El promotor Enrique Ortiz junto a la exalcaldesa, Sonia Castedo, en el palco del Rico Pérez, en imagen de archivo.ALICANTE (EFE/AP). Cuenta atrás de menos de 24 horas para el inicio del juicio sobre el presunto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal. La ex alcaldesa del PP de Alicante Sonia Castedo y su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi, se sentarán a partir de este martes en el banquillo de los acusados por el supuesto trato de favor concedido al constructor y empresario Enrique Ortiz en la redacción del planeamiento de la ciudad, entre los años 2007 y 2010.
Se trata del mayor juicio por supuesta corrupción urbanística celebrado en la provincia de Alicante, que arranca marcado por la limitación de aforo en la vista por la covid-19 y también por la reciente anulación de las escuchas en otra pieza separada de Brugal sobre la adjudicación del servicio de recogida de la basura de Orihuela. La anulación de los pinchazos telefónicos efectuados por la Policía Nacional en la rama del Brugal de Orihuela podría ser determinante porque sobre el contenido de esas conversaciones se basan las principales acusaciones sobre Castedo, Díaz Alperi, Ortiz y resto de investigados.
El tribunal se la Sección Tercera compuesto por las magistradas Monserrat Navarro, Margarita Esquivá y Cristina Costa, deberá dilucidar si los dos exdirigentes municipales, ahora apartados de la actividad política, concedieron un trato de favor al promotor en la redacción del nuevo planeamiento de la ciudad a cambio de supuestas dádivas. Entre ellas, según el sumario, entregas de diversas cantidades de dinero en metálico, un coche modelo Mini Cooper y viajes con gastos pagados a Andorra, Ibiza y Creta.
Junto a Castedo, Alperi y Ortiz, también se sentarán en el banquillo de los acusados el constructor ilicitano Ramón Salvador; los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.
La vista se desarrollará en la sala reservada para la celebración de juicios con jurado y arrancará marcada por las limitaciones de aforo, en cumplimiento de los protocolos de seguridad para evitar riesgos de contagio por coronavirus. De este modo, al margen de las tres magistradas, del letrado de la Administración de Justicia y de los nueve procesados con sus respectivas defensas, solo podrán acceder los dos fiscales adscritos a Anticorrupción, el letrado del Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación particular, y el de la agrupación local de Esquerra Unida (EU), que ejerce la acusación popular.
El inicio del proceso también llega marcado por la sentencia dictada por la sección Séptima de la Audiencia respecto a la causa matriz que dio origen al caso Brugal, relacionada con la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela.
El pasado 10 de junio, el tribunal absolvió a los 34 acusados en esas diligencias, al anular la validez de las escuchas telefónicas que dieron origen a la investigación. El fallo consideraba que no se autorizaron de manera correcta, lo que causó indefensión a los investigados. Así, se espera que las defensas de los nueve acusados en el PGOU alicantino soliciten la nulidad de las escuchas en el trámite de exposición de las cuestiones previas. Para ello, se apoyarán en el mismo argumento de indefensión, recogido en la sentencia sobre las basuras de Orihuela.
La Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Alperi por favorecer presuntamente a Ortiz en el diseño urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción, entre los años 2007 y 2010. El ministerio público les acusa a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. En lo que respecta a Ortiz pide 8 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y cohecho.
Por su parte, la representación legal del Ayuntamiento de Alicante solicita cuatro años y nueve meses para los dos exalcaldes, y cinco años en el caso de Ortiz, mientras que la agrupación local de EU pide inicialmente 10 años de privación de libertad para Alperi y Castedo y 13 para el promotor. El PSPV-PSOE, que también se personó en las diligencias, se retiró del proceso en 2017 y renunció a formular acusación al considerar que la presencia del Ayuntamiento garantizaba la defensa del interés público.
A Gutiérrez y al hermano de Castedo se les considera facilitadores de tramitar los cambios en el planeamiento mediante la presentación de alegaciones que, después, quedaban incorporadas en el PGOU, según los investigadores. Entre esas alegaciones, figurarían las presentadas por el constructor Ramón Salvador, que alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía el pasado febrero, por el que confesaba haber pagado 116.000 euros a cambio de que se recalificasen unos terrenos de su propiedad en el Pla de Xirau.
En virtud de ese pacto, Salvador asumiría una condena de tres meses de prisión, y el pago de una multa de 14.500 euros.
Ortiz también alcanzó un pacto de conformidad en abril, en el que aceptaba el escrito de acusación de la Fiscalía y confesaba haber facilitado prebendas a los dos expolíticos a cambio de una pena de dos años de cárcel y el pago de una multa de 1,6 millones, con lo que eludía el ingreso en prisión. Sin embargo, el pasado 23 de junio notificó al tribunal su intención de no ratificar ese acuerdo con un escrito por el que se retractaba de su confesión y se reafirmaba en la petición de absolución que expuso en su escrito de defensa. Por su parte, a Virgilio Ortiz, Bernáldez y Rico se les considera colaboradores en la consecución de los delitos en la medida en que habrían participado en las entregas de las dádivas a los exalcaldes.
La causa sobre el supuesto amaño del planeamiento de Alicante es una de las veinte piezas separadas del 'caso Brugal', cuya investigación arrancó en 2006 a raíz de las supuestas irregularidades que pudieron registrarse en la adjudicación de la contrata del servicio de recogida de residuos de Orihuela. Los pinchazos telefónicos practicados a los investigados en esa presunta trama permitieron que la Policía hallase indicios delictivos de otros hechos relacionados con otros municipios de la provincia. Se trata, por ejemplo, de las anomalías en el funcionamiento de la planta de residuos de Calp, gestionada por las empresas del industrial oriolano Ángel Fenoll, o el presunto amaño en la adjudicación del vertedero comarcal de la Vega Baja, adjudicado a una UTE participada por Ortiz, al margen del presunto trato de favor en el planeamiento de Alicante que llega ahora a juicio.
Tras la sesión inicial de mañana, el proceso seguirá el 7 de julio en una segunda jornada en la que podrían resolverse las cuestiones previas planteadas, en un proceso que se retomará a partir del 23 de septiembre y donde la fecha de la conclusión del juicio está prevista para el 12 de noviembre.
El inicio del proceso ha motivado reacciones políticas entre los grupos representados en la corporación municipal. Entre ellos, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha reclamado que se convoque la comisión de investigación sobre el PGOU de Brugal que se aprobó en el pleno de abril a instancias de la coalición "para conocer el coste real de la corrupción en la ciudad". "El silencio el señor Barcala sobre el juicio el PGOU de Brugal es el mismo silencio que tenía cuando compartía gobierno con la señora Castedo y pasaba lo que pasaba en esta ciudad", ha destacado Bellido.
En ese sentido, la coalición ha vuelto a insistir en que "la impunidad no puede ser lo que quede después de todos los años en los que la ciudad tenía amo" por lo que insisten en reclamar la convocatoria de la comisión. "Instamos al bipartito del PP y Cs a convocar lo antes posible la comisión municipal para saber cuánto le costó la corrupción a Alicante y condenar políticamente la misma", ha concluido Bellido.
