Toni Pérez antes de entrar a los Juzgados en una imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARES. BENIDORM. El sindicato UGT del Ayuntamiento de Benidorm afirma que denunciará ante la Fiscalía al alcalde, Toni Pérez. Según aseguraron a este diario, se sienten perseguidos por las actuaciones del primer edil. El último problema deriva de la obligación de desalojar el despacho en el que han estado desde 2003, ordenada por la concejal de Gestión de Recursos Humanos, Ángela Zaragozí, una de las nuevas caras del gobierno del PP.
"Desde el sindicato no le vamos a consentir que se persiga y que se amenace a trabajadoras y trabajadores municipales por sus ideas políticas o sindicales. Nuestros abogados presentaran ante fiscalía, una denuncia en los próximos días contra el acalde Benidorm Toni Pérez por acoso laboral y sindical", rezan en un bando colgado para que lo consulten todos los funcionarios.
El enfrentamiento entre este sindicato y los populares, es tan antiguo como el del SPPLB y los socialistas. Que también ha terminado enfrentando a ambos organismos de representación de los empleados municipales. Hay que recordar que la denuncia interpuesta por el caso de los supuestos enchufes del anterior alcalde Agustín Navarro (PSOE), vino de parte del SPPLB, que terminó repercutiendo al líder de UGT en el proceso judicial.
Y parece que la rueda vuelve a girar, ya que según ha podido saber este diario, el despacho será cedido al SPPLB por motivos de espacio. En este sentido, motivan que es más grande, y por tanto, se lo adjudican al sindicato con más representación en el Ayuntamiento.
Pero eso no es todo, desde UGT denuncian que Toni Pérez habría utilizado la Valoración de Puestos de Trabajo "para renombrar algunos puestos, para eliminar funciones y para congelar el sueldo de los funcionarios que le molestan. Algo que es del todo abusivo y que no le vamos a permitir. La VPT aprobada por el gobierno local es ilegal, no se ajusta a los criterios establecidos, en la ley orgánica de libertad sindical 11/1985. También vulnera el estatuto de los trabajadores y no se ajusta a los principios establecidos en el real decreto 861/1986 de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la administración local".
En la relación de hechos que apuntan desde el sindicato para apoyar la idea del supuesto acoso laboral, indican que "se niega a pagar la defensa jurídica obligatoria a tres trabajadores municipales afiliados a UGT, mientras autoriza el pago por el mismo concepto y por el mismo procedimiento judicial, a otros funcionarios de distinto sindicato y a varios exconcejales".
El alcalde de Benidorm no será nuevo en este tipo de acusaciones. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo tuvo que declarar por una denuncia del mismo tenor, interpuesta por el criminólogo del Ayuntamiento.
Al respecto, el primer edil indicó a este diario que desconoce "quien anuncia la denuncia, pero sí consta que tras las elecciones sindicales de mayo 2019 y en base a los resultados que estas arrojaron se está atendiendo a una reordenación de los espacios que este Ayuntamiento pone a disposición de las centrales sindicales en analogía a lo realizado con los espacios de los grupos políticos y, en función de la variaciones de representación, respetando la proporcionalidad".
Respecto al resto de argumentos, "los niego rotundamente pues no solo desconozco si existe petición alguna de atención de los gastos de la defensa jurídica a tres afiliados a UGT, sino incluso que haya tal número de imputados de ese sindicato. Y además así debe ser".
Al mismo tiempo, manifestó que se trata de asuntos que lleva el servicio jurídico municipal bajo la coordinación de la Secretaría General y "desde mi gobierno siempre actuamos de acuerdo a la Ley y en base a informes técnicos".
Por otra parte, recordó que "la VPT fue elaborada por mandato plenario y tras concurso por una empresa externa e independiente y se aprobó por todas las Centrales Sindicales salvo UGT, condicionándose su aprobación definitiva a una consulta que, llamando a la urnas a la totalidad de la plantilla municipal, obtuvo más de un 73% de los votos de los propios trabajadores y trabajadoras".
Después, el acuerdo fue refrendado por el propio pleno con 23 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra. "Entiendo que estas cosas afecten a quienes luego no les acompañan los resultados, pero de ahí a que se pretenda atribuirme alguna responsabilidad va un mundo. Aún así, si alguna persona o sindicato se siente perjudicado con alguno de estos procedimientos tiene abierta la vía administrativa correspondiente y un gobierno que está comprometido en la defensa de los derechos de los trabajadores con los trabajadores y sus representantes sindicales", concluyó Pérez.
