Los nuevos contenedores para la recogida selectiva del residuo orgánico, de envases y de papel y cartón, en Playa de San Juan. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Habrá tasazo de la basura también en Alicante en 2025. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), consigue su objetivo y allana el proceso para que pueda implantarse la actualización del importe de los recibos por el servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos al que todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes quedan obligados, a partir de la trasposición de la normativa comunitaria que quedó incorporada al ordenamiento español a través de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
La ordenanza fiscal que regula el nuevo importe de los recibos (que en algunos casos, llega a cuadruplicarse, aunque su incremento medio supone que se multipliquen por 2,5) ha recabado este viernes un informe favorable en comisión de Hacienda con el único respaldo explícito del PP, como ya sucedió en el trámite de aprobación inicial en pleno, el pasado mes de noviembre. Entonces, el alcalde, Luis Barcala, tuvo que recurrir a su voto de calidad para deshacer el empate a 14 votos entre los representantes del equipo de gobierno y los concejales de los cuatro grupos que conforman la oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem), toda vez que se produjo la incomparecencia del portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, en la sesión plenaria con motivo del alumbramiento de su segundo hijo.
El dictamen favorable, que debería reproducirse en el pleno extraordinario previsto para el próximo lunes, día 30, se ha producido ahora con el rechazo de los representantes de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem (que vienen sosteniendo que la propuesta del PP perjudica a las rentas bajas y que no se han tenido en cuenta sus aportaciones), pero con la abstención de Vox, lo que depara la mayoría suficiente para que la nueva ordenanza fiscal pueda quedar validada. En cualquier caso, los voxistas han vuelto a manifestar su rechazo a la aplicación del incremento, como ya hiciera en el transcurso del pleno de noviembre, aunque han variado su posición desde el no hasta la abstención a la vista del informe jurídico emitido por el secretario municipal en el que se advertía de la posibilidad de que los ediles que se opusiesen al cumplimiento de un mandato legal pudiesen quedar expuestos a responsabilidades personales. Justo el apunte que había avanzado el primer edil la semana pasada, cuando anticipó que el secretario formularía una advertencia de legalidad al conjunto de representantes de la corporación antes de que se produjese el momento de la votación de la ordenanza.
"Resulta evidente que el establecimiento y aplicación de la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, antes del 10 de abril de 2025, tiene carácter obligatorio", apuntaba dicho informe. Y añadía que "sin la aprobación de la correspondiente ordenanza por el pleno de la corporación, no puede establecerse esta tasa, con la consiguiente posibilidad de sanción y de denegación de acceso a fondos comunitarios. Además de que podrá conllevar una responsabilidad contable". Pero no solo eso. Entre sus conclusiones, se aludía a los efectos que podría acarrear el voto en contra para los representantes políticos que se decantasen por esa posición. "Con respecto a la responsabilidad personal de los miembros con derecho a voto integrantes del pleno, habida cuenta que los concejales son conocedores de las consecuencias de la emisión del voto en contra, de las propuestas que se presentan al pleno, su actuación puede incurrir en responsabilidad", apuntaba el informe jurídico.
El PSOE promueve que se solicite un dictamen al Consell Jurídic Consultiu sobre las consecuencias que podía acarrear oponerse a un mandato normativo estatal, al margen del informe jurídico emitido por el secretario municipal
Lo cierto es que el contenido de ese informe ha centrado gran parte del debate político en el transcurso de la comisión, hasta el punto de que, primero el PSOE, y después también Compromís y Esquerra Unida Podem han manifestado sus discrepancias respecto al informe de advertencia del secretario, al considerar que no podía forzarse a los representantes públicos a votar en un sentido distinto al de su posición política. De ahí que, a la postre, el PSOE, a través de su portavoz, Ana Barceló, haya propuesto que se solicite la emisión de informe al Consell Jurídic Consultiu (CJC) con el propósito de disponer de seguridad jurídica con la que poder contrastar las conclusiones alcanzadas en el informe del secretario municipal. Barceló ha solicitado que su propuesta se sometiese a votación y, en último término, su iniciativa ha quedado respaldada por el conjunto de partidos, incluido el PP, para que la comisión inste al alcalde a solicitar ese dictamen. Eso sí, ese segundo informe no estará disponible antes de que se produzca el debate sobre la propuesta de actualización de la ordenanza fiscal en el pleno extraordinario previsto para el próximo lunes, tras el desenlace de la comisión de este viernes.
