ALICANTE. El tasazo de la basura cobra carta de naturaleza en Alicante y podrá comenzar a aplicarse en 2025. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha vuelto a encontrar este lunes el respaldo del grupo municipal de Vox -esta vez, tácito, en forma de abstención- para sacar adelante la actualización de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos a la que quedan obligados todos los municipios de más de 5.000 habitantes para equiparar la recaudación a los costes reales de esa prestación, en cumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

De este modo, se ha reproducido la posición que se puso de manifiesto en el transcurso de la comisión informativa de Hacienda, después de que, en el inicio del pleno -una sesión de carácter extraordinario y urgente- se haya vuelto a reproducir el informe de advertencia de legalidad emitido por el secretario municipal, en el que se expresaba la obligación de adaptar la tasa municipal en cumplimiento de la legislación estatal y se apuntaba que el voto en contra podría exponer a los concejales que optasen por ese posicionamiento a posibles responsabilidades personales. 

A la postre, las conclusiones de ese dictamen son las que han servido de argumento a los cuatro concejales de Vox para modificar el voto negativo emitido durante el debate de aprobación inicial de la ordenanza, el pasado mes de noviembre, y acabar decantándose en su lugar por una abstención. Es decir, la posición clave que ha permitido que el PP pueda sacar adelante la ratificación de su propuesta por mayoría simple, tras el descarte de todas las alegaciones presentadas, en lo que supone otra demostración más de la alianza de facto que existe entre las dos formaciones del centro derecha representadas en la corporación municipal desde el pasado mandato. 

De hecho, esa conexión entre ambos partidos se ha venido reproduciendo en los acuerdos de mayor trascendencia o más controvertidos entre los que se han sometido a la consideración del pleno desde 2019, en cuestiones como la apuesta por el modelo concesional en la gestión del transporte público, la aprobación de la ordenanza de convivencia cívica, o en los sucesivos presupuestos municipales (todos salvo los de 2023), a excepción de cuestiones puntuales como la ordenanza de Ocupación de Vía Pública o la subida de las retribuciones de los concejales, aprobada tras las elecciones municipales de 2023. De hecho, esa sintonía se ha vuelto a reproducir por lo que respecta a los presupuestos de 2025, todavía en fase de fiscalización por parte del departamento de Intervención.