Ayuntamiento de Orihuela. Foto: RAFA MOLINAORIHUELA. El juzgado de lo Social de Elche ha admitido a trámite las 26 denuncias presentadas por trabajadoras y trabajadores que entre agosto de 2018 y agosto de 2019 desempeñaron labores para el Ayuntamiento de Orihuela a través del programa de empleo juvenil EMPUJU y EMCUJU. Alegan despido improcedente.
El caso suma un nuevo capítulo. El año pasado, el Ayuntamiento de Orihuela reclamó a varias trabajadoras y trabajadores que reintegraran parte del sueldo percibido al haber cobrado más de lo que se había fijado. El consistorio alegó que se trató de un "error administrativo" y por ello tendrían que devolver el importe que percibieron 'extra'. Algunas de estas reclamaciones se hicieron efectivas y dos ex empleados del plan EMPUJU ingresaron al consistorio 3.478 euros y ocho del EMCUJU, 15.027 euros.
Una inspección laboral cambió el sentido de los hechos y la redirigió hacia el lado opuesto, como adelantó Alicante Plaza. La investigación de inspección de Trabajo y Seguridad Social de Trabajo concluyó que los trabajadores y trabajdoras de los programas de empleo EMPUJU y EMCUJU no habían percibido el mismo salario que un trabajador del Ayuntamiento que desarrolle las mismas funciones. Cobraron por debajo del convenio laboral fijado en el consistorio e incluso algunos, menos que el salario mínimo interprofesional, tal y como denunció Comisiones Obreras. La inspectora de trabajo trasladó el 30 de abril del presente año un requerimiento al Ayuntamiento para que hiciera efectivo el pago de las diferencias salariales y la cotización a la seguridad social con límite de 1 de julio. La concejala de Recursos Humanos, Luisa Boné, señala que ya se han hecho efectivos los pagos. Las arcas municipales ha desembolsado 158.907 euros para pagar a los 64 empleados de estos planes de empleo. De éstos, 109.286 euros son en materia de salarios, en el que se incluye el 20% de recargo que se exige por la demora en los pagos. Y 49.621 euros corresponden a la Seguridad Social, recargo del 20% también incluido.
Ahora, el juzgado de lo social de Elche tramitará las denuncias impuestas por 26 ex trabajadores y trabajadoras de los dos planes de empleo. La edil de Recursos Humanos explica que "lo que reclaman es que el despido es nulo o improcedente, y que el ayuntamiento los readminita o les pague la indemización de 33 días de salario por no haberles comunicado el cese". Boné asegura que "el ayuntamiento no está obligado porque el contrato no es superior a un año, y los contratos que no superan un año, por ley no es obligatorio tener que comunicar el cese".
En cuanto a las indemnizaciones, la edil remarca que ya se abonaron a los trabajadores del programa EMCUJU (plan de empleo con formación cualificada) mientras que a los EMPUJU no al ser contrato en prácticas. Otra de las reclamaciones que se incluyen en las denuncias es en base al cobro del salario que le correspondía tras el dictamen de la inspectora de trabajo y que según la edil ya se ha solventado. Para la edil, el juzgado ha tramitado las denuncias porque no ha entrado "al fondo del asunto". "Por ejemplo el juez no sabe que ya se ha pagado las reclamaciones salariales" concluye.
Ayer, en Junta de Gobierno Local se aprobó la designación al despacho de abogados Ros Castejón la defensa del Ayuntamiento. Esta mercantil lleva es la adjudicataria de la asesoría jurídica del consistorio.
