PSOE, Guanyar, Cs y Compromís tildan de contradictorio que el PP reduzca 4 millones en ingresos con la reforma fiscal y pida un crédito de 8 millones para pagar obras / Los 'populares' aceptan propuestas parciales de los cuatro grupos en el cobro de impuestos, como las bonificaciones del IBI a empresas instaladas en suelo vacante o los criterios objetivos de generación de empleo para acceder a ellas
ALICANTE. El PP regresa a la casilla de salida para tratar de sumar a los grupos de la oposición (PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) a su tercera propuesta de modificación del presupuesto de 2018 con la que pretende poner en marcha obras por valor de 12 millones (aunque, en realidad, el cambio propuesto afecta a una suma global de 13,9 millones). Y, de nuevo, no será tarea fácil, ya que las cuatro formaciones albergan seria dudas al respecto.
Lo cierto es que en su mayor parte, esas obras que el PP trata de impulsar ahora son proyectos planificados y diseñados por el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) o por el PSOE, durante su etapa de mandato en solitario (entre noviembre de 2017 y abril de este año), que no se activaron mientras ostentaron responsabilidades de gobierno. Todas esas iniciativas permanecían en el cajón y fueron recibidas en herencia por el actual equipo de Gobierno del PP, como partido más votado en las municipales de 2015 en el pleno de elección de nuevo alcalde, el pasado abril. Y ahora pretende sacarles rédito, precisamente, a las puertas de la próxima cita electoral de mayo de 2019.
Así, tanto el alcalde, el popular Luis Barcala, como el concejal de Hacienda, Carlos Castillo, abrieron este jueves la ronda de contactos con los cuatro grupos políticos para recabar su respaldo con el argumento de la "responsabilidad". Los populares (8 concejales en una corporación de 29 ediles) necesitan reunir más votos a favor que en contra para que el acuerdo quede aprobado en pleno. De ahí que ambos se apresurasen a solicitar la implicación del resto de fuerzas políticas. "Aquí lo que está en juego no es otra cosa que la ejecución presupuestaria del dinero de los alicantinos en beneficio de la ciudad, señaló Barcala.
Así, volvió a rescatar el discurso de la continuidad de su acción política. "No hablamos de proyectos del PP sino de proyectos de todos, que responden a las demandas de los alicantinos. Nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente con nuestro compromiso de sacar adelante todos aquellos proyectos que estuvieran ya redactados y en disposición de ser ejecutados, con independencia de quién los hubiera impulsado. Y eso estamos haciendo, porque Alicante no se puede seguir permitiendo la situación de parálisis que ha existido durante la etapa gobierno del tripartito", abundó Barcala.
El alcalde incidió en que "ahora tenemos la oportunidad de sacar adelante toda una serie de proyectos que van a beneficiar directamente a la ciudad y a los alicantinos, por lo que no se entendería que ningún grupo de la oposición votara en contra o se abstuviera. Más aún en el caso de los grupos del extripartito, cuando hablamos de proyectos que ellos mismos proyectaron. Cualquier voto en contra o abstención sólo se podría interpretar como un interés partidista y electoral, por encima del interés de los alicantinos", añadió.
Ese mensaje no parece haber calado por el momento entre los tres exsocios de gobierno. Y tampoco en las filas de Cs. A las cuatro fuerzas se les plantean serias dudas, según manifestaron sus respectivos portavoces tras conocer los primeros datos de la propuesta del PP y de reunirse con el edil de Hacienda. En primer término, la lideresa municipal del PSOE, Eva Montesinos, señaló que su partido debía analizar en profundidad el alcance de la propuesta antes de decidir el sentido de su voto, aunque sí señaló que los seis ediles socialistas temen que "el partido que llevó a la ruina a esta ciudad", en referencia a la deuda que desencadenó la intervención del Ministerio de Hacienda y la imposición de un plan de ajuste, "vuelva a pedir un crédito de 8 millones". En esta línea, incidió en que carece de sentido que "por una parte se promueva una rebaja lineal del IBI que supone una merma de 4 millones en ingresos para el Ayuntamiento y que, al mismo tiempo, se pida dinero a los bancos y se nos exponga a pagar intereses". Así, aunque señaló que la mayor parte de los proyectos que se pretende financiar fueron redactados durante la etapa en la que el PSOE desempeñó tareas de gobierno y, pese a que reconoció que todos resultan necesarios, avanzó que "el grupo socialista propondrá una lista con aquellos que consideramos prioritarios para que se tengan en cuenta".