La petición de ese segundo informe se ha producido, además, después de que Barceló subrayase las contradicciones que, a su juicio, se incluirían en el informe de resolución de las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial de la ordenanza en la medida en que se habría respondido que el cálculo de repercusión de los costes del servicio se habría elaborado utilizando un método de contabilidad analítico que, según el departamento de Intervención municipal, no está disponible en el Ayuntamiento.
Sea como fuere, al dictamen favorable respecto a la aprobación definitiva de la ordenanza se ha llegado después de que se haya inadmitido o rechazado el conjunto de las alegaciones formuladas respecto a la ordenanza fiscal reguladora durante el periodo en el que ha permanecido expuesta al público para la interposición de reclamaciones. En ese tiempo, se han registrado un total de diez paquetes de alegaciones por parte de particulares y representantes de entidades sociales como la Coordinadora Alicante Limpia, la Colla Ecologista d'Alacant, la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur Puerto o la Asociación de Vecinos La Amistad de la Alcoraya.
Las presentadas por los tres últimos colectivos han quedado inadmitidas, en función de las consideraciones recogidas en el informe de resolución elaborado por los técnicos municipales, en el que se concluía que no se habían registrado por el cauce establecido. El resto de las reclamaciones han quedado desestimadas -salvo la formulada por el propio equipo de gobierno, a través de la Concejalía de Hacienda-, después de que el informe de resolución apuntase que sí existen fórmulas para bonificar el reciclaje, aunque resulte imposible y no exigible la determinación de un cálculo de los recibos en función de los residuos generados por cada domicilio, aunque pueda tenderse a esa precisión con el avance de los recursos tecnológicos que se dispongan para ello, por ejemplo. Además, el informe también defendía el reparto de costes entre particulares y actividades económicas en base a las estadísticas oficiales del INE y se precisaba que, en el reparto de costes del servicio, también se había calculado los costes indirectos.
¿Qué planteaba la alegación formulada por Hacienda, a través de su concejal, Toni Gallego? En realidad, solo una matización técnica en cuanto a la redacción de la ordenanza por lo que respecta al acceso a las bonificaciones para los ciudadanos que contribuyan a la separación de residuos, en la medida en que solo se preveía que pudiesen beneficiarse de ellas los usuarios de la tarjeta 'Tú haces Alicante', que permite la apertura electrónica de los contenedores, de modo que también pueda optarse a esa misma ventaja fiscal con el uso de la app que permite esa misma funcionalidad de apertura. Esa reclamación quedará incorporada al texto de la ordenanza como corrección técnica, con lo que deberá producirse una votación en el pleno para validar la ordenanza fiscal con la inclusión de ese cambio.
El desenlace de la comisión ha propiciado las previsibles reacciones políticas por parte de la mayor parte de los grupos políticos representados en la corporación. En esta línea, el mismo concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha señalado que "aprobamos esta modificación de la tasa porque el Gobierno central no ha ofrecido ninguna alternativa a los municipios que no sea el imperativo legal de adecuar la recaudación al coste real del servicio". "No es una cuestión que afecte sólo a Alicante", ha continuado el edil, "todos los ayuntamientos se han visto obligados a incrementar la tasa que los ciudadanos pagan por la recogida y tratamiento de la basura", ha explicado, a través de un comunicado.
Así, la misma nota pública resume las condiciones del acuerdo dictaminado favorablemente, al precisar que la nueva tasa de basura a la que se da pie con la actualización de la ordenanza fiscal "tendrá en cuenta tanto los metros como el valor catastral de los inmuebles, al igual que en el caso de las oficinas, los comercios, los restaurantes, bares y cafeterías y las áreas industriales". "También establece los parámetros para los inmuebles de uso religioso, deportivo, espectáculos y colegios, así como el hospedaje", añaden las mismas fuentes. "Esta ordenanza aplicará exenciones, reducciones y bonificaciones en las tasas por colaborar en la recogida selectiva en origen, es decir, en los domicilios y por el depósito en los contenedores con el uso de la tarjeta electrónica o la aplicación (app) de ‘Tu haces Alicante’ que pueden llegar al 20%" del importe del recibo, concreta el comunicado.
