Suelo en Rabassa donde se proyectaba la ATE de Ikea. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. La promotora alicantina Urbanika, que en las últimas décadas ha impulsado sin éxito en la ciudad proyectos como el Plan Rabassa o la implantación de Ikea, sigue adelante con el proceso de liquidación ordenada que puso en marcha el pasado mes de junio, tal como adelantó Alicante Plaza. Dentro de este proceso, esta semana ha activado la disolución de cinco filiales de la promotora, tal como refleja el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Las sociedades, de las que Urbanika era socio único y en las que a partir de ahora la propia mercantil ejercerá como liquidadora, son Valle Levante SL, Vistahermosa Ciudad SL, Viviendas del Mediterráneo Orbi SL, Santa Pola Green SL, y Alicante Avanza SL. Esta última sociedad, precisamente, fue la que impulsó el aterrizaje de Ikea en los terrenos de Rabassa donde anteriormente Urbanika había intentado promover la construcción de 14.000 viviendas, un plan aprobado por Ayuntamiento y Consell y tumbado por la justicia.
El movimiento reflejado esta semana en el Borme es puramente formal: hasta ahora, Urbanika, propietaria del 100% del capital social de todas estas filiales, ocupaba el cargo de administradora única de las cinco. A partir de ahora, tal como exige la ley, cesa en dicho cargo y asume el de liquidadora. En todo caso, como ya ha explicado este diario, la desaparición de Urbanika es fruto de una decisión voluntaria respaldada por sus socios, y no forzada por un proceso concursal, de forma que la disolución de todas estas mercantiles es voluntaria.
Como adelantó Alicante Plaza en junio, los socios de Urbanika decidieron cerrar la empresa debido a la imposibilidad de sacar adelante sus principales proyectos, a lo que se sumaba "la incertidumbre económica causada por el covid-19". Así, "la junta general de socios aprobó la disolución voluntaria de la sociedad, considerando que se trata de la mejor opción para sus empleados, acreedores y deudores", argumentaron entonces fuentes de la compañía. La disolución de la sociedad conlleva la apertura del periodo de liquidación, durante el cual el nuevo órgano de gestión procederá a la liquidación ordenada de sus activos y pasivos, "sin que sea posible determinar, en el momento actual, la duración del periodo de liquidación".
No hay que olvidar que el objeto social de Urbanika consiste esencialmente en actuar como agente urbanizador, tal como se entiende en la normativa urbanística valenciana. Durante los últimos ejercicios, ha tratado de impulsar la tramitación de distintos programas urbanísticos en los sectores donde es titular de bienes inmuebles, "todo ello sin éxito, bien por motivos técnicos, bien por la falta de financiación externa para impulsar el desarrollo de dichos programas", explican estas fuentes.
Del capital de Urbanika forman parte varias sociedades del Grupo Cívica, de la familia de Enrique Ortiz, que controlan cerca del 30% de la promotora, así como una filial del grupo Villar Mir (Alnab SA), que posee algo menos de un 20%. El socio mayoritario, con algo más del 51% del capital, es la firma alicantina Actual Inversiones 2014, dirigida por el empresario Miguel Carratalá. Decidida la extinción de la sociedad, sus accionistas han designado una comisión liquidadora, de la que forman parte Actual Inversiones 2014, Gestizor SL y Predios Urbanos SA, con esta última sociedad como presidenta. Miguel Carratalá ocupará el cargo de secretario de la comisión.
La liquidación de Urbanika tiene un claro interesado: el 'banco malo' o Sareb, dueño de la práctica totalidad del crédito de la promotora. Como también ha desvelado este periódico, Urbanika adeuda 480 millones (contando intereses) a la Sareb. El 'banco malo' asumió los créditos que las distintas entidades financieras habían concedido en su día a Urbanika, cuando parecía factible sacar adelante el conocido como Plan Rabassa. En el balance de Urbanika figuran también terrenos, solares y promociones en curso valorados, en el epígrafe de "existencias", en un total de 231 millones de euros. Muchos de esos terrenos, de hecho, están concedidos en garantía hipotecaria al 'banco malo', así como la pignoración de las participaciones de una sociedad dependiente.