El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, por su parte, tampoco desveló cuál podría ser su posición de voto en el pleno y apuntó que, al igual que el PSOE, su formación política plantearía su propia propuesta de prioridades para que el PP las tuviese en consideración. En todo caso, señaló que "en contra no podemos votar porque aparecen recogidas muchas inversiones que nosotros mismos impulsamos desde las concejalías de Urbanismo y Medio ambiente". Así, citó "desde la plaza de la Ciudad de la Justicia, contra la que el PP votó cuando estaba en la oposición y sobre la que ahora celebramos que ahora le dé continuidad, hasta la zona verde de Países Escandinavos, en la playa de San Juan, pasando por la reforma de las plazas de la Viña y del Progreso o por la rehabilitación de la antigua casa de verano de Gabriel Miró en Benisaudet", añadió.
No obstante, advirtió de que "eso no quita para que exijamos más inversiones, ya sea a cargo del préstamo en esta modificación presupuestaria o a cargo del presupuesto de 2019. Para esta modificación vamos a plantear que se añadan nuevas inversiones que promovimos desde el Gobierno, como la reurbanización de calles del barrio de Rabassa (1.200.000 euros) o la mejora de zonas verdes de la margen izquierda del barranco de las Ovejas, en el barrio de Gran Vía Sur. Incluso nuevas inversiones como el asfaltado de más calles en la partida de El Moralet, como las de la Finca Don Jaime, que al ser ya de propiedad municipal el Ayuntamiento puede asfaltarlas y dotarlas de servicios como el alumbrado o el agua potable".
La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, se sumó a las dudas sobre la propuesta. "Tras haber liquidado una deuda financiera de 30 millones de euros, cancelando así el plan de ajuste, y tras impulsar una bajada generalizada de impuestos, que va a implicar menos ingresos, nos parece un tanto incongruente volvernos a endeudar con 8 millones de euros en nuevos créditos; es como descoser lo ya cosido", apuntó. En este sentido, añadió que "en estos temas hay que ir con pies de plomo y en cualquier caso lo más sensato sería esperarse a la confección de los presupuestos de 2019 para fijar las líneas estratégicas en materia de inversiones".
Por último, añadió que "no sabemos cómo quedarán las arcas municipales con las bajadas fiscales, incluido el compromiso de rebajar el impuesto de plusvalía en cuanto se tuviera una liquidación real del mismo". "Y tampoco sabemos, lógicamente, la liquidación del presupuesto de este año", continuó. "Con la operación crediticia que plantea ahora el PP se está empeñando en cierta medida el futuro de la corporación que salga de las urnas en las próximas elecciones, por eso entendemos que se trata de un endeudamiento prematuro", subrayó. Con respecto al remanente existente de 5 millones de euros la portavoz de Cs insistió en "ciertas contradicciones del PP, como por ejemplo la de no destinar un 3% del presupuesto a la mejora de polígonos industriales , asunto que no figura en ninguna parte".
En último término, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, señaló que su formación valorará la propuesta de inversiones que realiza el PP, "producto de la buena gestión económica heredada del gobierno plural progresista de la ciudad". "A diferencia del Ayuntamiento en la ruina que nos encontramos nosotros, con más de 150 millones de deuda y un Plan de Ajuste, ahora el PP se ha encontrado con un Ayuntamiento saneado, con una deuda mínima que lo ha permitido liberarse de la intervención ministerial", añadió.
