Las terrazas de la hostelería en la calle Castaños de Alicante, en imagen de archivo.ALICANTE. La Asociación de Vecinos del Centro Tradicional de Alicante insta al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), a cumplir el fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, que estima el contencioso por vulneración de derechos fundamentales interpuesto por dos residentes a título particular, y conmina a la administración local a implantar medidas contra el ruido mediante la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en la calle Castaños.
En esta línea, el colectivo considera, a través de un comunicado, que "el fallo es muy claro y no necesita aclaración", a pesar de que los servicios jurídicos municipales la solicitasen, al incidir en que, en el punto tercero de la resolución judicial, se reconoce "como situación jurídica individualizada a favor de los coactores, la obligación del Ayuntamiento de Alicante para que se adopten todos los elementos precisos conducentes a la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de la Calle Castaños de Alicante, procediendo a adoptar todas aquellas limitaciones y medidas que resulten pertinentes y que conduzcan a la recuperación de los niveles sonoros previstos por la normativa vigente en materia de ruido, tanto para el ambiente exterior como para el interior de la vivienda de los coactores, en un plazo de dos meses a partir de la firmeza de la presente resolución judicial".
Así, la asociación recalca que la normativa sobre contaminación acústica establece "lo que se tiene que hacer y, por lo tanto, hay que empezar a cumplirla y hacerla cumplir ya", para lo que, según insiste que la misma sentencia concede un plazo de dos meses. "La Asociación y los vecinos que vemos vulnerados nuestros derechos fundamentales no vamos a parar hasta que se cumpla con la ley, no escatimaremos esfuerzos, exigiremos el cumplimiento de las leyes y ordenanzas y acudiremos a buscar el amparo en la vía penal de la que hacemos expresa reserva", añade el comunicado.
"Lo que les pedimos a los políticos de nuestra ciudad, es que dejen de lanzar tantas mentiras y engaños a los ciudadanos, y que apliquen la Ley y las Ordenanzas Municipales que en su día se aprobaron y para eso están, y que, hasta la fecha, no se quiere o no interesa aplicarlas, motivo que conlleva el conflicto actual generado en la ciudad, entre locales de ocio y vecinos", abunda la asociación.
En este sentido, la agrupación de residentes señala que "tras la resolución judicial que establecía que las Asociaciones de Vecinos no podían reclamar derechos fundamentales, se interpuso el recurso como vecinos" a título particular "centrándonos en la calle Castaños al ser el epicentro y foco de todo lo que ha sucedido y está sucediendo en relación a las molestias y ruidos, desproporcionados e injustos que padecemos los residentes en el Centro, con el consentimiento del Ayuntamiento que sigue sin aplicar la ley y la Ordenanza Municipal del Ruido". Y añade que "son constantes las llamadas y peticiones de asesoramiento que recibimos semanalmente de vecinos y de comunidades de vecinos del Centro Tradicional que nos refieren sus quejas y denuncias continuas y constantes a Policía y Ayuntamiento y de las que no obtienen respuesta, lo mismo que dice el juez en su auto aclaratorio de la sentencia", explica la asociación.
"Resulta sorprendente que quien es el responsable político declare que 'no queremos crear alarma en la hostelería ni expectativas en los vecinos centro'; pues bien frente a estas manifestaciones tan increíbles como gratuitas queremos decirle al señor concejal, que además es abogado ejerciente, que si no estuviera la sentencia, los vecinos no nos generaríamos ninguna expectativa con él, y muchos menos con su alcalde, y no nos cabe la menor duda de que ellos sólo trabajan para lo que ellos llaman 'hostelería', y nosotros ocio descontrolado, que ha convertido el Centro Tradicional en una verbena permanente, y ha dejado una zona acústicamente saturada desde hace 11 años tal y como corroboran dos periciales judiciales y una particular", consideran.
Por lo pronto, como viene informando este diario, el equipo de gobierno baraja todavía la posibilidad de interponer su propio recurso de apelación frente a la sentencia, al margen de ya anunciado por la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa). Con todo, ese hipotético recurso no impedirá que se apliquen medidas para reducir los niveles acústicos tanto en Castaños como en el resto de calles del Centro Tradicional, según han venido defendiendo tanto el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, como el alcalde, Luis Barcala, al valorar el alcance de la sentencia.
De hecho, así lo ha vuelto a reiterar este jueves el mismo primer edil, en una comparecencia pública con motivo de la entrega del Primer Premio de Periodismo Turístico, al insistir en que todavía se sigue valorando la posibilidad de que pueda interponerse el recurso de apelación ante el TSJ mientras se planifica las medidas de control del ruido que se pretende implantar de forma ineludible, haya o no recurso. "Se había pedido una aclaración, el juzgado ha contestado que no tiene nada que aclarar, y los servicios jurídicos están evaluando si se recurre o no la sentencia, pero con independencia de eso, vamos a ordenar todo ese eje para conciliar los intereses que han puesto de manifiesto los vecinos, con el ocio, que también tiene su papel en esa zona", ha explicado.
"La ordenación implicará cambios que adecúen la sonoridad y los niveles de sonido a las necesidades de descanso de los vecinos", ha dicho, aunque sin llegar a concretar, una vez más, qué tipo de medidas se pretende instaurar. Es más, ha insistido en que ni la sentencia ni la ley detallan qué medidas específicas se deben adoptar en una ZAS. "No hay una lista ni las establece la ley, las deben evaluar los técnicos con el fin de respetar los niveles de sonoridad", ha recalcado. En todo caso, ha recalcado que también se está trabajando para promover la aprobación definitiva de la ordenanza del ruido, pendiente de resolución de alegaciones, y en la ordenanza de ocupación de vía pública, sobre las que ha dicho que se estaría analizando si resulta necesario, también, introducir alguna modificación adicional a partir de la sentencia.
