La fachada del Ayuntamiento de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Otro apunte para la reflexión, al margen de los datos sobre los pagos sin cobertura de contrato, el posible fraccionamiento de los encargos o el desajuste en la realidad patrimonial municipal. El informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes sobre la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Alicante, correspondiente al ejercicio de 2015, constata falta de celo en la recaudación de ingresos, con la consiguiente pérdida de recursos públicos. En concreto, la institución autonómica pone de relieve que "existen derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados con una antigüedad superior a cuatro años por un importe de 12.722.187 euros, que corresponden en su mayoría a impuestos, tasas, multas y precios públicos".
Es más, subraya que todo parece indicar que esos ingresos deben darse ya por perdidos, sin que exista ningún mecanismo para tratar de recuperarlos. "Debido al tiempo transcurrido desde su liquidación, la posibilidad de que estén prescritos es bastante elevada. Por ello, se recomienda que el Ayuntamiento depure los derechos sin posibilidad de cobro", concreta. De lo contrario, en la contabilidad municipal se estaría arrastrando un reflejo incierto de ingresos ya imposibles, que nunca van a llegar a materializarse.
Eso sí, advierte de que, para purgar esa recaudación inviable, "con carácter previo a las bajas, deberán formalizarse los expedientes que determinen y fundamenten las causas que las originan". Es decir, que la Sindicatura reclama que se detallen las circunstancias que han impedido el cobro de esos derechos reconocidos, sin que en su dictamen se enumere ningún posible factor que pudiese haber influido en ello.
El dictamen refleja que, hasta 2015, se arrastraban 37,4 millones en ingresos pendientes: 24 de ellos por el ibi
La Sindicatura sí señala, además, un dato que puede agravar aún más el agujero generado hasta ahora, en el caso de que no se haya actuado con la eficacia requerida. Así, señala que "en cuanto a los ejercicios cerrados", es decir, previos a 2015, "los saldos pendientes de cobro están formados básicamente por impuestos directos, principalmente el IBI urbana (24.220.393 euros), impuestos indirectos (2.728.927 euros) y tasas y otros ingresos (10.497.518 euros)". En su conjunto, las tres cifras arrojan un resultado global de más de 37,4 millones en cobros pendientes de entrada en caja hasta hace tres años. O lo que es lo mismo: una vez descontados los ingresos ya prescritos en 2015, en ese momento existían otros 24,7 millones que podían correr esa misma suerte.
Lo cierto es que la responsabilidad sobre la recaudación de impuestos en la ciudad de Alicante ha sufrido varios vaivenes a lo largo de los últimos cinco años. El Ayuntamiento delegó esa función en el organismo tributario de la Diputación, Suma, en el año 2014, bajo el mandato de la popular Sonia Castedo. Suma mantuvo su gestión hasta 2015. Y ya en 2016, el cobro de los tributos locales volvió a quedar en manos del Ayuntamiento de Alicante, por decisión del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). En los once primeros meses de ese año, según datos de la Concejalía de Hacienda, se ingresaron 6,9 millones más por el cobro del IBI en periodo voluntario.
