Los nuevos contenedores para la recogida selectiva del residuo orgánico, de envases y de papel y cartón, en Alicante. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El año 2025 traerá definitivamente un incremento de los recibos de la basura en la ciudad de Alicante, con importes que oscilarán entre los 69,85 y los 144,94 euros por domicilio, en función de su tamaño y de su valor catastral. Esa esa la horquilla establecida en la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos que quedó aprobada de forma definitiva en el pleno extraordinario celebrado el pasado 30 de diciembre, en un acuerdo que acabó contando con el único voto favorable del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), al margen de la abstención de Vox.
De hecho, la posición de los voxistas fue clave para que la propuesta pudiese prosperar por mayoría simple, ya que los tres grupos que conforman el eje progresista (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) optaron por un voto en contra, al considerar que la propuesta planteada por los populares no recogía el principio de pago por generación con un cálculo proporcional en función del volumen de residuos producidos por cada hogar; que conllevaba un desequilibrio en el reparto de costes entre los particulares y las actividades económicas, y que, además, a su juicio, perjudicaba especialmente a las rentas más bajas, sin incluir bonificaciones suficientes por el reciclaje.
En el transcurso del pleno, el equipo de gobierno, a través de su edil de Hacienda, Toni Gallego, volvió a defender que los cálculos se basaban en los datos estadísticos oficiales disponibles, que se moduló la propuesta inicial para reducir la carga fiscal sobre los propietarios de viviendas de menor tamaño y de menor valor catastral (de partida, la horquilla de precios oscilaba entre los 83,62 y los 131,31 euros) y que sí se incluían reducciones en los importes del recibo de hasta un 20% por la separación de la facción orgánica del residuo, para aquellos usuarios que la depositasen en los contenedores específicos (de color marrón) para ello, mediante el uso de la tarjeta electrónica para su apertura o de la app habilitada con ese mismo fin.
En todo caso, al margen del debate político, el acuerdo de aprobación definitiva tras la desestimación de alegaciones -que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)- permitirá la actualización de los recibos para equiparar la recaudación al coste real del servicio (como establece la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular) en cuanto vuelvan a pasarse a cobro, el próximo mes de abril.
En concreto, sin contar con la bonificación por separación del residuo orgánico, los nuevos importes de los recibos se calcularán a partir de la siguiente tabla:
Esos valores son de aplicación en todo el término municipal, sea cual sea la ubicación de cada domicilio, ya que, con la nueva ordenanza fiscal, desaparece la categorización en cuatro zonas distintas que se venía aplicando hasta ahora, a partir de la ordenanza fiscal aprobada en 2015, después de que se haya constatado que esa sectorización podía ser motivo de impugnación, según el nuevo criterio adoptado por los técnicos municipales, en función de la argumentación ofrecida hasta ahora por el equipo de gobierno.
Sea como fuere, esa actualización -que, según los populares, no se habría promovido de no tener que responder de forma obligatoria ante un mandato normativo dictado por el Gobierno Central- supone un incremento de entre un 213% (en el caso de los recibos más bajos) y un 156% (por lo que respecta a los más altos). Hasta ahora, la tabla que regulaba el importe de los recibos, según la ordenanza fiscal que entró en vigor en 2016 era la siguiente:
En esos importes (todavía sujetos a zonificación en función del tipo de vía en el que se situase cada vivienda) no se incluía ninguna bonificación por reciclaje. Y, además, suponían que el Ayuntamiento asumiese el déficit por la cobertura de costes de la prestación con cargo a fondos propios, puesto que con la recaudación generada a través de esa tasa solo se cubría en torno al 20% del precio real del servicio.
La revisión de la ordenanza permitirá que el ayuntamiento incremente los ingresos para obtener el 100% del precio del servicio al recaudar cerca de 16 millones anuales más, como informó este diario, lo que permitirá que pueda disponerse de esa cantidad para otros fines, ya sea la mejora en la prestación de otros servicios o a la ejecución de inversiones.
