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propietarios del inmueble

Los hermanos Pomares Mollá y Antón Boix, vinculados a la construcción y al Grupo Coves, los propietarios de Riegos El Progreso

16/01/2018 - 

ELCHE. Semana de infarto la que vive la ciudad en lo que a patrimonio se refiere. Eso sí, con el Mercado Central en un segundo plano. El edificio de Nuevos Riegos El Progreso, ha pasado prácticamente en una semana de estar al borde de su derribo, a su salvación, al menos cautelar, tras la paralización por parte de Conselleria. Una demolición cuyo trámite empezó a gestarse en 2011 y que no pudo empezar a ejecutarse hasta finales de 2017 con la subsanación de errores de los expedientes. Una solicitud hecha por los propietarios del inmueble, los hermanos Pomares Mollà y Antón Boix, propietarios, algunos de ellos, de empresas de la construcción como Saony SA y Construcciones Falin SA. La primera de ellas, Saony, forma parte de la matriz Coves Selva SL, grandes propietarios de bingos, centros comerciales y con implantación también en el ámbito inmobiliario.

Según ha podido saber Alicante Plaza, los propietarios de la sala de la venta de aguas —de unos 210 metros—, la parte que se derruirá de la finca de Nuevos Riegos El Progreso, junto a la fachada que da a la Plaza de la constitución, son los dos hermanos Antón Boix y los tres hermanos Pomares Mollà, que adquirieron la propiedad en 1997. Así mismo, los hermanos Antón Boix están vinculados al mundo de la construcción, al ser propietarios de Saony SA; dedicada al acabado de edificios y actividades de construcción especializada, y de Construcciones Falin; dedicada a la construcción, reparación y conservación de obras urbanas, edificios industriales, obras públicas o venta de edificaciones.

En ambas hubo movimientos en la administración durante los últimos años. En este sentido, la primera mercantil, Saony, formó parte de la matriz Coves Selva SL, es decir, el Grupo Coves, propietarios de una extensa cadena de recreativos y bingos, además de participación en empresas dedicadas al ámbito inmobiliario de la provincia y de tener una SICAV. Había representantes de este importante grupo empresarial como consejeros en la compañía ilicitana. Por parte de Construcciones Falin SA, enraizó después hacia Falin Urbana SL, con otros miembros de la familia.

Reuniones entre Consistorio y propietarios

En otro orden de acontecimientos, y en lo referente a lo referido estrictamente al inmueble, tras la resolución de la Conselleria que llegó el viernes al mediodía, ordenó a los propietarios que adoptaran las medidas de necesidad para evitar que colapsara el edificio y al Ayuntamiento que hiciera lo propio para con la seguridad de viandantes y tránsito de vehículos. El edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, incidió de nuevo en que la Conselleria llegó tarde y pidió a la Directora General de Cultura, Carmen Amoraga, que actuaran “con máxima celeridad y urgencia en la resolución que han de tomar”, y pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que se hayan podido encontrar con el tráfico.

Respecto a la actuación del Ayuntamiento, volvió a defender su actuación. El edil destacó que “la licencia (de demolición) se trata de un acto reglado, el otorgamiento de la decisión no es discrecional dependiendo de si al político de turno le gusta o no”, y recordó que si han cumplido con toda la legalidad y los trámites, el Consistorio tiene obligatoriamente que conceder la licencia. “A nadie se le puede imponer, si tiene derecho, una cuestión gravosa contra su voluntad”, aseveró.

También indicó que se reunieron con los propietarios para contemplar la opción de conservar la fachada antes de que llegara la orden —algo que negó uno de los propietarios durante la demolición a Alicante Plaza—. “No deja de ser voluntario que los propietarios pudieran incorporar la fachada en el proyecto constructivo”. En cualquier caso, indicó que ahora es el momento de esperar a Conselleria, aunque matizó con respecto a la posibilidad de proteger el inmueble y su fachada, que “todo es negociable, pero esa negociación vale dinero”. Advirtió que “cuando se habla de proteger una cosa que legalmente no está protegida y tiene un propietario, eso tiene un coste”, y planteó la reflexión de si la ciudad estaba dispuesta a pagar la cantidad que los propietarios pudieran pedir.

Críticas de la oposición y empresarios por la gestión

Por otra parte, el asunto ha generado no poca polémica desde la oposición. Desde el grupo municipal del Partido Popular criticaron “el caos que ha organizado el tripartito de nuevo en la ciudad. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en nuestro municipio y que a día de hoy tengamos una arteria principal de la ciudad cortada al tráfico desde hace días”. En el seno del partido hablan también de la “guerra abierta” que hay entre PSPV —quienes ostentan la concejalía de Urbanismo— y Compromís —al mando de la Conselleria de Cultura— como factor que ha hecho mella en el asunto.

Asimismo, además de la conformidad que mostraron colectivos en defensa del patrimonio como Àgora d’Elx y otros de ámbito provincial o autonómico con la decisión de la suspensión cautelar, desde la Asociación de Empresas de Servicios (AESEC) también se mostraron en contra de la demolición del inmueble. Debido al valor histórico por la venta de aguas y el sistema de riego que había detrás, solicitan a la administración local que realicen acciones y emprendan “todas las vías que posibiliten el mantenimiento del edificio, así como la negociación con la propiedad de la finca, para impedir la desaparición de este edificio con un elevado valor histórico y cultural para Elche”. Sin duda, otro caso que dará que hablar, como el del Mercado Central, aunque más intenso y corto en el tiempo.


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