Un recurso contra una orden ministerial dilata la decisión sobre el bar de la isla "pirata" de Benidorm

BENIDORM. El bar de la isla de Benidorm depende de muchos factores legales que estarían en estudio para su futuro en este terreno tan especial de la ciudad de los rascacielos, entre otros, un recurso de los propietarios podría estar dilatando la decisión al respecto del gobierno central. A pesar de llevar unos 50 años en funcionamiento, es en los últimos años cuando se está cuestionando de manera continuada la legalidad de este servicio en un paraje protegido por la Generalitat Valenciana dentro del parque natural de Serra Gelada. 

Tal y como adelantó este diario hace unos días, era en agosto cuando pedían la licencia de apertura al Ayuntamiento de Benidorm para el establecimiento. Algo que hacía evidente que habían estado durante estos años sin este permiso, necesario para todos tipo de negocios.

Preguntado por esta situación, la concejal de Urbanismo y Aperturas de Benidorm, Lourdes Caselles, indicó que la potestad para tomar cualquier tipo de decisión con respecto a la actividad del bar la tiene el servicio provincial de Costas. Pero éstos tienen una versión que dista de la de la capital de la Costa Blanca.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica –antes Medio Ambiente– señalaron a este diario que hay tres administraciones que tienen responsabilidad frente a este establecimiento: el ayuntamiento, la comunidad autónoma y ellos mismos. Así, recordaron que en 2005, con el nuevo deslinde, este terreno pasó a ser de dominio público marítimo-terrestre. La cuestión es que previamente ya había allí un bar.

Es entonces cuando entra en juego la concesión transitoria, que es la que se otorga en estos casos para regularizar la situación siempre y cuando cumpla con dos claves: acreditar la titularidad del registro de la finca y que la ocupación sea legal. En este sentido, en enero de 2017 Costas incoó un expediente de oficio para conocer la situación legal del islote. Como consecuencia, se le dio audiencia a los dos interesados: ayuntamiento y los propietarios del bar.

¿Respuesta? Ninguno acredita los dos requisitos y por tanto, el 25 de octubre de 2017 se emite una orden ministerial por la cual resuelven que no hay lugar a la concesión transitoria.

Pero la propiedad, lejos de arrugarse, presenta un recurso de reposición contra la orden ministerial, es decir, contra la la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que aún está pendiente de resolver. Pero, si no les han dado concesión transitoria para ocupar la isla, ¿cuál es su futuro? Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, hasta que no se aclare el recurso, no podrán tomar ningún tipo de decisión.

No obstante, indicaron que no son los únicos que tienen que velar por la ley. Como se decía, la conselleria de Medio Ambiente también tiene que hacer cumplir con la protección como parque natural así como controlar los vertidos al mar. Esto último sigue con un expediente abierto del que según fuentes cercanas a la investigación, reseñaron que se habrían tomado medidas provisionales que la empresa ya habría paliado, motivo por el cual ha permanecido todo este verano abierto.

Eso sí, abierto sin permiso municipal para tal efecto. Ante la petición de licencia de apertura, el Ayuntamiento se escuda en que Costas tiene la última palabra, ya que están a la espera de que emitan un informe sectorial necesario para resolver dicha licencia.

En este sentido, fuentes del Ministerio indicaron que como así se recoge en la documentación, fue el propio ayuntamiento el que construyó dicho edificio. Como consecuencia, son ellos lo que tienen que "habilitar una licencia municipal de actividad e investigar por qué sigue abierto sin permiso".

Regularizar el bar

Por otro lado, hay que recordar que el Ayuntamiento cursó una petición a Costas para que se le concediera el uso de dicha isla para sacar a licitación la explotación del establecimiento. Según pudo saber este diario por ambas partes, las dos administraciones ya se han reunido y el Ministerio les ha pedido que hagan una propuesta acorde a las características que se les especificaron para que se pueda legalizar.

Algo que confirmaron fuentes del Consistorio afirmando que no se ha presentado aún ya que "se está estudiando la viabilidad técnica, jurídica y administrativa, de poder incluirlo en el proyecto de explotación de actividades lúdicas de la playa". Un documento que se entrega a principios de año.