. En cualquier caso, el Ayuntamiento ahora no puede proceder a la protección del edificio, ya que el proyecto del mercado está en marcha y supondría la posible cancelación del proyecto, lo que a su vez iría en contra de los intereses del Consistorio, ya que suscribió el acuerdo con la adjudicataria Aparcisa. También Varela señaló que no se debía haber aprobado el Proyecto de Reforma Interior (PRI) del Mercado Central —en lo que también se apoyó Sánchez—, "pero se hizo caso omiso por parte de la Dirección Territorial de Cultura", explicó el edil.