A su juicio, "ahora Barcala, incapaz de plantear un proyecto propio de ciudad, vive de las rentas de la buena gestión de la izquierda plural, de los proyectos que se habían preparado en estos tres años, y del apoyo que el transfuguismo político le dio para acceder a la alcaldía". En cualquier caso, añadió que Compromís valora que "por fin" desde el gobierno del PP hayan hecho caso a su petición de centrar las prioridades políticas en hacer inversiones en la ciudad, aunque destacó que "el gobierno del PP no puede durar mucho porque de alargarse nos volverían a traer a la senda de la quiebra económica municipal".
El líder de la coalición también lamentó que en esta batería de inversiones "queden fuera proyectos como el de la Capçalera d'Innovació, ahora que hay un impulso institucional decidido a erigir la ciudad de Alicante como foco de atracción de la economía digital, o el Centro de Interpretación de la Guerra, ahora que andamos hacia el 80 aniversario de la finalización de la Guerra Civil española, además de impulsar Alicante, como Capital de la Memoria". Para Bellido, "sólo el sectarismo ideológico y partidista de Barcala y Castillo puede explicar esta decisión". Además, dijo que no se puede entender "cómo proyectos como la urbanización del tramo de Vía Parque existente entre los barrios de Los Ángeles y Tómbola, que ya cuenta con un anteproyecto realizado y que es una reivindicación de los vecinos de estos barrios de hace más de una década, tampoco se haya incluido".
Por último, Bellido volvió a instar al PP a que retire su propuesta claramente demagógica y electoralista de rebaja fiscal del IBI lineal y sin atender a criterios sociales, ya que, a su juicio, es incoherente con poder mantener la capacidad futura de hacer inversiones en la ciudad. "En los próximos años habrá que paliar la atonía inversora municipal que hemos sufrido debido a las severas reglas del Plan de Ajuste que impuso el Gobierno Central como castigo a la gestión de sus compañeros de partido", concluyó Bellido.
De hecho, este jueves también se reactivaron las conversaciones en relación a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales que regulan el IBI, el IAE, el Icio y el IVTM. El concejal de Hacienda, Carlos Castillo, expuso a los representantes de PSOE, Guanyar y Cs (el turno de Compromís es este viernes) cuáles de sus enmiendas podrían quedar incorporadas a la propuesta de acuerdo que se pretende elevar a la comisión de Hacienda, la próxima semana.
Según las fuentes consultadas, Castillo comunicó la predisposición del PP a aceptar algunas enmiendas parciales planteadas. Entre ellas, la bonificación del IBI, IAE e Icio a empresas que se instalen en suelo parcial vacante (a propuesta de Guanyar); el posible aumento del porcentaje de bonificación del IBI por el uso de energía solar (planteada por los cuatro grupos con determinados matices); la ampliación de los supuestos para facilitar el pago fraccionado del IBI (a iniciativa del PSOE) o la inclusión de los criterios objetivos en materia de contratación para poder acceder a las bonificaciones (a propuesta de Cs).
No obstante, la inclusión de esas medidas no garantiza nada. Como mínimo, tanto el PSOE como Compromís insistieron en su rechazo a la rebaja lineal del IBI por lo que no se atisba que puedan emitir un voto favorable. Las posiciones de Guanyar y de Cs dependerán de las enmiendas que acaben incorporándose tras el debate de la propuesta en la comisión de Hacienda y en el pleno.
Por si fuera poco, los cinco grupos políticos representados en el Ayuntamiento (PP y los cuatro partidos de la oposición) protagonizaron una nueva disputa este jueves en el transcurso de la reunión de la Junta General del Patronato de Vivienda. Los grupos de la oposición forzaron al PP a retirar tres de los puntos del orden del día que debían debatirse en la sesión: la propuesta de permuta de un solar municipal en el Casco Antiguo (Guanyar pidió que se valorase recuperar el anteproyecto elaborado por el Patronato para promover un edificio residencial en esa finca); la licitación del contrato de limpieza de las dependencias del Patronato (Cs pidió que se reformulase el pliego para incorporar cláusulas sociales); y una propuesta de modificación de crédito (que debía pasar primero por la comisión ejecutiva, antes de votarse en la Junta General).