ALICANTE. La propuesta de declaración institucional promovida por Vox frente a la Ley de Memoria Democrática en la que se expresa el rechazo a la retirada de la Cruz de los Caídos de Alicante, entre las avenidas de Doctor Gadea y Federico Soto, también prospera en el pleno del Ayuntamiento de Alicante con el respaldo del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).
La iniciativa, que se ha debatido en el pleno de este jueves después de otros asuntos relacionados con la Ley de Memoria Democrática, como la retirada del catafalco instalado en la antigua tumba de José Antonio Primo de Rivera, ha sido defendida por el portavoz de Vox, Mario Ortolá, quien ha sostenido que su partido está dispuesto a reivindicar la pervivencia del monumento en instancias judiciales, en el caso de que resulte necesario.
El edil de Cultura, Antonio Manresa, ha aludido a la existencia de un informe técnico municipal en el que se asegura que el monumento de la Cruz de los Caídos "está democratizado" desde el momento en el que se acompañó de una leyenda en la que se extendía su dedicatoria a todas las personas que murieron en defensa de sus ideales, bajo la etapa de gobierno del exalcalde socialista José Luis Lassaletta. Además, ha defendido su valor artístico al sostener que es obra del arquitecto Miguel López. Por último, ha sostenido que hasta el exalcalde socialista Gabriel Echávarri señaló durante el pasado mandato que el monumento no se iba a retirar.
El edil del PSOE, Manuel Marín, ha sostenido que, en todo caso, el Ayuntamiento de Alicante tendría que cumplir la ley y que, posiblemente, puede ser un juzgado el que acabe decidiendo si el monumento cumple o no la Ley de Memoria Democrática. Por el PP, el edil Manuel Villar, se ha limitado a señalar que, con sus argumentaciones, el eje progresista volvía a recurrir a las alusiones a Franco como herramienta de ataque político frente a la acción del bipartito, en una estrategia que ha considerado habitual, en la misma línea que las referencias a los servicios contratados con sociedades vinculadas al empresario Enrique Ortiz.
Por su parte, el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha recordado el enfrentamiento dialéctico previo, escenificado en el inicio de la sesión, al señalar que, durante la Junta de Portavoces de urgencia celebrada en uno de los recesos del pleno, se había acordado que en los debates plenarios se mantendría el respeto a los presupuestos democráticos básicos "y estamos ante una declaración institucional en cuyo texto entendemos que se vincula directamente a la consellera Rosa Pérez con la comisión de asesinatos". Así, ha lamentado que la iniciativa haya superado el trámite de urgencia al recabar los votos favorables de PP y Cs, que a la postre, también han secundado el fondo de la declaración.
Durante la sesión, las tres formaciones del centro-derecha han guardado sintonía en la práctica totalidad de las iniciativas registradas. Entre ellas, han sumado los votos que permiten rebasar la mayoría absoluta para aprobar, también, declaraciones institucionales sin relación directa con la ciudad como la que planteaba el rechazo a la reforma del delito de sedición y la que instaba al Gobierno a rectificar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí.
En el pleno también se ha aprobado una nueva declaración institucional frente a la instalación de depósitos de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto, como la que se registró en 2018, además de otras doce iniciativas políticas similares recogidas en el orden del día, relacionadas con asuntos como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género (con dos propuestas distintas: una promovida por el bipartito y otra por el eje progresista) o sobre la necesidad de intervenir en los barrios de Ciudad de Asís y San Antón. La iniciativa sobre Ciudad de Asís ha quedado rechazada por PP, Cs y Vox con el argumento de que ya se estaban ejecutando y planificando inversiones para mejorar las condiciones urbanísticas de las dos zonas residenciales. Y la propuesta sobre San Antón, promovida por Vox, solo ha sumado los votos de sus dos ediles.
Esos han sido los asuntos esenciales abordados en una sesión en la que se ha vuelto a imponer la bronca política, que se ha prolongado durante más de siete horas y en la que se ha sucedido la protesta de los trabajadores municipales para reivindicar el desarrollo del sistema de ascensos de la carrera profesional, así como el intercambio de carteles críticos con las decisiones del equipo de gobierno, por parte de PSOE, Unides Podem EU y Compromís, a los que han respondido los ediles del bipartito con dos carteles distintos relacionados con la reforma del delito de sedición y con la ley del solo sí es sí.