ALICANTE. La junta extraordinaria de accionistas de la concesionaria de la autovía de Alicante (A-31) en su tramo entre Bonete y la capital alicantina, Viario A-31 SA, que se celebrará el próximo 3 de mayo, es el último peldaño de una guerra judicial que ha ido de menos a más desde que Lantania, la constructora 'heredera' de Isolux, se hizo con el 19% de su capital que pertenecía a Grupo Velasco, entonces en liquidación.
La operación fue autorizada en el seno del proceso de liquidación de Velasco, pero los socios de Viario A-31, especialmente Tecopsa y Grupo Ortiz (la constructora madrileña, sin relación con el conocido promotor alicantino), que juntos controlan el 51%, intentaron por todos los medios evitar la llegada de un nuevo socio para repartirse el porcentaje de Velasco, en base al teórico derecho de suscripción preferente. Dos posturas irreconciliables que han llevado la pugna a los tribunales ordinarios, la Audiencia Nacional, notarías y hasta al Ministerio.
En mayo de 2019, Lantania cerraba la compra de la unidad productiva de Grupo Velasco, lo que incluía el citado 19% de Viario A-31 SA, concesionaria de la explotación y conservación de 111 kilómetros de la autovía Madrid-Alicante. El juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid homologó la compra en un auto que excluía expresamente el derecho de adquisición preferente invocado por Tecopsa y Ortiz. El auto adquirió firmeza un año después, en mayo de 2020, tras los correspondientes recursos.
'Guerra' ante notario
Pero Ortiz y Tecopsa no se conformaron. En junio de ese mismo año (en plena pandemia) remitieron al Ministerio de Transportes, que debía autorizar cualquier cambio accionarial que afectase a más del 10% del capital, una solicitud para poner a su nombre las acciones de Velasco, de forma que Ortiz alcanzaba el 35,6% del capital, y Tecopsa el 34,3%. De hecho, en dicha solicitud, que invocaba la suscripción preferente rechazada por el juez, se informaba de que se había consignado en una notaría el importe de las acciones.
Lantania hizo llegar al Ministerio la misma solicitud, al considerar que ese 19% era suyo tras el auto del juez de lo Mercantil. Así que Transportes pidió un informe a la Abogacía del Estado, que a principios de 2021 se decantaba por Lantania. Ortiz y Tecopsa alegaron y la Abogacía se ratificó en su criterio en un nuevo informe a finales de año, por lo que la Secretaría de Estado de Transportes emitió la autorización favorable a Lantania a finales de ese año. La constructora, con este documento en la mano, solicitó la ejecución de la sentencia en los juzgados de Alicante, donde pidió además figurar ya como accionista de cara a la junta ordinaria de 2022 (que debía aprobar las cuentas de 2021), el pasado mes de junio.
Los pagos a la UTE, bajo sospecha
Lantania pudo acudir a dicha junta gracias a una medida cautelar del juez de Alicante, pero tal como contó este viernes Alicante Plaza, se negó a firmar las cuentas de 2021. Para entonces, la constructora controlada por el fondo del exconseller Máximo Buch (Stator Management controlaba el 50,9%, mientras que los ex directivos de Isolux, liderados por el presidente de la compañía, Federico Ávila, eran dueños del 49,1% restante) ya venía poniendo en cuestión los pagos realizados por Viario A-31 SA a la UTE Villena (formada por tres de sus accionistas, Ortiz, Tecopsa y Rubau), que ejecuta los trabajos de conservación de la concesionaria.
