La oficina turística financiada por la Generalitat en el paseo de Levante del Puerto, junto a La Explanada.ALICANTE. Ahora sí. El Consell inicia la cuenta atrás para ceder al Ayuntamiento de Alicante la oficina de información turística instalada en el paseo de Levante, junto a La Explanada. Turisme Comunitat Valenciana está completando el equipamiento del espacio (en esencia, la instalación de mobiliario) con la previsión de que pueda ponerse en funcionamiento en el inicio de la segunda quincena de julio, como había adelantado este diario. Por lo pronto, el Patronato Municipal de Turismo ya dispone del personal necesario para dotar el edificio de informadores, a través del contrato global concertado con Esatur para el servicio de todas las oficinas turísticas de la ciudad. Así, únicamente restaría que se habilitasen servicios básicos como telefonía o conexión a internet.
En paralelo, el departamento autonómico que coordina Francesc Colomer ultima balances para liquidar la penalización que corresponde aplicar a la empresa adjudicataria de la construcción de la oficina por el retraso en su ejecución. La estructura, ya recepcionada por la Generalitat, se entrega cerca de año y medio después de se iniciasen sus trabajos, en enero de 2019, cuando el plazo de ejecución inicial previsto en las bases del concurso era de cuatro meses.
Lo cierto es que su construcción y montaje se vio afectada por varios temporales que obligaron a suspender su ejecución, con distintos periodos de retraso admitidos y reconocidos por la Generalitat. Sin embargo, hace justo un año, ya se anunció la imposición de penalidades por incumplimiento de contrato después de que se constatase el retraso la ejecución del edificio. En concreto, como apuntaron fuentes de Turisme el pasado octubre, se acordó que se penalizaría a la compañía con la disminución de 264 euros por día de retraso en las certificaciones presentadas mes a mes por los trabajos realizados. De hecho, según las mismas fuentes, es justo ahora cuando se está calculando el importe íntegro de la penalización, después de que se haya recepcionado su construcción.
El contrato para su confección y montaje se adjudicó en mayo de 2018 por un importe de 534.000 euros, lo que supuso un ahorro de cerca de 170.000 euros respecto al precio de licitación (699.000 euros). No obstante, el pasado septiembre, la empresa adjudicataria solicitó el reconocimiento de una revisión de precios por un importe de 133.000 euros tras argumentar que se había visto forzada a emplear materiales más caros respecto a los previstos inicialmente. El departamento autonómico desestimó esa petición, puesto que ese cambio de materiales se había realizado sin autorización previa, a iniciativa de la propia empresa.
