Una de las concentraciones de protesta organizadas por los empleados de Servicios Sociales de Alicante frente a la acumulación de tareas, en imagen de archivo.ALICANTE. El arranque de 2025, y el fin de la duración del contrato programa por el que la Generalitat garantizaba la cobertura de más del 60% de los trabajadores de la Concejalía de Bienestar Social de Alicante, vuelve a suponer la extinción de sus contratos, con el consiguiente cruce de reproches entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) y los grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición.
El vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha admitido este martes, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local, que el expediente necesario para que pueda volver a cubrirse esos contratos sigue en trámite una vez que se haya elevado a la Concejalía de Recursos Humanos con el fin de que pueda ajustarse la cobertura de esas plazas con las condiciones del nuevo contrato programa impulsado por el actual Consell para el periodo 2025-2028.
Villar no ha podido precisar en qué momento concreto podría volver a contarse con esos empleados, aunque ha asegurado que el Ayuntamiento estaba acelerando los trámites, en un contexto en el que el gobierno municipal comparte el mismo signo político que el gobierno autonómico. Así ha asegurado que, en ocasiones anteriores, "estábamos hablando que ese contrato programa no se resolvía hasta el mes de abril".
Sea como fuere, sus explicaciones no han evitado la crítica de los representantes municipales de PSOE y Compromís. En primer término, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha elevado una propuesta al equipo de gobierno "para evitar que las familias alicantinas se vean desprotegidas al mermar la plantilla de Servicios Sociales" con motivo de la finalización del contrato programa, que financia la Generalitat Valenciana. En ese sentido, Barceló ha defendido "la necesidad de que todas las plazas se conviertan en estructurales, de forma que exista una plantilla sólida y que, de esta forma, la prestación del servicio no quede a merced de la recepción de subvenciones del Consell".
"No podemos seguir permitiendo que la precariedad de los servicios sociales se sume a la precariedad de las familias sin recursos. Los servicios sociales deben de funcionar al margen de si se reciben antes o después las subvenciones de la Generalitat, porque un mal funcionamiento afecta a familias vulnerables que bajo ningún concepto pueden quedar desatendidas. Debemos dar un paso decidido para que estas plazas sean estructurales, y no esperar a unos presupuestos autonómicos que están en el aire", ha considerado.
Así, ha lamentado que "Barcala ya no alza la voz para pedirle a la Generalitat que cumpla con la ciudad de Alicante, ahora se conforma con lo que dice y hace Mazón", ha añadido. En su lugar, Barceló ha defendido que Alicante necesita una plantilla estructural definitiva, "teniendo en cuenta el alto índice de pobreza infantil y la necesidad de proteger a los menores", ha concluido.
De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha lamentado que los trabajadores hayan sido cesados a fecha de 31 de diciembre "sin que sepamos todavía a qué plantilla ni en qué condiciones" se pretende realizar las nuevas contrataciones con el nuevo contrato programa. "Esto va a generar retrasos y listas de espera en la atención a los ciudadanos que se podían haber evitado; antes el equipo de gobierno responsabilizaba al Consell del Botànic de esa situación, y ahora que es el PP quien gobierna, para ellos no hay responsables", ha recriminado.
