ALICANTE. El estudio encargado por el Ayuntamiento de Alicante a la cátedra de turismo 'Ciudad de Alicante' concertada con la Universidad de Alicante (UA) para evaluar la situación de los pisos turísticos con el propósito de orientar la posible toma de decisiones sobre su control y regulación concluye que, en realidad, no existiría un problema de saturación, más allá de la concentración detectada en determinados barrios como el Casco Antiguo, Playa de San Juan o el barrio de Carolinas Bajas. Es más, al margen de esa primera conclusión inicial, que ya se habría anticipado el pasado octubre, y que comulgaría con el análisis recogido en un segundo informe encargado por la Concejalía de Urbanismo a la consultora especializada EOSA, viene a señalar que Alicante cuenta todavía con margen de crecimiento, al no haber rebasado su capacidad de carga turística. Es decir, su posibilidad de recibir turistas y de procurarles la prestación de servicios de forma adecuada, sin generar contestación social que pudiese generar turismofobia.
De hecho, el informe apunta que lo conveniente sería ampliar la oferta reglada de plazas de alojamiento para dar cobertura al flujo de visitantes real que recala en la ciudad, que no tendrían alternativa en la que hospedarse, de no ser que recurriesen a viviendas particulares de familiares o, en su caso, a pisos turísticos no registrados, que escapan al control de la administración. El informe llega a cuantificar la necesidad de esas plazas en dígitos concretos: hasta 20.258. Un número que podría traducirse en la necesidad de que se contase con 4.000 nuevas viviendas turísticas legales, hoteles o cualquier otra modalidad de alojamiento reglado.
Así lo subraya el estudio en su apartado de conclusiones, al señalar que Alicante "necesita adaptar a esa demanda potencial su capacidad de carga turística, para lo que son necesarios alojamientos que cubran la demanda potencial hasta 41.042 personas". Según el estudio, en la actualidad se dispondría de "20.784 plazas de alquileres turísticos legales", con lo que quedaría por cubrir "al menos, 20.258 plazas, lo que supone en torno a 4.000 nuevas viviendas turísticas legales u hoteles, hostales, etc".
Al respecto, el informe añade que "muchas de estas plazas se cubren ya con viviendas de alquiler turístico ilegales, que son las que habría que eliminar, con margen por tanto para nuevas viviendas turísticas regulares". En este sentido, también aboga por la misma recomendación que también se apuntaba en el estudio encomendado a EOSA: la aplicación de una moratoria en la concesión de nuevos permisos para ordenar el sector, que es la que se acabó aprobando con el respaldo de los grupos municipales de PP, Vox y PSOE el pasado diciembre. Ese acuerdo permitió que la medida entrase en vigor este mismo lunes, tras la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV).
En este sentido, el informe de la UA -cuyo contenido no se había precisado de forma pormenorizada hasta ahora- señala que la aplicación de esa moratoria "para alta de nuevas viviendas de alquiler turístico en Alicante, de adoptarse, debería ser por el tiempo mínimo imprescindible para dimensionar las viviendas turísticas no legalizadas, que se podrían ir sustituyendo por las nuevas solicitudes acordes con la legislación".
No obstante, también añade que, en paralelo, se debería "impulsar nuevas viviendas asequibles y sociales en los barrios para evitar especulaciones con el valor de la vivienda, con observancia estricta de la normativa para autorización de las solicitudes para esos nuevos apartamentos de alquiler turístico, hasta cubrir la capacidad de carga turística de la ciudad, controlando estrictamente las condiciones de esas viviendas de uso turístico, de acuerdo con la normativa enunciada".