Fachada del Ayuntamiento de Orihuela. Foto: RAFA MOLINAORIHUELA. El proceso para formalizar un contrato para la asistencia judicial en Orihuela recibió un recurso de impugnación por parte de una firma de Torrevieja, que finalmente ha sido desestimado. La empresa Civil SP, firma legal de la localidad torrevejense, presentó una solicitud en la que pedían impugnar el requisito de solvencia técnica y su valoración porque el pliego exigía la experiencia en cuestiones administrativas. No obstante, el proceso para encontrar la defensa del Ayuntamiento que llevará las acciones judiciales y también deberá formular peticiones o reclamaciones administrativas, así como recursos jurisdiccionales, ahora continúa su curso porque se ha desestimado está impugnación.
El proceso está abierto en la etapa de recepción de ofertas de firmas para formalizar el contrato. En este sentido, la adjudicataria, además, tendrá que asumir la defensa del Ayuntamiento frente a las reclamaciones y recursos que se interpongan ante tribunales. La propuesta de contrato, emitido por la Secretaría General, ahonda en la necesidad de contratar de nuevo el servicio, que acaba el 31 de octubre de 2019. El Ayuntamiento de Orihuela presenta una gran litigiosidad, especialmente en lo contencioso-administrativo y, de hecho tiene pendientes, desde 2016 hasta el momento, más de 220 procedimientos en contra. Además, en este momento no hay en plantilla puestos de trabajo de letrados municipales, por eso se licita la contratación de los servicios especializados de defensa judicial.
Orihuela, con más de 200 procedimientos en contra desde 2016, saca a concurso la asistencia jurídica
La necesidad de contratar este servicio, según el Ayuntamiento, es evidente puesto que no pueden renunciar a la defensa, bien de interés público, o bien de defensa a recursos contra los actos y resoluciones municipales y prefieren los servicios de un solo despacho profesional que dirija el conjunto de la defensa del Ayuntamiento de Orihuela. Dentro de la plantilla municipal no se encuentra cubierto, ni creado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) el puesto de Asesoría Jurídica y mientras no se cubra el puesto es preciso contar con un servicio externo. Ahora que han comprobado el crédito suficiente y adecuado, buscan crear esta contratación. El valor estimado del contrato será de 84.700 euros al año y tendrá vigencia por cuatro años con una posible prórroga de un año. El valor estimado del contrato será de 350.000 euros.
Los procedimientos judiciales interpuestos en estos momentos contra el Ayuntamiento de Orihuela, de 2016 a 2019, suman más de 220. De 2016, quedan 49 procesos contenciosos administrativos, nueve por lo social y uno por lo penal. Asimismo, de 2017, existen 45 litigios por lo contencioso administrativo y 34 por lo social. Mientras, en 2018 se presentan 42 juicios por lo contencioso administrativo, 15 por lo social, uno penal y dos de instrucción y primera instancia. Este año, hasta finales de junio, quedan pendientes 13 litigios por lo contencioso administrativo y siete por lo social.
Los servicios previstos por el servicio jurídico serán, entre otros, la emisión de informes a petición de los órganos de gobierno en relación al posible ejercicio de acciones judiciales o en relación a la defensa municipal ante la interposición de cualquier recurso. También incluirá la valoración de la procedencia del inicio de la acción o las posibilidades de la defensa municipal antes de cada proceso. Asimismo, el servicio tendrá que emitir informes relativos a piezas separadas de suspensión y representar al Ayuntamiento en Ayuntamiento de Orihuela ante cualquier juzgado o tribunal.
