El máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, en la tribuna del estadio. Foto: JUAN CARLOS SOLERALICANTE. El cierre de la subasta del Rico Pérez continúa pasando necesariamente por la puerta del Ayuntamiento de Alicante por una cuestión puramente técnica de consecuencias inciertas. A expensas de que pueda producirse una mejora en la puja presentada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) -de acuerdo con el plazo legal de 10 días concedido por el juzgado de lo Mercantil que tutela el proceso de liquidación de Aligestión- todo parece indicar que la Concejalía de Patrimonio, primero, y la Junta de Gobierno, después, tendrán la última palabra para deshacer el entuerto que todavía sigue sin resolverse sobre quién es realmente el propietario oficial del estadio.
Como informó Alicante Plaza, el administrador concursal que pilota la extinción de Aligestión ha requerido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Alicante -la última vez hace alrededor de un mes- para que cancelase la condición resolutoria que aún lastra la inscripción del campo a nombre de esa sociedad en el Registro de la Propiedad desde que se cerró venta, en 2007. El anterior equipo de Gobierno, del PP, no llegó a cancelar esa cláusula, pese a que sí se dio por buena la perfección del contrato con un informe firmado por el exgerente de Urbanismo, Enrique Sanus, en el que se daba conformidad a las obras de reforma exigidas sobre el edificio con una inversión mínima de 4,3 millones.
El actual equipo de Gobierno, el tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, tampoco ha levantado esa condición resolutoria. Es más, se ha centrado en tratar de constatar si efectivamente esas obras se llegaron a ejecutar, ya que, primero, en dependencias municipales no se conservaba prueba documental alguna que permitiese comparar el proyecto con el trabajo ejecutado. Y, después, tras conseguir una copia, se comprobó visualmente que se habían llevado a cabo otras obras -valoradas por Aligestión en más de 7 millones- que no se correspondían con el proyecto inicial.
Las fuentes consultadas precisan que probablemente se deba recurrir a una consulta ante los servicios jurídicos municipales antes de elevar una propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno
El penúltimo episodio sobre la controversia se registró hace cerca de una semana, cuando la Concejalía de Patrimonio requirió a la de Urbanismo un informe sobre la situación de ese expediente sobre la reforma del estadio, a la vista de la última petición del administrador concursal.
Según pudo saber este diario, Urbanismo acaba de responder a esa petición con dos precisiones concretas. La primera, que Urbanismo no es el órgano competente para cancelar esa condición resolutoria. Y la segunda, que a la vista de los dos últimos informes técnicos elaborados hasta la fecha, en noviembre de 2015 y en el mismo mes de 2016, resulta imposible determinar si las obras exigidas por contrato se han llevado a cabo. Es más, se ha detectado otras actuaciones no previstas sobre las que no consta la concesión de licencia. Y se incide en que ni Aligestión ni el Hércules han aportado pruebas para avalar la ejecución de la parte legal de la reforma pese a que se les ha requerido en varias ocasiones. Es decir, que hasta ahora Urbanismo no puede precisar si el contrato de venta se ha cumplido o no, aunque sí maneja indicios suficientes para pensar que las obras no se han ajustado a lo previsto.
La respuesta de Urbanismo deja la decisión sobre la condición resolutoria en manos de Patrimonio. Según las fuentes consultadas, probablemente se tendrá que elevar una consulta a los servicios jurídicos municipales antes para poder elevar un acuerdo definitivo ante la Junta de Gobierno. Sea como fuere, lo que sí está descartado por los tres socios que conforman el tripartito es la posibilidad de reclamar la titularidad del estadio en base a ese hipotético incumplimiento de contrato (por la inejecución de la reforma prevista). Ese escenario obligaría al Ayuntamiento a devolver a Aligestión el precio pagado por el campo: 7 millones.
