Un ciudadano, deposita su bolsa de residuos en uno de los contenedores específicos para los restos orgánicos. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El tasazo de la basura cobra carta de naturaleza en Alicante y podrá comenzar a aplicarse en 2025. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha vuelto a encontrar este lunes el respaldo del grupo municipal de Vox -esta vez, tácito, en forma de abstención- para sacar adelante la actualización de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos a la que quedan obligados todos los municipios de más de 5.000 habitantes para equiparar la recaudación a los costes reales de esa prestación, en cumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
De este modo, se ha reproducido la posición que se puso de manifiesto en el transcurso de la comisión informativa de Hacienda, después de que, en el inicio del pleno -una sesión de carácter extraordinario y urgente- se haya vuelto a reproducir el informe de advertencia de legalidad emitido por el secretario municipal, en el que se expresaba la obligación de adaptar la tasa municipal en cumplimiento de la legislación estatal y se apuntaba que el voto en contra podría exponer a los concejales que optasen por ese posicionamiento a posibles responsabilidades personales.
A la postre, las conclusiones de ese dictamen son las que han servido de argumento a los cuatro concejales de Vox para modificar el voto negativo emitido durante el debate de aprobación inicial de la ordenanza, el pasado mes de noviembre, y acabar decantándose en su lugar por una abstención. Es decir, la posición clave que ha permitido que el PP pueda sacar adelante la ratificación de su propuesta por mayoría simple, tras el descarte de todas las alegaciones presentadas, en lo que supone otra demostración más de la alianza de facto que existe entre las dos formaciones del centro derecha representadas en la corporación municipal desde el pasado mandato.
De hecho, esa conexión entre ambos partidos se ha venido reproduciendo en los acuerdos de mayor trascendencia o más controvertidos entre los que se han sometido a la consideración del pleno desde 2019, en cuestiones como la apuesta por el modelo concesional en la gestión del transporte público, la aprobación de la ordenanza de convivencia cívica, o en los sucesivos presupuestos municipales (todos salvo los de 2023), a excepción de cuestiones puntuales como la ordenanza de Ocupación de Vía Pública o la subida de las retribuciones de los concejales, aprobada tras las elecciones municipales de 2023. De hecho, esa sintonía se ha vuelto a reproducir por lo que respecta a los presupuestos de 2025, todavía en fase de fiscalización por parte del departamento de Intervención.
En la exposición de la propuesta de actualización del importe de los recibos de la basura, el edil de Hacienda, Toni Gallego, ha agradecido el trabajo de los técnicos por la adaptación de la ordenanza que ha tildado como "la mejor posible" a partir de los datos estadísticos disponibles. Después, ha incidido en la defensa preventiva respecto a las críticas que preveía que iban a formular los concejales de los grupos de la oposición para sostener que se trata de una ordenanza viva, abierta a futuras modificaciones, y destacar que se había introducido un coeficiente reductor del 40% para los titulares de viviendas de menor poder adquisitivo. Además, ha insistido en que la actualización no viene impuesta por la Unión Europea, sino que se trata de una decisión acordada por el Gobierno de España, "que traslada la decisión a los ayuntamientos". Por último, ha matizado que, en realidad, lo que se traía a aprobación en el pleno era la desestimación de las alegaciones presentadas a la propuesta, en función de los informes técnicos.
En el turno de debate, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado como vergonzoso el pleno extraordinario tras lamentar que se haya utilizado un informe "sesgado" del secretario municipal para "coaccionar" a los concejales de la oposición. Acto seguido, ha cargado contra el grupo municipal de Vox, a quienes ha considerado co-responsables de la subida de la basura. "Si no están de acuerdo con este informe", en relación al dictamen del secretario, "deben votar en contra de la propuesta", ha incidido, tras recordar las manifestaciones previas ofrecidas hasta ahora por los ediles voxistas en contra del incremento de la tasa.
Por Compromís, su portavoz municipal, Rafa Mas, también ha cargado contra PP y Vox por "este regalito navideño" en forma de incremento de la tasa de la basura e, igualmente, ha recriminado al alcalde, Luis Barcala, que haya ordenado el encargo del informe de advertencia de legalidad del secretario como fórmula de coacción o de "amenaza" para los concejales de oposición. Así, ha sostenido que, a su juicio, "votar en contra no supone ningún tipo de responsabilidad, porque nos ampara el derecho a la participación política". De igual modo, ha deslegitimado la propuesta en sí misma al desacreditar la determinación del reparto entre los costes que se atribuyen a los domicilios frente a las actividades económicas, para incidir en el desequilibrio que, a su juicio, supone que el 80% del gasto que supone el servicio se haga recaer en los ciudadanos, frente a las empresas. Todo, al margen de incidir en las diligencias abiertas por la Fiscalía respecto a un posible delito medioambiental en la gestión de la planta de residuos de Fontcalent. Y, por último, ha criticado la posición de Vox a quien ha considerado "la muletilla del PP".
Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha explicado que la ordenanza deriva de la obligación impuesta por la legislación estatal, por lo que ha optado por responsabilizar, también, al Gobierno de España y a Pedro Sánchez de la aplicación de ese incremento en el coste de los recibos. "El afán expoliador de la extrema izquierda sigue imponiendo una extorsión a las familias", ha considerado. "Si ustedes no están de acuerdo, lo que pueden hacer es modificar la ley que sus partidos han apoyado en el Congreso", ha espetado. Además, ha señalado que Vox había sido el único partido que había votado en contra de esa legislación estatal y ha asegurado que será una de las primeras normativas que quedarán derogadas en cuanto Vox acceda a responsabilidades de gobierno.
En todo caso, ha confirmado que Vox se abstenía respecto a la propuesta en base a las conclusiones del informe de advertencia de legalidad del secretario municipal y ha añadido que esa decisión se adopta "con mucho dolor". Con todo, ha seguido recriminando a los grupos del eje progresista la responsabilidad de este incremento. Con carácter previo, Ortolá ha respondido a Copé y ha asegurado que su intención es iniciar acciones legales frente a los informes del secretario que no se comparten, en alusión a la decisión que le impidió participar en el pleno extraordinario celebrado en noviembre en el que se aprobó la cuarta modificación de crédito sobre el presupuesto de 2024 para destinar 1,5 millones en ayudas a los municipios asolados por la Dana de Valencia.
Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz ha criticado que se pretenda "triplicar" el importe de los recibos de la basura en un pleno celebrado a cierre del año. Además, ha recriminado que se pretenda responsabilizar al Gobierno de España de forzar ese incremento, "cuando en realidad lo traen aquí con urgencia al borde del fin de año para no perder subvenciones europeas". De igual modo, también ha reprochado que no se grave de forma especial a los pisos turísticos, como llega a recomendar el informe elaborado por la consultora EOSA, o que se mantenga el desequilibrio en el reparto de costes entre los domicilios y las actividades económicas. Al tiempo, también ha incidido en la crítica respecto a que se perjudique especialmente a las rentas bajas y medias o que se argumente que el reparto de costes se haya realizado con un sistema de contabilidad analítica del que el ayuntamiento carece. Además, ha lamentado que Alicante siga siendo considerada como la segunda ciudad más sucia de España y ha lamentado el aumento de costes del servicio con la nueva contrata.
En la réplica, Copé ha recriminado la hipocresía de los concejales de Vox a quienes ha vuelto a responsabilizar del "tasazo". "Es cierto que existe un mandato legal para ajustar las tasas, pero esto no justifica la manera en la que se va a hacer en Alicante", ha añadido. Así, ha puesto como ejemplo la propuesta de Elche, en la que se incluyen bonificaciones de hasta el 50% frente al 20% que se prevé en Alicante. Así, ha considerado que no se han ajustado los costes y que la tasa no distingue entre familias con mayores y menores rentas. "La gestión pública no se trata solo de aplicar la ley, sino de hacerlo de manera inteligente, práctica y buscando el menor impacto posible en las familias trabajadoras", ha concluido.
Mas, por su parte, ha retado a Vox a ser claros y admitir que "han llegado un acuerdo con el PP para salvar al soldado Barcala". Según ha sostenido, en función de ese acuerdo, "han previsto que se baje dos o tres euritos el IBI a cambio de subir el importe de los recibos de la basura". Respecto a la propuesta en sí misma, se ha dirigido al edil de Hacienda para insistir en que la ordenanza propuesta no contemple el principio de progresividad en la generación de residuos, que no se incluya una tasa especial para los pisos turísticos o que no se incluya un reparto ajustado entre domicilios y actividades económicas.
Ortolá ha insistido en los argumentos del secretario para señalar que "votamos por obligación legal" para reprochar, después, a los grupos del eje progresista de votar a favor de la interrupción del embarazo. Respecto a Compromís, Ortolá ha recriminado a Compromís que salvase al PP con la ordenanza de Ocupación de Vía Pública "por media hora de terrazas". Por último, se ha dirigido al PP para sostener que "ustedes se abstuvieron en el Congreso respecto a esta ley" para aconsejar que "dejen de coquetear con el enemigo".
