SANTA POLA. Una de las madres cuyos menores se vieron afectados por los daños causados por el derrumbe del colegio la Hispanidad de Santa Pola, ocurrido en enero de 2013, ha presentado una queja ante el Colegio de Abogados de Elche contra el que fuera su letrado, Fernado Coves Botella. ¿La razón? Dejó de representarla el pasado mes de septiembre para defender al acusado, en este caso, al Ayuntamiento de Santa Pola, que está considerado como responsable subsidiario por los hechos que están siendo investigados en el juzgado número tres de Elche.
Según el escrito al que ha tenido acceso Alicante Plaza, la afectada asegura que está personada en la causa 932/2017, abiertas a raíz de una denuncia presentada ante la Udef de la Policía por los hechos ocurridos cuatro años antes. Que compareció ante el juzgado el pasado enero después de no tener noticias de su abogado y de conocer por el propio perfil de Facebook de su letrado que había sido contratado por el Ayuntamiento de Santa Pola (ahora gobernado por el PP) como asesor jurídico en todas las causas penales abiertas contra la institución. Hay que recordar que esas causas están abiertas desde el mandato anterior (entonces gobernaba un cuatripartito de izquierdas) y en algunas de ellas, está personado como perjudicado. Entre ellas, se encuentran el caso de los uniformes de la Policía Local, que tiene dos derivadas (Uniformes Riera y Gil de los Ríos Uniformes); el caso de la Clínica Gran Alacant, y el propio derrumbe del colegio Hispanidad.
Según el testimonio de la afectada, recogido en el escrito presentado ante el Colegio de Abogados de Elche, en el juzgado número tres "le informaron de que mi abogado había renunciado en septiembre, justo antes de ser contratado por el Ayuntamiento de Santa Pola. Ni el letrado ni el procurador me informaron de nada". Asegura la afectada que desde entonces "no ha podido contactar con su antiguo abogado porque le tiene bloqueada en whatsapp y, por tanto, no le puede remitir mensajes".
Relata que le entregó 900 euros en metálico (y en mano) "y desconozco si los trabajos provisionados han sido ejecutados". La afectada dice que no tiene factura ni otro documento que acredite la entrega del dinero "Me dijo que me entregaría la minuta cuando le abonase la cuantía total (2.000 euros) que me iba a cobrar por estar personada en el procedimiento penal). Y de su antiguo representado, dice que "ni me ha comunicado la renuncia a mi representación ni me ha devuelto los documentos que le entregue para la personación". Por todo ello, ha solicitado al colegio de abogados ilicitano que se adopte medidas por la actuación llevada a cabo por el letrado en cuestión, si es que existen irregularidades.
Alicante Plaza intentó este martes ponerse en contacto con Fernando Coves para conocer su versión de los hecho, a través de su despacho, y del propio ayuntamiento sin que obtener respuesta. Hay que recordar que la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, anunció el pasado 4 de octubre la contratación de Coves Botella como abogado independiente, "especializado en derecho penal, en derecho administrativo, y urbanístico", con el objetivo de que determine si en las causas penales en las que se encuentra personada el Ayuntamiento de Sana Pola, se mantiene como acusación particular o bien como perjudicado a los efectos de solicitar responsabilidad civil.