Una de las señales informativas sobre el servicio de estacionamiento regulado o zona azul en Alicante. ALICANTE. Los planes de ampliación del servicio de estacionamiento regulado que contempla el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), con la convocatoria del próximo concurso para contratar su prestación vuelve a primera línea del debate político municipal de la mano de Compromís. El grupo municipal de la coalición valencianista ha registrado una pregunta dirigida a la Concejalía de Movilidad que coordina el edil Carlos de Juan en la que insta a precisar el calendario de implantación de nuevas plazas sujetas a ese sistema de aparcamiento controlado en la vía pública y a detallar en cuántas plazas se acabará materializando esa ampliación.
En este sentido, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que el mismo alcalde, Luis Barcala, rechazó que fuese a promoverse la creación de cerca de 5.000 nuevas plazas de estacionamiento controlado en la ciudad, en el transcurso del pleno ordinario de diciembre, por lo que apremia al departamento de Movilidad a concretar el alcance de esa ampliación.
"Acabamos de solicitar al concejal que nos explique sus planes de ampliación de la zona azul y de la zona naranja en esta ciudad; ya ha anticipado que se prevé pasar de las cerca de 1.800 que existen en la actualidad a más de 5.000", ha señalado, en alusión al primero de los escenarios que se contemplan en el estudio de viabilidad sobre la construcción del nuevo depósito municipal de vehículos, previsto en una parcela pública del barrio de Rabasa, en el que también se analizan las opciones de ampliación de plazas de estacionamiento controladas con la nueva contrata, como informó este diario.
En este sentido, Mas ha añadido que, en ese mismo estudio, se contempla incluso la alternativa de llegar a las 8.000 plazas "con el fin de ampliar el negocio" a la futura contrata. Además, ha añadido que su intención es cuestionar también a la misma concejalía sobre las circunstancias que motivaron que se aprobase el pago de "casi medio millón de euros" -413.506 euros, en concreto- a la concesionaria actual para cuadrar la liquidación anual, en un acuerdo que se adoptó en la última sesión de la Junta de Gobierno celebrada en 2024, el pasado 30 de diciembre.
"La empresa pide más dinero al ayuntamiento porque al parecer no lo ha recaudado, y el ayuntamiento se los paga, sin hacer ninguna comprobación", ha sostenido, aunque en la propuesta de acuerdo sí figuran los informes de los técnicos del departamento en los que se cuantifica la liquidación anual del contrato en la misma cuantía solicitada por la empresa concesionaria: la alianza empresarial compuesta por Vectalia y Pavapark.
Mas ha apuntado que ese acuerdo supuso un "negocio redondo; la empresa pide, el ayuntamiento paga y encima ampliamos el negocio", con la creación de nuevas plazas "en siete barrios". "Vamos a pedir explicaciones ya; queremos saber cuándo se va ampliar, cuántas plazas se van a crear y en qué barrios porque le aseguramos al señor De Juan que, sin medidas compensatorias, como los parking disuasorios, sin la mejora de la movilidad y de la mejora del transporte público, no vamos a permitir más impuestos indirectos por aparcar en la ciudad; hay muchas tareas pendientes antes de aplicar este impuesto indirecto a los vecinos y vecinas", ha concluido.
Lo cierto es que, hasta el momento, no se ha llegado a concretar plazos para la licitación del contrato que podría llevar aparejada esa ampliación de plazas de estacionamiento bajo el sistema ORA. En principio, la explotación del servicio actual, a cargo de Vectalia y Pavapark, vence el próximo 25 de enero, aunque todo parece indicar que será necesaria la concesión de una prórroga extraordinaria para que se garantice la continuidad de la prestación, toda vez que todavía no se ha producido la licitación del nuevo servicio.
