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instan a que se declare bien de relevancia local

Salvem el Mercat pide a Conselleria que proteja el Mercado Central tras el precedente de El Progreso

23/01/2018 - 

ELCHE. El Mercado Central vuelve a la actualidad local. Máxime tras los días de idas y venidas que ha supuesto el caso de la demolición y ulterior paralización del edificio de Nuevos Riegos El Progreso. Con la suspensión cautelar de la Conselleria de Cultura, prácticamente in extremis y con el derribo bastante avanzado en algunas partes del inmueble, desde Salvem el Mercat han aprovechado la tesitura para que la administración se pronuncie en términos similares sobre el edificio del Mercado Central, ya que con cómo se ha desarrollado la situación de la fachada centenaria, pueden tener un precedente en el que escudarse. 

Fue el pasado viernes 19 de enero cuando la plataforma Salvem el Mercat requirió a la Generalitat Valenciana que declarase Bien de Relevancia Local (BRL), de acuerdo a los informes técnicos de la administración autonómica que instaban a ello en 2013. Aunque es algo que ya habían solicitado en 2015, ahora la diferencia es que tras la paralización cautelar de la demolición del inmueble de Nuevos Riegos El Progreso, el concejal de Urbanismo pidió a Conselleria que se pronunciara también cuanto antes sobre la necesidad de proteger o no el inmueble. Un hecho en el que se apoyan desde la plataforma para solicitar esta protección, además del propio requerimiento de Cultura al Ayuntamiento para que otorgara este carácter de protección a los Baños Árabes.

En este sentido, el colectivo pide a la Conselleria de Cultura que requiera al Ayuntamiento de Elche “manifestar su compromiso formal y por escrito de iniciar los trámites para incluir en su catálogo de Espacios y Bienes Protegidos al edificio del Mercado Central o, en caso contrario, los declare de oficio atendiendo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano”. Una propuesta que viene después de que a través de varios escritos emitidos y respondidos durante 2015, técnicos autonómicos y municipales especificaran que el edificio podría estar recogido dentro del Catálogo de Edificios Protegibles.

Recomendaciones antes y durante el contrato con Aparcisa

Entonces, aquél requerimiento fue enviado tanto a la Conselleria como al Ayuntamiento, del que el coordinador de Ordenación Urbana señalaba que para catalogar al edificio del mercado como BRL habría que hacer un estudio arqueológico de la zona para valorarlo, además de que se tendría que tener en cuenta “la responsabilidad que podría suponer la modificación del contrato suscrito entre el ayuntamiento y la empresa Aparcisa”. Más tarde, la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, respondía a la plataforma que los informes revelaban que el edificio debería contar con catalogación municipal, ergo que el Consistorio debería incluir el edificio en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos: la responsabilidad de declararlo BRL era competencia municipal.

Asimismo, en el escrito remitido a Conselleria, Salvem el Mercat hace referencia a recomendaciones en 2012 de inspectores de patrimonio de la administración valenciana sobre la importancia arquitectónica del edificio y la conveniencia de su inclusión en el catálogo urbanístico. Al no estar incluido en este, su conservación queda a voluntad de la propiedad, es decir, del Ayuntamiento. También, para reforzar su posición, apelan a los informes negativos municipales respecto a la propuesta de la concesionaria para el acceso al futurible aparcamiento subterráneo, o los agravantes que podría tener el Proyecto de Reforma Interior (PRI) del nuevo mercado en la salvaguarda del Misteri d’Elx según otro técnico de patrimonio.

Desde Salvem el Mercat temen que el edificio desaparezca definitivamente con la ejecución del nuevo proyecto; un proyecto, por otra parte, del que el actual equipo de gobierno ha aseverado en distintas ocasiones que no quiere, pero que hay unos trámites legales en marcha que no se pueden paralizar —por posible "prevaricación", señalan—, y que la ruptura del contrato firmado conllevaría unos costes de recompensación a la concesionaria por la no ejecución del proyecto. 


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