En segundo término, al margen de las consideraciones expuestas por Barceló en el transcurso de la comisión -que han dado pie a que se promueva la solicitud de un informe al CJC sobre la responsabilidad personal de los concejales que votasen en contra de la actualización de la tasa-, el edil socialista Raúl Ruiz ha indicado que la propuesta planteada por el PP supone la aplicación de una tasa "profundamente injusta". "No respetan la voluntad expresada en la directiva europea para que paguen más quienes más contaminan, es más, en lugar de repartir los costes de la basura, Barcala ha querido cargar a las familias de las clases medias y trabajadoras con la mayor parte de los costes", ha considerado. "No es normal que en una ciudad como esta, que exhibe contenedores desbordados día y noche, pensemos que cuatro quintas partes de sus residuos los producen las familias alicantinas. Es una tasa que nos hace más desiguales", ha remarcado.
En tercer lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha considerado que el dictamen alcanzado respecto a la ordenanza fiscal supone de facto la constitución de un bipartito entre PP y Vox. "El acuerdo presentado ayer de presupuestos contemplaba, hoy lo hemos visto, aprobar la tasa de basuras, es decir, incrementar casi por 5 la tasa a los domicilios, porque reparte la factura total en un 80% sobre los hogares y sólo un 20% sobre la actividad económica. Nos venden que van a bajar el IBI tres euros por domicilio, pero nos hinchan a tasas de basuras, ampliar zona azul, más multas, más radares...", ha apuntado.
"En definitiva, los que vinieron a la política a reducir los impuestos nos presentan más impuestos a las clases trabajadoras, más altos cargos con sueldos de ministros, más gastos en protocolo, en fiestas, en representación. En resumen, el Partido Popular de siempre, el que empobrece los servicios públicos, el que no habla de cómo solucionar el acceso a la vivienda, el que no habla de industrializar y en generar oportunidades, el que no habla de adaptar la ciudad al cambio climático. PP y Vox que están empobreciendo la ciudad y mermando nuestra calidad de vida", ha concluido.
De igual modo, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que "la abstención de Vox ha sido el culmen del teatrillo ejecutado a la perfección por el PP y Vox. La derechita cobarde de Vox se ha dejado coaccionar por un informe del secretario del pleno. Un informe del secretario del pleno, o de Barcala, no lo tenemos claro, ha sido la coartada perfecta para que Vox tenga una excusa para abstenerse. Un informe que pretende coaccionar a quienes ejercemos cargo público en este ayuntamiento", ha apuntado.
"Vergonzosa y manipuladora manera de utilizar la política la de ambas formaciones. Que la gente que vota a Vox sepa que cuando les vota está votando para apuntalar al PP. Ya tenemos los responsables políticos de una subida desmedida de la tasa de basuras y con bonificaciones totalmente insuficientes. PP y Vox no han hecho nada para no perjudicar la economía de las familias alicantinas. Y todo además pese a la gestión nefasta de la limpieza en nuestra ciudad. Un episodio más de las nefastas consecuencias del matrimonio de conveniencia de PP y Vox. Que lo recuerden los alicantinos en las elecciones de 2027. Que no lo olviden", ha apostillado.
Vox, por su parte, ha eludido formular valoraciones respecto al dictamen de la comisión, aunque, según fuentes consultadas, sus representantes compartirían el criterio del informe del secretario en este caso concreto, a pesar de que, en el transcurso de la sesión, hayan reproducido su rechazo respecto al criterio mantenido por el alto funcionario que impidió que Ortolá pudiese participar en el pleno extraordinario en el que se promovió la cuarta modificación de crédito del presupuesto de 2024 para destinar 1,5 millones a los municipios afectados por la dana de Valencia. De hecho, Vox anunció el estudio de acciones legales frente a esa decisión en su momento, sin que se haya confirmado su registro.