Y Ruiz ha justificado el voto en contra del PSOE al insistir en que la tasa no se ha negociado ni dialogado con nadie, que no incluye el principio europeo de pago por generación y que no se ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas. Además, ha lamentado que se haya planteado una propuesta dos años después de que se estableciese la necesidad de ajustar el coste real del servicio y ha insistido en que se trata de una tasa injusta que no se ha tratado de negociar con nadie, a pesar de las alternativas presentadas por grupos como el propio PSOE.
Gallego ha cerrado el debate para insistir en que la subida de la tasa responde a una obligación legal aprobada por los partidos de izquierda. "Si su gobierno no nos hubiera obligado, no habríamos subido la tasa" y ha sostenido que "tampoco nos han dejado usar los remanentes para cubrir el desequilibrio" entre el coste del servicio y la recaudación. Al tiempo, ha recordado que en los municipios en los que gobierna la izquierda se está apoyando el mismo aumento de precios y ha recriminado al PSOE que, con sus propuestas, incluso planteasen un incremento mayor respecto a determinados tramos. Sobre las críticas de Compromís, ha emplazado a su portavoz a no inventarse datos.
Ya en el turno de la votación, la propuesta ha quedado refrendada con los 14 votos de los ediles del equipo de gobierno y la abstención de los cuatro concejales de Vox. Por su parte, los once concejales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem han votado en contra.
De igual modo, el pleno extraordinario celebrado este lunes también ha propiciado la ratificación de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el fin de que pueda entrar en funcionamiento con el arranque de 2025. El acuerdo se ha alcanzado, igualmente, tras el descarte de las alegaciones presentadas, lo que ha permitido que se mantengan las mismas condiciones de regulación pactadas entre PP y Vox desde enero de 2024, en el marco del acuerdo presupuestario alcanzado entre las dos formaciones por la aprobación de las cuentas de este ejercicio.
El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha defendido la propuesta de regulación para sostener que el sistema trata de favorecer el control y seguimiento del tráfico en tiempo real y la evolución de la calidad del aire, sin la aplicación de restricciones adicionales, toda vez que se habría optado por fórmulas como las peatonalizaciones, el calmado del tráfico, la electrificación de la flota de autobuses, o la creación de aparcamientos disuasorios (aunque por el momento, solo ha trascendido la creación del habilitado en el barrio de San Gabriel). En esta línea, ha recriminado la posición contraria de la izquierda al sostener que apuestan por la aplicación de restricciones y sanciones. Además, ha anticipado el respaldo mayoritario que iba a obtener la propuesta, de 18 votos sobre 29 posibles, frente a las críticas de la izquierda y ha defendido la oportunidad de la fecha en la que se lleva a ratificación.
Los ediles de la corporación municipal, en el momento de la votación sobre la tasa de la basura.En el debate, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que todo el sistema habilitado para la implantación de la ZBE es "inútil" en la medida en que, a su juicio, no va a permitir alcanzar los objetivos pretendidos ni en cuanto a reducción de la contaminación, ni en lo que se refiere a la disminución del ruido. Además, también ha considerado que la ZBE "se ha desaprovechado para llevar a cabo una transformación social y urbana para contribuir a tener una ciudad más sostenible y habitable". "Para variar, han pasado el rodillo frente a las aportaciones presentadas por las entidades sociales" por motivos políticos, ha añadido. "Queda claro que el PP de Alicante se muestra como lo que es, una derecha cobarde rehén de Vox", ha apuntado. "El mantra de que anular la ZBE es para proteger a las rentas bajas es una mentira más a la que nos tienen acostumbrados", ha señalado. "Veremos a la larga las consecuencias de esta irresponsabilidad; nos estamos jugando mucho dinero público", ha sostenido. "Cuanto más amplias sean las restricciones, mayor será la reducción de la contaminación", ha estimado, aunque también ha recalcado como necesarias la concesión de subvenciones para que pueda favorecerse la renovación del parque de vehículos particulares.
Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha acusado al PP de dejar al margen la propuesta de ZBE que, según ha sostenido, había propuesto el exconcejal de Tráfico, José Ramón González, durante el pasado mandato, en la que se preveía un incremento de las peatonalizaciones, entre otros puntos. A su juicio, se había renunciado a ese plan a cambio de conseguir el apoyo de Vox a los presupuestos. Además, ha cargado contra las "mentiras" que han atribuido a los voxistas respecto a la imposibilidad de que los propietarios de vehículos a motor puedan bajar al Centro, al tiempo que secundan la extensión de las plazas de zona azul y el pago por el estacionamiento en aparcamientos privados. Así, ha considerado que "esta ZBE es una estafa" que no va a contribuir a reducir la contaminación y ha recordado el perjuicio económico que supuso para comerciantes y hosteleros la realización de las obras de reurbanización en el eje Marvá-Gadea.
