Un operario municipal, en la retirada de la placa de la antigua Plaza de la División Azul. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE). El Colectivo de Familiares Caídos en Rusia ha pedido a la Fiscalía de Alicante que investigue al equipo de Gobierno del del PP y dilucide si pueden apreciarse posibles indicios de delito por la sustitución de la nomenclatura de la plaza División Azul en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. La de la División Azul ha sido una de las 32 denominaciones de vías que se están sustituyendo en aplicación de dicha Ley. La plaza, en concreto, pasó a denominarse María Yolanda Escrich, una representante vecinal de dicho barrio que ahora se llama Miguel Hernández (antes barrio José Antonio), tras la colocación de la nueva placa, el pasado 8 de octubre.
Ahora, el escrito dirigido a la Fiscalía, facilitado a Efe y que está firmado por el presidente del colectivo, José Luis Marín, señala que, como aceptan varias sentencias en otras ciudades, la Ley de Memoria Histórica no debería afectar a la plaza de División Azul. Prosigue que se trata de una unidad militar española formada tiempo después de que finalizase la Guerra Civil (1936-39), concretamente para luchar contra la Unión Soviética durante la II Guerra Mundial, y que "por lo tanto nada tuvo que ver con la sublevación militar, con la Guerra Civil ni con la represión de la Dictadura".
"Esta circunstancia fue expresamente advertida al ayuntamiento en los recursos (administrativos) de reposición" que se han presentado contra dicho cambio, que Marín cifra en unos 150. El colectivo aprecia los posibles delitos de daños en el patrimonio público, prevaricación y malversación y, entre las iniciativas que demanda, pide que se cifre el gasto incurrido en la sustitución de las placas en la calle.
