SAN MIGUEL DE SALINAS. San Miguel de Salinas ha renunciado a una subvención de 392.552 euros destinada a la separación de residuos y a la recogida de ropa y aceite usado, concedida en 2022 y con un plazo de ejecución de tres años que expiró en junio de este año sin que se realizara gestión alguna. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana del 4 de diciembre certifica oficialmente la renuncia municipal a la ayuda, que permitía financiar hasta el 90% de la compra de camiones eléctricos, contenedores, programas informáticos y campañas informativas para fomentar el reciclaje.

La decisión ha reavivado las críticas sobre el funcionamiento del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. Vecinos y vecinas aseguran que se trata del servicio “más cuestionado, peor valorado y más caro” del municipio, pese a que el contrato lleva caducado cuatro años y el Ayuntamiento aún no ha licitado uno nuevo. Denuncian contenedores sucios, bolsas acumuladas, enseres abandonados durante días y proliferación de insectos y roedores.

El coste del servicio asciende a 1,3 millones de euros, lo que supone 195 euros por habitante. La empresa que lo presta en San Miguel, Actúa, factura en el vecino municipio de Rafal diez euros menos por residente, según señala la asociación vecinal. A ello se suman sobrecostes adicionales: el Ayuntamiento contrata barrenderos por 71.311 euros y el servicio de un ecoparque móvil por otros 21.337 euros, pese a que estas prestaciones están incluidas en el contrato principal.

La entidad vecinal también alerta de posibles costes extra en la gestión de la recogida de residuos del plan parcial SUS-A. Según la concejala del área, la empresa urbanizadora recoge los contenedores al no estar recepcionada la urbanización, pero no asume el traslado a la planta de tratamiento. La asociación asegura haber solicitado una confirmación por escrito el 9 de octubre sin haber recibido respuesta alguna.

Otro punto de fricción es la estructura de la tasa de basuras. La asociación considera que el reparto es “injusto e inequitativo”, porque no se basa en la generación de residuos, sino en un impuesto que grava por igual a viviendas y negocios, con independencia de su comportamiento ambiental. Los hogares pagan 131 euros al año, mientras que oficinas, cafeterías o bancos abonan apenas 29 euros más y los grandes generadores —talleres, restaurantes, supermercados— solo duplican la cuota de una vivienda.

“Paga lo mismo quien tiene buenas prácticas que quien no”, subraya la asociación, que advierte de que la renuncia a impulsar la separación de residuos compromete el futuro del municipio, obligando a una subida “progresiva y espectacular” de la tasa o a compensarla con otros impuestos. Esto, añaden, repercutirá en la imagen de la localidad, la higiene de los espacios públicos y el bolsillo de los contribuyentes.

Ante esta situación, la asociación de vecinas y vecinos ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con el objetivo de instar al Ayuntamiento a reformar la ordenanza fiscal y buscar un “cambio de gestión” que permita salir del “callejón sin salida” en el que, afirman, se encuentra el municipio en materia de residuos.