Por Vox, Ortolá ha apuntado que el proyecto de la ZBE siempre ha sido de Medio Ambiente, no de Tráfico, y ha sacado pecho de la propuesta que se traía a aprobación al considerar que se trata de la alternativa promovida por Vox, ya que el modelo inicial planteado por el PP preveía sanciones a partir del eje de Gran Vía. Respecto al pequeño comercio, ha sostenido que la propuesta inicial solo dejaba fuera a los centros comerciales, por lo que ha defendido que el planteamiento actual les beneficia. Al tiempo, ha recriminado las contradicciones de la izquierda respecto a su supuesto apoyo a las clases trabajadoras, al insistir en que la propuesta que secundaban los partidos progresistas era aplicar sanciones y más subidas de impuestos. Además, ha acusado a Compromís de mentir al responsabilizarles de la implantación de radares o del incremento de las plazas de la zona azul.
Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz ha considerado que "todavía no sabemos de qué va la ZBE" para insistir en la emisión de gases que generan el efecto invernadero y el papel de las ciudades en su generación. Así, ha considerado que la ordenanza propuesta es "derrotista", "un papelote que presentar ante el ministerio para ver si no nos dejan sin subvenciones". "La descarbonización debería ser una meta irrenunciable", ha considerado, "pero ustedes han preferido dejar una ciudad peor de la que encontraron", ha considerado. "¿Cómo van a hacer que entre en funcionamiento si depende del Plan de Movilidad Urbana Sostenible?", se ha cuestionado, en alusión a la respuesta a las alegaciones presentadas por la ciudadanía. "El gran reto es reducir nuestras emisiones frente a un drama que está cada vez más generalizado", ha señalado. "Esta ZBE que promueven PP y Vox no va a reducir las emisiones", ha considerado. "Es imposible que lo hagan sin sacar a los vehículos que más contaminan", ha considerado. Además, ha criticado que los sensores y las estaciones de control se sitúan en puntos alejados de los anillos de control.
Barcala responsabiliza al Gobierno de la subida de la basura y de la implantación de la ZBE y defiende su negociación con Vox, frente a otros acuerdos alcanzados con Compromís
En la réplica, Copé ha criticado el funcionamiento del transporte público que, a su juicio, acaba forzando al uso del vehículo particular por lo que ha reprochado la falta de medidas reales que permitan reducir la contaminación del aire. Mas también ha acusado a Ortolá de mentir respecto a la posición mantenida por la coalición valencianista, al sostener que "nosotros no pedimos que la gente se compre coches eléctricos, lo que pedimos son parques disuasorios para evitar el pago en los parkings privados", ha apuntado. Así, ha pedido mejoras en el transporte público, generar corredores verdes y fomentar la peatonalización para luchar contra el cambio climático. Ortolá ha insistido en defender la propuesta de la ZBE sin sanciones adicionales y ha vuelto a recriminar las subidas de impuestos que ha atribuido al Gobierno Central, al apuntar que el 47% del coste del recibo de la luz corresponde a impuestos. Y Ruiz ha acusado a Villar de mentir al sostener que en campaña habían comprometido una ZBE con restricciones, aunque sin llegar a concretar nada más. Así, ha acusado al PP de no tener "ninguna conciencia ambiental" y les ha recriminado que se hayan entregado a los que niegan el cambio climático.
Para cerrar el debate, Villar ha considerado que lo que "fastidia" a la izquierda es "no poder imponer sus políticas" y ha negado que esté en juego la llegada de ayudas europeas. Además, ha defendido que la ZBE beneficia al comercio y ha desmentido los datos que la izquierda estaba difundiendo datos falsos respecto a la zona azul. Por último, ha insistido en defender la reposición de arbolado en todas las actuaciones de reurbanización desarrolladas en la ciudad.
Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha tomado la palabra para sostener que ninguna de las dos propuestas -la subida de la basura o la ZBE- estaban en el programa electoral del PP. "Las traemos hoy aquí por obligación", ha sostenido. "Lo que ustedes no soportan es que no se hagan como ustedes quieren; nosotros lo hemos hecho con Vox como hemos pretendido, igual que lo hicimos con Compromís" respecto a la ordenanza de Ocupación de Vía Pública, ha señalado. Además, como Villar, también ha acusado a la izquierda de difundir bulos, al apuntar que se prevé crear 8.000 nuevas plazas de estacionamiento en zona azul. "Eso es mentira, no se va a llegar a esa cifra por una cuestión de cálculo", ha sostenido.
Por último, en el turno de votación, la ratificación de la ordenanza ha quedado aprobada de forma definitiva con 18 votos a favor, gracias a la suma de las posiciones emitidas por los 14 concejales del equipo de gobierno, del PP, frente a los 11 votos en contra de los concejales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
