TORREVIEJA.- Nueva condena por prevaricación contra la ex edil y teniente alcalde de Torrevieja, Carmen Gómez. Ahora, la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a la ex regidora a nueve años de inhabilitación por encargar sin expediente de contratación un plan de choque de limpieza a la mercantil Acciona, concesionaria del servicio de limpieza viaria de la ciudad, durante el verano de 2019, según ha adelantado el diario Información. La nueva sentencia se suma a la conocida en julio de este mismo año 2025, cuando también la Audiencia condenó a otros siete años de inhabilitación a la ex  regidora de Contratación, Parques, Jardines y Aseo Urbano por el PP por un delito de prevaricación en la adjudicación de servicios del Taller de Empleo Mediterráneo VIII, enmarcado en la construcción del jardín La Siesta-Chaparral.

Así, en el fallo judicial del a Audiencia se recoge que "no consta que la concejala solicitara ningún informe que acreditara la necesidad del servicio, ni que verificara la existencia de consignación presupuestaria para asumir los pagos comprometidos". Tampoco se comprobó si los precios se ajustaban al mercado, decisiones que, según el documento, Carmen Gómez adoptó por iniciativa propia.

En el juicio, la edil argumentó que el citado plan de choque que encargó a dedo a la concesionaria no debía tener coste para las arcas municipales y que en anteriores ocasiones, estos servicios habían sido facturados en el ámbito del coste ordinario de la concesión.

En fallo, por tanto, recoge que para la ejecución de esos servicios extraordinarios, la exconcejala nunca ordenó a los servicios de Contratación del Consistorio que se iniciara el expediente para adjudicarlo, algo, además, de lo que fue "expresamente advertida por el técnico responsable".

Tanto de esta sentencia, como de la anterior, es que en ambos casos Carmen Gómez tiró de órdenes verbales para encargar los trabajos, pese a ser la responsable del área de Contratación. Ambos fallos judiciales abundan en el argumento de que la contratación de este tipo de servicios requiere de requisitos de publicidad y concurrencia", lo que "hace imposible" que un edil ordene contratar directamente con empresas "cuando la selección debería someterse a un procedimiento administrativo previo".