Una de las movilizaciones convocadas por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) frente al desarrollo de la planta de combustibles. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce la concesión de licencia de obra a la empresa XC Business 90 para desarrollar una planta de almacenaje de combustible con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto también ha motivado la reacción de vecinos, entidades sociales y colectivos conservacionistas agrupados en torno a la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS). Sus portavoces han valorado, en primer término, la capacidad de decisión que disponen el conjunto de las administraciones respecto a la viabilidad del proyecto para subrayar la responsabilidad que recae sobre la Autoridad Portuaria.
"Esta plataforma considera que las actuaciones tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat son de un nivel secundario porque la administración realmente competente, la administración que concesiona en dominio público marítimo terrestre, es la Autoridad Portuaria que depende del ministerio del señor Óscar Puente", apunta el colectivo, a través de un comunicado.
En este sentido, la plataforma considera que "el debate de la licencia y el proceso judicial está ocultando la principal de las actuaciones que se tendrían que dar para evitar este irracional proyecto, que sería la revocación o rescate de la concesión otorgada por gravísimas irregularidades" enumeradas en el escrito registrado ante la Autoridad Portuaria por el que, precisamente, se solicita que se inicie un expediente de oficio para anular el acuerdo de modificación de la concesión de la que dispone TMS como concesionaria de la terminal de mercancías, aprobado en 2019.
"Efectivamente, cuando la Autoridad Portuaria, en el año 2019, aprueba esa modificación sustancial de la concesión para adaptarla a este proyecto" adopta ese acuerdo "sin el previo y obligatorio trámite de declaración de impacto ambiental, en un clarísimo acto de fraude de ley", según considera el colectivo, que incide en que esa decisión "atenta contra el texto refundido de la ley de Puertos del Estado la ley Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y de diferentes directivas europeas".
Al tiempo, la PPS vuelve a incidir en la supuesta falta de solvencia que atribuye al proyecto y a la empresa promotora para poder acometerlo. "Después se ha comprobado, ya que controlamos toda la documentación de la concesión al estar personados, que en aquel momento y en el actual la empresa XC Business carece de la solvencia económica exigible para que se le pueda otorgar una concesión de ese calibre". "Además, no está inscrita en el registro de actividades petrolíferas, elemento fundamental e imprescindible para que lo puedan podido concesionar de acuerdo a la legalidad", añade la nota pública.
Al margen de ello, el colectivo incide en que "otro elemento impactante y contundente de las irregularidades clarísimas de esa concesión sería, y así consta en la documentación, que el proyecto constaba en aquel momento de dos fases hasta 700.000 toneladas, por lo que el auténtico instrumento de intervención y control medioambiental tendría que haber sido la autorización ambiental integrada y lo que hace la empresa, con la complicidad de la Autoridad Portuaria, es una habitual y delictiva práctica en estas circunstancias: el fraccionamiento descarado del contrato para esquivar obligaciones normativas y autorizaciones ambientales".
"Por tanto, toda esta polémica de la licencia ambiental la valoramos estéril porque sólo autoriza 100.000 toneladas y seis depósitos sabiendo que el proyecto es mucho más amplio", añade la asociación. "Conclusión: la licencia ambiental carece de todo sentido validez y es simplemente una trampa para manipular y engañar a la opinión pública", considera la PPS. "Además esa modificación de la concesión que otorgó la Autoridad Portuaria también ignora e incumple algo que consideramos aplicable y vinculante como el convenio del año 1995", según recalca el colectivo, en alusión al acuerdo por el que se concertó el traslado de las antiguas instalaciones de Campsa situadas en el recinto portuario.
"Por tanto", añade el colectivo, "la solicitud de esta Plataforma de la nulidad de la concesión para su rescate o revocación o cualquier fórmula aplicable es algo absolutamente razonable, dadas las gravísimas irregularidades que se cometieron en el momento de la concesión". "Esto unido a la manifestado en prensa por el actual por presidente de la Autoridad Portuaria en el que expresó que esta instalación no va en la línea del modelo de Puerto que él desea, es motivo suficiente para que se atienda a lo registrado por nuestra parte, solicitando y exigiendo esa revisión para revocación rescate o nulidad de la concesión otorgada en el año 2019", recalca. Esa sería, según la plataforma, "la verdadera solución del problema; la licencia ambiental del Ayuntamiento es una mera estrategia dilatoria disuasoria y manipulativa para confundir a la opinión pública y hacer creer que la ejecución del proyecto será inevitable", abunda la nota pública.
En todo caso, el colectivo señala que "esta plataforma no va a entender ni aceptar que un tribunal se otorgue el poder ejecutivo de otorgar una licencia sin que por ejemplo entre otras importantísimas cuestiones Alicante quede desprotegida sin un plan de seguridad exterior donde se evalúen los riesgos y se establezcan los mecanismos y estrategias para la prevención y actuación en caso de graves accidentes ante la peligrosidad del proyecto y sobre todo la ubicación en el centro de una ciudad turística que, de construirse esta planta, va a ver como su futuro en el orden turístico cambiará radicalmente", considera la PPS.
Al respecto, añade que "la participación que se realizará en el debate de una declaración institucional" en el transcurso del pleno ordinario de abril, este jueves, "por parte de representantes de esta plataforma" permitirá solicitar "al señor alcalde que defienda el modelo de ciudad y los intereses generales de la ciudad de Alicante, que pasan inevitablemente por los dos valores ambientales del litoral, las playas y espacios naturales protegidos, e inste al señor Óscar Puente a que tome medidas drásticas y posibilite la revocación de esa concesión, además de recurrir en casación una sentencia que no se mantiene y que va a ser fácilmente anulable desde el Tribunal Supremo". "La plataforma por nuestra parte ya anuncia medidas judiciales en el momento que se pudiera considerar que la licencia ambiental otorgada de esta forma arbitraria y sin sostén jurídico se pueda considerar aplicable", concluye el comunicado.
