ALICANTE. La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha ordenado el cese de actividad de las tres empresas que descargan graneles al aire libre en el Puerto de Alicante y les ha instado a solicitar una licencia ambiental. La decisión, según ha informado el Consistorio este viernes, se ha tomado tras desestimar los recursos de reposición que las sociedades afectadas plantearon contra la exigencia de licencia ambiental dictada el pasado agosto.
En el escrito, Urbanismo señala, además, que el plazo dado en agosto terminaba en septiembre y que por eso se dejan sin efecto las declaraciones responsables presentas por las tres mercantiles en diciembre del año pasado. Según han precisado, el vicealcalde y concejal de Urbanismo y Limpieza, Miguel Ángel Pavón, ha firmado seis decretos (dos para cada una de las empresas) mediante los que el Ayuntamiento desestima los recursos de reposición de Alicante Port SL, Berge Maritima SL y Cesa Alicante SA y ordena el cese de la actividad, para "cuya eventual legalización requeriría la presentación de las correspondientes solicitudes de licencia ambiental".
"Los técnicos municipales consideran que con una simple declaración responsable no puede autorizarse la actividad; que el instrumento de intervención ambiental aplicable es el de licencia ambiental, tal y como también considera la propia Generalitat Valenciana; y que, procede ordenar el cese de la actividad por carecer del instrumento de intervención adecuado. Esperamos que en breve las tres empresas soliciten las correspondientes licencias ambientales", ha señalado el edil.
Los decretos reproducen el contenido de los informes evacuados por la Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental y por el Adjunto a dicha Jefatura, informes que son "concluyentes" en cuanto a la exigencia de licencia ambiental para el desarrollo de la actividad y a la improcedencia de que la actividad pueda autorizarse mediante una declaración responsable. "Desde que las empresas presentaron sus respectivas declaraciones responsables, en diciembre de 2016, se las ha emplazado en varias ocasiones a que solicitaran la correspondiente licencia ambiental para regularizar la actividad, en mayo y en agosto de 2017, sin que se haya presentado solicitud de licencia alguna", ha lamentado Pavón.
"La legislación aplicable me impide dar más plazos a las empresas y me obliga a ordenar el cese temporal de la actividad. Si las empresas hubieran solicitado las licencias exigibles no habríamos dado este paso, que entendemos imprescindible para que se respete la legalidad aplicable y para que la actividad de manipulación de graneles en el Puerto de Alicante se desarrolle con plenas garantías ambientales y sanitarias, siendo en ese sentido la mejor solución tecnológica disponible las naves cerradas en depresión, con las que cuentan otros puertos del Estado", ha concluido Miguel Ángel Pavón.
