ALICANTE. El Partido Popular (PP) cumple hoy un año de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante en el que ha gestionado con solo 8 concejales en una corporación de 29 ediles. Su candidato, Luis Barcala, se convirtió en alcalde como aspirante de la lista más votada en las municipales de 2015, después de que ningún partido con representación política sumase los 15 votos que resultaban necesarios para que su alcaldable fuese investido por mayoría absoluta, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.
La historia ya está escrita: tras meses de controversias que condujeron a la ruptura del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), Echávarri se vio forzado a renunciar al cargo (también al acta de concejal) al verse abocado a juicio por dos asuntos distintos, el caso Comercio (que se juzgará entre septiembre y octubre) y el caso despido (en enero de 2020). Pese a la defensa de la presunción de inocencia y de semanas de resistencia, el PSPV y el propio Echávarri convinieron que debía dar un paso a un lado para no perjudicar a la marca.
A partir de ahí, el plante de Ciudadanos (Cs), que votó a su propia candidata, Yaneth Giraldo, y el giro hacia el transfuguismo de la exedil de Guanyar, Nerea Belmonte, hicieron el resto. A la postre, su abstención -tres años después de haber votado a favor de la investidura de Echávarri- precipitó la toma de posesión de Barcala y brindó al PP una oportunidad tan atractiva como arriesgada: un año de mandato antes de a la ya inminente cita con las urnas del próximo 26 de mayo.
¿En qué se ha empleado ese año? A grandes rasgos, la acción más evidente ha sido la del manejo de los números. Los populares han tratado de exprimir el recurso hasta cierto punto más rápido que tenían a su alcance: optimizar los balances económicos de los que disponían a su llegada al poder, tras la labor emprendida por sus predecesores en la senda de la cancelación de deuda durante tres años seguidos (en parte, por no haber ejecutado por completo sus propios presupuestos).
Así, pese a que la premisa inicial era mantener una línea continuista para no perder tiempo y esfuerzos en una hipotética corrección del rumbo, el PP ha impulsado hasta tres cambios sobre el presupuesto de 2018 elaborado por el PSOE. Todo con tres objetivos básicos que se han acabado consiguiendo: la cancelación del llamado Plan de Ajuste que exponía al Ayuntamiento al control del Ministerio de Hacienda; la reforma fiscal, con una rebaja lineal del IBI del 5%, además de bonificaciones para la instalación de empresas; y la aprobación de un presupuesto propio para este ejercicio 2019, con 18 millones en inversiones (8 más que en los años precedentes, precisamente por los límites que imponía el Plan de Ajuste) y el compromiso de impulsar otro listado de obras por valor de 50 millones más.
Entre esos proyectos a los que se consigue dotar de financiación (o se les compromete), en parte también se ha sacado rédito del trabajo de redacción, planificación y elaboración de pliegos ya heredado, como el tripartito también pudo aprovechar la labor desarrollada en el mandato precedente.
Además, es cierto que todos esos acuerdos han sido posibles con el concierto (por acción o, en este caso, por abstención) del resto de grupos de la oposición, a los que se ha expuesto a la tesitura de tener que retratarse: podían haber impedido su aprobación con su voto en contra (como de hecho, hizo el PSOE, tras expresar su falta de confianza en el PP), pero han acabado permitiendo que se aprobasen con el argumento de la responsabilidad y la lealtad institucional.
Y no es menos cierto que la mayoría de esas inversiones quedan en manos de la próxima corporación y del próximo equipo de Gobierno. Es decir, el PP llega a las municipales con el trabajo político y administrativo preparado, pero no ejecutado. Es más, algunas de esas actuaciones posiblemente quedarán aplazadas hasta el próximo presupuesto, ya que, el nuevo Gobierno tomará posesión en junio y apenas tendrá cinco meses para cumplir esa planificación económica.
Al margen del manejo de la contabilidad, ha habido intentos de mejorar la prestación de algunos servicios, como el que atañe al controvertido contrato de la limpieza viaria y recogida de la basura. Sin embargo, pese a la reorganización de las dinámicas de trabajo, la coordinación de las programaciones, los refuerzos puntuales en algunas zonas de especial tránsito y el aumento de las inspección municipal, nadie puede asegurar a ciencia cierta que se haya producido un avance radical con resultados acreditados. Entre otras cosas, porque ni siquiera se ha llevado a cabo la manida evaluación de la prestación y cumplimiento del contrato que se viene anunciando desde la etapa del extinto tripartito.
Sí se ha dado carpetazo a los episodios de enfrentamiento y disputa interna que lastraron la gestión PSOE, Guanyar y Compromís, aunque también han estallado episodios de controversia como los protagonizados por algunos de los asesores municipales: los casos de Miguel Ángel Redondo, un conocido de la exedil del PP, Elsa Martínez, y de Nerea Belmonte (con investigación en Fiscalía de por medio, ahora ya archivada), y el de Jorge Crespo, que optó a un contrato municipal a través de una de sus empresas e incurrió en un supuesto de incompatibilidad. Ambos, eso sí, fueron destituidos con rapidez.
