Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se prepara para poner en marcha la nueva tasa de basuras, un gravamen impuesto por la normativa estatal y europea a todas las entidades locales y que en el caso de Valéncia, supondrá una recaudación anual para 2025 de 46,7 millones de euros. De los cuales, más de cinco millones se dedicarán expresamente a las tareas administrativas necesarias para implementarla, para lo cual se contratará a una empresa externa.
Así consta en los informes del área de Hacienda del Ayuntamiento, que encabeza la edil María José Ferrer San Segundo, tras un exhaustivo trabajo de análisis jurídico y económico para activar la mencionada tasa de basuras. En ellos, se establece que el propio servicio de recogida y transporte de residuos, el que grava la nueva tasa, asciende a 43,2 millones de euros, si bien el consistorio aplica diversas correcciones y modificaciones para concluir lo que ha de cobrar finalmente al ciudadano.
Entre esas correcciones se encuentra precisamente un apartado referente a los costes de implementación de la tasa, que ascienden a 5,5 millones de euros. "Dado que el Ayuntamiento establece ex novo esta tasa, por imperativo legal [...], hay que tener en cuenta los costes de formación del padrón de contribuyentes, impresión, reparto y notificación de las liquidaciones por ingreso directo que exige la normativa tributaria para el primer periodo impositivo", explican en ese sentido los técnicos municipales.
Además de esos costes de tramitación y notificación, el Ayuntamiento ha de proveer de "medios personales y materiales para la atención al público en una oficina diferenciada y especializada". El motivo no es otro que la previsión consistorial de una numerosa "afluencia de clientes y contribuyentes semejante a cuando se elabora una actualización del valor castral del IBI". Y todo eso, claro, cuesta un dinero que va unido de manera inherente a la tasa.
En ella, precisamente, se recogen estos gastos adicionales. La edil de Hacienda asegura que la intención del consistorio es convocar una licitación para encargar a una empresa externa la gestión de la tasa, donde se incluirá precisamente la creación de una suerte de oficina de atención al ciudadano para resolver todas las dudas que genere. El contrato, que previsiblemente tendrá una vigencia mínima de dos años, evitará así que las solicitudes de información saturen los servicios municipales y alteren su funcionamiento normal en la tramitación de otros gravámenes y asuntos consistoriales.
En esa línea, la concejala de Hacienda explica que la "pésima ley" aprobada a nivel estatal era parca en indicaciones y con "criterios ambiguos", lo que resultaba en un "folio en blanco" que únicamente contenía "la obligación" de aplicar la tasa antes de abril de 2025. Por ello, insiste en que ha sido "muy difícil para los técnicos la elaboración" de la nueva ordenanza fiscal.
Además de los 5,5 millones previstos para poner en marcha la tasa, los informes económicos prevén otros casi 450.000 euros de gastos de personal y otros 160.000 euros que cuesta la recogida de residuos de La Marina de València en virtud del convenio suscrito con el Puerto. A ellos habría que sumar otros costes indirectos, por valor de 3,5 millones, donde se incluyen adquisición de bienes, arrendamientos, costes financieros o amortizaciones, entre otros. Todo ello concluye que los costes ajustados del servicio de recogida de residuos asciende a 52,9 millones de euros.
Al total, el Ayuntamiento le descuenta algunos ingresos que abaratan la nueva tasa. Por ejemplo, 1,6 millones de euros por el reciclaje de papel y cartón procedentes de Ecoembes y otros 3,6 millones por la recogida de emvases también por parte de Ecoembes. Eso permite al consistorio ajustar el coste real de la tasa, que se rebaja hasta los definitivos 46,7 millones para 2025, que es el dinero que ha de repercutir a los contribuyentes dado que la normativa estatal obliga a que la tasa sea "no deficitaria".
El Ayuntamiento de València ya tiene lista su ordenanza fiscal, que empezará a aplicarse desde el 1 de enero. La tasa se integrará en el recibo del agua potable y la cuota a pagar por cada contribuyente variará según el consumo de agua de hogares y negocios, fijado en diferentes tramos que irán -en el caso de las viviendas- de 39 a 273 euros anuales, si bien se implementarán algunas bonificaciones fiscales.
Así, se prevé la reducción del 30% a familias numerosas para la vivienda habitual y la reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos. Por otra parte, se incluye la bonificación de 10 euros a usuarios que utilicen ecoparques, de 50 euros a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón “puerta a puerta”, y del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren con entidades de economía social.
