El portavoz de Unides Podem EU en Alicante, Xavier López, conversa con la edil de Acción Social, Julia Llopis, en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El grupo municipal de Unides Podem EU en el Ayuntamiento de Alicante se ha sumado este miércoles al proceso de tramitación de la ordenanza de convivencia cívica con el registro de su propia batería de alegaciones. Portavoces de la coalición han apuntado a través de un comunicado que su objetivo es seguir "luchando para que la conocida como “ordenanza de la vergüenza” no prospere en los términos actuales". Para Unides Podem EU, "el texto de la ordenanza incluye conceptos jurídicos que no existen en el ordenamiento de nuestro país, y que por tanto, suponen un posible foco de arbitrariedades que no deberían tener cabida en nuestro sistema democrático".
En concreto, la coalición alude a términos como "incívicos y antisociales" (art. 2), "buena convivencia ciudadana" (art. 13) u "horas impropias" (art. 18.6), que, según las mismas fuentes, son "de difícil interpretación por su falta de concreción, suponen un quebranto del principio jurídico de taxatividad de las normas sancionadoras y del principio de seguridad jurídica que ha de asistir a las mismas, prescrito por la Constitución Española (art. 9.3 CE)".
La Plataforma contra la Pobreza se concentra este jueves ante el Ayuntamiento para reclamar la retirada de la norma
Por otro lado, la confluencia concreta que "en la citada ordenanza aparecen como sancionables conductas como dormir, orinar o asearse en la vía pública, que afectan directamente a las personas en situación de exclusión social y sin alternativa habitacional o asistencial.
Para el portavoz municipal, Xavier López, "estamos ante una posible vulneración de Derechos Fundamentales de las personas en esta situación, pues no podemos que olvidar que, aquellas personas que no tengan alternativa a la vida en la calle, no tendrán más remedio que realizar sus necesidades vitales básicas en el espacio público, por lo que prohibirles dormir, orinar o lavarse es equivalente a prohibirles vivir". López señala que "es la prueba más evidente que esta ordenanza no pretende combatir la pobreza, si no a las personas pobres".
Al margen de la presentación de alegaciones, por las que han optado varias entidades sociales como Cáritas o la Plataforma contra la Pobreza, además de los sindicatos, se mantiene la campaña de movilizaciones para reclamar la retirada de la ordenanza. De hecho, este mismo jueves, la Plataforma contra la Pobreza ha convocado una nueva concentración a las puertas del Ayuntamiento, durante la celebración del pleno ordinario de la corporación municipal correspondiente al mes de enero.
