Suelo en Rabassa donde se proyectaba la ATE de Ikea. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los socios de la promotora alicantina Urbanika, anteriormente conocida como Deproinmed y que durante las dos últimas décadas ha intentado sin éxito promover una urbanización de viviendas (conocida como Plan Rabassa) y una zona comercial para Ikea (bajo la fórmula de la Actuación Territorial Estratégica) en los terrenos entre el cuartel de Rabassa en Alicante y la autovía, han decidido disolver la sociedad. Una vez enterradas ambas actuaciones y ante la dificultad para sacar adelante un proyecto en la zona, la junta general de socios celebrada el pasado mayo dio luz verde a la liquidación ordenada de la firma.
Del capital de Urbanika forman parte varias sociedades del Grupo Cívica, de la familia de Enrique Ortiz, que controlan cerca del 30% de la promotora, así como una filial del grupo Villar Mir (Alnab SA), que posee algo menos de un 20%. El socio mayoritario, con algo más del 51% del capital, es la firma alicantina Actual Inversiones 2014, dirigida por el empresario Miguel Carratalá. Al menos, así lo reflejan las últimas cuentas aprobadas por la mercantil hace justo un año. Del capital de Urbanika han formado parte en los últimos años otras empresas alicantinas, como CHM, que tuvo en torno al 5%, y varios bancos, incluidos Bankia y CaixaBank (ahora fusionados), además de una participada de la extinta CAM.
No obstante, la banca salió en 2015 en una operación de reducción de capital que incluía también condonación de parte de la deuda. En estos momentos, o al menos hasta hace unos meses, el principal acreedor de Urbanika era la Sareb o 'banco malo', con quien la promotora mantenía la práctica totalidad de su deuda. De hecho, el balance de Urbanika refleja la existencia de solares valorados en 230 millones de euros en 2020, pero que en su práctica totalidad se encuentran afectos a garantías asociadas al citado endeudamiento. Eso sí, la firma posee parcelas en otras zonas de la ciudad y de la provincia, pero su principal bolsa está en la zona de Rabassa, como se ha explicado.
Decidida la extinción de la sociedad, sus accionistas han designado una comisión liquidadora, de la que forman parte Actual Inversiones 2014, Gestizor SL y Predios Urbanos SA, con esta última sociedad como presidenta. Miguel Carratalá ocupará el cargo de secretario de la comisión. La intención es llevar a cabo una liquidación ordenada del activo y el pasivo de la promotora, al considerar que es "la alternativa más ventajosa tanto para los acreedores como para los deudores" de la firma, una vez abandonados los dos proyectos embarrancados y ante la incertidumbre sobre el futuro de su actividad motivado por la pandemia, según explican fuentes de la empresa.
No hay que olvidar que el objeto social de Urbanika consiste esencialmente en actuar como agente urbanizador, tal como se entiende en la normativa urbanística valenciana. Durante los últimos ejercicios, ha tratado de impulsar la tramitación de distintos programas urbanísticos en los sectores donde es titular de bienes inmuebles, "todo ello sin éxito, bien por motivos técnicos, bien por la falta de financiación externa para impulsar el desarrollo de dichos programas", explican estas fuentes.
"En atención a dichas circunstancias, y a la incertidumbre económica causada por el covid-19, la junta general de socios aprobó la disolución voluntaria de la sociedad, considerando que se trata de la mejor opción para sus empleados, acreedores y deudores", argumentan las citadas fuentes. La disolución de la sociedad conlleva la apertura del periodo de liquidación, durante el cual el nuevo órgano de gestión procederá a la liquidación ordenada de sus activos y pasivos, "sin que sea posible determinar, en el momento actual, la duración del periodo de liquidación".
Como se recordará, la ATE de Ikea que impulsaba Urbanika, para favorecer el aterrizaje de la multinacional sueca en el entorno de la autovía, se enterró definitivamente en el otoño de 2016, después de que el Consell le diese carpetazo al desistir Alicante Avanza (filial de Urbanika) de aplicar las correcciones al proyecto demandadas desde el área de Medio Ambiente. Antes, en 2013, la antigua Deproinmed ya había visto cómo la justicia le tumbaba el Plan Rabassa, que preveía construir hasta 13.000 viviendas en la zona, cuando ya contaba con el visto bueno del Ayuntamiento y del Consell.
