ORIHUELA. Dos agentes de la UDEF, un policía encargado de delitos tecnológicos y otro en el departamento de crimen organizado y que fue adscrito al grupo de delicuencia económica, testificaron ayer en el juicio del Caso Brugal. Ambos policías participaron, bien en registros, bien transcribiendo llamadas y audios y también en seguimientos y vigilancia de algunos de los investigados, ahora encausados por la supuesta trama delictiva en torno a la contrata de basuras de Orihuela. Ambos afirman que sus intervenciones se dieron en momentos puntuales en los que fueron requeridos como apoyo para llevar a cabo las pesquisas y que participaron en momentos concretos ante las necesidades de la investigación. 

Uno de los agentes, que en abril estaba en el departamento de crimen organizado y fue adscrito en abril de 2007 al grupo de delincuencia económica participó en las primeras escuchas a los teléfonos de Ángel Fenoll y Jesús Ferrández. Durante su labor, según aportó el agente en su declaración, él realizaba las escuchas y daba cuenta a su jefe de grupo, el inspector jefe de la UDEF que ya declaró en sesiones anteriores de este juicio. Además, dio cuenta de cómo se realizaban las transcripciones. En principio, transcribían literalmente las escuchas, o en modo de resumen, según el criterio del jefe de grupo y le daban cuenta de lo escuchado. La motivación de estas intervenciones eran las posibles irregularidades en la contrata de basuras de Orihuela. Según la declaración del agente, las conclusiones las sacaba el inspector jefe en base a lo que intervenían y a otras pesquisas. 

El agente, que participó en vigilancias y seguimiento a algunos de los ahora encausados, también estuvo instalaciones de empresas de Ángel Fenoll. Allí se halló una carta de extorsión, una de las llamadas "gaviotas" de 2002 que remitía el empresario Francisco Torrecillas Zapata al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. El testigo reconoció cómo se daba cuenta de esta misiva en uno de los informes. En ella, el empresario expresaba a Camps la "situación insostenible que estoy viviendo por el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina". Ahí, textualmente, Zapata relataba que a pesar de que había colaborado con Medina en la compra de un concejal, no cumplía lo pactado, "llegando a quitarle unos servicios que tenían pactados en Orihuela Costa para dárselos a una empresa en la que participan de manera oculta funcionarios municipales, entre ellos el electricista municipal, además de Jorge Lorente, hermano de Mónica Lorente".