ALICANTE. Si alguien las echaba de menos, ya están aquí. Las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Alicante regresan el próximo jueves, 30 de septiembre, tras el tradicional parón vacacional (agosto es un mes en el que habitualmente no suelen celebrarse). Y, a buen seguro, el regreso no dejará indiferentes a los fans de la política municipal (si los hubiere). Así se puede anticipar, al menos, a partir de la ensalada de iniciativas registradas por los seis grupos que disponen de representación en la corporación: PP, PSOE, Ciudadanos, Unides Podem EU, Compromís y Vox. Al cierre del plazo establecido para presentarlas, el conjunto de fuerzas ha planteado nada menos que 25 propuestas con el fin de que puedan debatirse durante la sesión, bien como mociones (acuerdos que promueven la adopción de decisiones ejecutivas); como declaraciones institucionales (posicionamientos políticos sin eficacia real más allá de la de instar a otras administraciones a actuar, o la de expresar la posición del Ayuntamiento de Alicante ante determinado tema); como ruegos (peticiones al equipo de gobierno); como preguntas (cuestiones a resolver por los concejales con competencias) o como peticiones de comparecencia de alguno de los miembros de la corporación.
Con todo, quizá la cifra de propuestas -pese a que resulte más que abultada- no sea el dato más significativo del futuro desenlace de la sesión. Basta con detenerse en el contenido de algunas de esas iniciativas para concluir que el análisis trascendente está en lo cualitativo. Los propios partidos proponentes ya han dado a conocer algunas de ellas a lo largo de la última semana. Así, las dos fuerzas aliadas al frente de la gestión municipal (PP y Cs) han anticipado hasta ahora sendas declaraciones institucionales para pedir a la Generalitat que acelere la construcción de los centros de salud pendientes o para expresar el rechazo a la implantación de una hipotética tasa turística que ha vuelto a plantearse en el debate de la elaboración de los presupuestos autonómicos para 2022.
No obstante, los dos partidos también han registrado una propuesta por la que plantean la reprobación del conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), "por su mala gestión al frente de la conselleria y el constante incumplimiento de sus promesas", en un contexto en el que se han reproducido varios encontronazos entre el departamento autonómico y la Concejalía de Educación, con rectificaciones incluidas por parte del Ayuntamiento. La propuesta de PP y Cs llega, curiosamente, después de que el PSOE anunciase una propuesta de reprobación por los mismos conflictos frente a la edil de Educación, Julia Llopis (PP). Sin embargo, los socialistas han optado por plantear una petición de comparecencia del alcalde, Luis Barcala (PP), para que sea él quien dé cuenta de las últimas decisiones municipales que han desencadenado en esa escalada de enfrentamientos con la conselleria de Marzà, después de que el propio primer edil tuviese que enmendar a Llopis respecto a su anuncio de la renuncia a optar a las subvenciones de la Generalitat para organizar actividades extraescolares.
También en materia educativa, Unides Podem EU ha planteado la creación de una comisión para coordinar el desarrollo de las obras de retirada de fibrocemento en los tres centros escolares de la ciudad en las que todavía no se ha procedido a su eliminación: es decir, otro de los episodios de controversia entre la conselleria y el Ayuntamiento tras la disputa planteada a cuenta de la reubicación de sus conserjes.
Además, PP y Cs también han registrado otra declaración institucional para instar a la Generalitat a "establecer protocolos y regular de manera autonómica la lactancia y condiciones de forma de aceptación de leche materna en las escuelas infantiles públicas", después de la controversia suscitada por el rechazo inicial a que una madre pudiese llevar su leche a una de las guarderías infantiles municipales.
Los seis partidos con representación municipal han registrado hasta 25 iniciativas políticas para su debate durante la sesión: varias de ellas para instar a otras administraciones a adoptar acuerdos
Por lo demás, tanto PSOE como Unides Podem EU han planteado sendas iniciativas enfocadas en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI a colación de los últimos episodios de agresiones homófobas; Compromís ha propuesto la elaboración de un plan de prevención contra el suicidio; el PSOE ha solicitado otra comparecencia de Barcala para explicar la gestión del servicio de desinfección frente a la covid en los colegios; y Vox promueve una declaración institucional para reforzar la seguridad en el barrio de Virgen del Remedio.
Son solo parte de las 25 iniciativas que todavía deben pasar el último filtro: su análisis en Junta de Portavoces, el próximo lunes, para que puedan quedar incorporadas en el orden del día oficial de la sesión (previa consulta a la Secretaría General del Pleno sobre su procedencia y de la anuencia de Alcaldía). Por lo pronto, se antoja que el planteamiento de todas esas propuestas dará pie a que la sesión vuelva a extenderse más allá de las ocho horas de duración, sin que parte de los acuerdos debatidos llegue a tener consecuencias reales sobre la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Máxime si, además, se tiene en cuenta que el ayuntamiento se rige a través de la llamada Ley de Grandes Ciudades y que la mayoría de las decisiones municipales (salvo las que atañen a decisiones urbanísticas, a la adopción de medidas económicas, a la aprobación de ordenanzas o a determinados planes de actuación) se adoptan en la Junta de Gobierno: el órgano de decisión política conformado solo por los ediles del equipo de gobierno.
De ahí que los grupos políticos que ejercen funciones de oposición traten de cargar las sesiones con iniciativas que, de algún modo, permitan fiscalizar la gestión municipal, aunque no todas sus propuestas se ajusten siempre en esa dirección. El equipo de gobierno, por su parte, entra en ese mismo juego político y plantea otras iniciativas similares para requerir acuerdos a otras administraciones superiores -la Generalitat y el Gobierno central- controladas por partidos progresistas. Y aunque representantes de los seis partidos coinciden en que gran parte de los debates plenarios no conducen a nada, todos siguen sin emprender una reforma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) que permita mejorar la utilidad de las sesiones.
