El alcalde de Benidorm, Toni Pérez. Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. El pleno de Benidorm de este lunes se preveía largo desde el inicio. Sobre todo por las numerosas contradicciones que hubo la semana anterior con respecto a la moción del PP para liquidar el contrato de la estación de autobuses, que mantiene con la mercantil participada por el empresario alicantino Enrique Ortiz (Estación de Autobuses de Benidorm SL). Finalmente, el punto se quedó sobre la mesa a petición de la oposición.
Los informes se fueron sucediendo hasta el mismo día del pleno y los funcionarios no descansaron ni durante el fin de semana. El viernes Intervención levantaba reparos en las cuestiones económicas y de forma global por "falta del preceptivo sometimiento a fiscalización previas del expediente".
Asimismo, ponía en cuestión que la valoración del inmueble fuera de 29.773.544,31 euros más IVA, afirmando además que existían duplicidades en la suma. Algo que terminó aceptando el secretario municipal y supuso la modificación en un informe fechado el domingo.
Como consecuencia, la enmienda presentada por el PP antes de que se dejara sobre la mesa recogía que la valoración era de 25.429.196,76 euros. Tal y como explicó la concejal de Urbanismo a este diario, Lourdes Caselles, se trata de una cantidad en la que ya está incluido el IVA. Además, reconoció que en la valoración de 29 millones se habían sumado "conceptos que no son aplicables".
El técnico del área de Intervención además pedía que se dieran datos concretos, como es el caso de la cuantificación de las amortizaciones obtenida por el empresario durante estos años, algo que sale en la cláusula 3 –dice el secretario– resultado de dividir el valor de la obra entre 480 meses de duración total del contrato inicial. Eso sí, no se pone una cantidad en concreto.
También indica el interventor que no procede el canon, mientras que el secretario le contradice. Este último reconoce que no está fijado el precio de la indemnización: "Requiere de audiencia y aprobación definitiva tras la licitación para hacer frente a la indemnización", recoge el documento del secretario.
Después de todo, el secretario municipal propone que se levante el reparo de Intervención, algo por lo que no querían pasar los concejales de la oposición, según trasladaron en su mayoría a este diario. Sobre todo, porque el informe que lo decidía se lo habían entregado 10 minutos antes de que se diera un receso de 1 hora, tras el cual, venía el debate del punto en el que tenían que posicionarse.
Alrededor de las 11.15 horas de la mañana, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, anunciaba que se haría un receso de una hora para estudiar el documento que había entrado a los correos de los concejales a las 11.03 horas. Un informe de 23 páginas en las que el secretario, como se ha comentario anteriormente, terminado por pedir que se levante el reparo de Intervención.
Una decisión que ponía entre las cuerdas a aquellos que votaran la propuesta y cuya decisión incluso parecían replantearse algunos de los compañeros de grupo del PP, tal y como pudo constatar este diario durante el receso.
Finalmente, la hora anunciada se alargaba hasta las 13 horas, puesto que el PP necesitaba tiempo para modificar la propuesta, incluyendo la nueva valoración de 25 millones de euros. Algo que terminó por descolocar a los grupos de la oposición y al propio interventor, a quien tiraron por tierra la propuesta que pidieron durante el receso para dar cabida a la del secretario municipal.
No obstante, todo se quedó en nada ya que la oposición pidió que se quedara sobre la mesa, y el alcalde de Benidorm, terminó por aceptarlo, según dijo, porque había concejales que le habían pedido tiempo para estudiar toda la documentación. Votar en contra incluso de la propuesta significaría que están en contra de ejecutar la sentencia del TSJ, algo por lo que no querían pasar tampoco algunos miembros de la oposición consultados.
Es más, durante la petición del PSOE, el portavoz Rubén Martínez, aseguró que de seguir adelante con la moción, los socialistas abandonarían en pleno en bloque para no participar en el debate ni en la toma de decisiones.
La oposición consiguió que se sacara adelante la moción que pide que se cumpla moción del PSOE de 2016 en la que se pedía que se modificara la tasa de basura, que a ojos de los firmantes de la propuesta (PSOE, Ciudadanos, Liberales y Compromís-Los Verdes), tiene un trato desigual entre hoteles, vecinos y comerciantes. Todo ello después de que el PP pidiera la retirada del punto, solicitud que no prosperó. Además, el PP advirtió que llevarlo a cabo cabría la posibilidad de que Generalitat alegara la ordenanza "y que conllevase un incremento del 36 %" en la cuota que pagan los ciudadanos.
De manera sorprendente, los socios del gobierno del PP, los ediles de Ciudadanos por Benidorm, votaron en contra de la retirada del punto 17, petición que realizaba el PP. De esta manera, se saltaban la disciplina de voto de los populares, y es más, hacían un favor a los concejales no adscritos, ya que se trataba de una moción de éstos para la inspección técnica de edificios en la ciudad.
Por otro lado, el pleno ha dado su apoyo unánime al convenio de colaboración entre la Generalitat y los Ayuntamientos de Benidorm, l’Alfàs del Pi y Altea para la vigilancia conjunta de la zona marítima del Parque Natural de Serra Gelada.
Con este servicio conjunto de vigilancia, se pretende “controlar las actuaciones relacionadas con la flora y fauna, control de vertidos, o muestreos analíticos de agua”. Según el convenio, el Ayuntamiento de Benidorm aportará los servicios del guarda y 5.000 euros para sufragar parte del combustible de la embarcación que se encargará de esa vigilancia
El pleno ha aprobado trasladar a la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) el interés de la corporación municipal en que la administración autonómica construya un nuevo Centro de Desarrollo Turístico (CdT) y hacerle llegar, para este fin, la documentación técnica de una parcela municipal junto al Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invattur).
La mayoría de los concejales han acordado ceder la condición de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector Poniente unidad de ejecución (UE) 1 a la mercantil Villaviñas (TM Grupo Inmobiliario) en sustitución de la mercantil Bahía de Alicante. Según el informe del arquitecto municipal, el desarrollo de este PAI es “conveniente” y “necesario” y permitirá una mayor permeabilidad y conectividad de la primera línea de Poniente con la avenida del alcalde Vicente Pérez Devesa. Tras el cambio, el Ayuntamiento deberá devolver a Bahía de Alicante el aval bancario de cerca de 118.000 euros presentado en su día a cuenta del desarrollo del PAI.
También por mayoría, se ha dado el visto bueno al acuerdo entre el Ayuntamiento y los propietarios de la finca número 3 incluida en el Parque de Foietes para el pago de la expropiación de este suelo por 1,9 millones de euros, lo que supone una reducción del 30%. En base a este acuerdo, el pago deberá efectuarse antes del 15 de marzo.
Por amplia mayoría, el pleno ha ratificado el decreto para la cesión de una línea subterránea de baja tensión destinada al suministro eléctrico del nuevo centro de mando del vial de acceso al Palau d’Esports l’Illa.
También con el respaldo mayoritario de la corporación se ha aprobado adjudicar la concesión demanial de paso subterráneo para unir los hoteles Sol y Sombra y Antea, en la Colonia Madrid, y otorgar la licencia de obra correspondiente.
