SAN VICENTE DEL RASPEIG. La subida de la tasa de la basura trae cola en San Vicente del Raspeig. El Pleno ha aprobado, este miércoles 18 de diciembre, el incremento del impuesto, con un gobierno de PP y Vox que no ha contado con el respaldo de la oposición ni tampoco con el de los vecinos y vecinas presentes en el salón de plenos. Tras una hora y tres cuartos de debate, el punto ha salido adelante con 14 votos a favor de PP y Vox y 11 votos en contra de PSOE, EU-Podem y Compromís, rechazándose también todas las alegaciones presentadas por grupos municipales y población.
Un debate tenso y de desencuentro. Empezando por el número de alegaciones, sosteniendo María Isabel Domínguez (Vox), concejala de Hacienda, que han sido 71 y Asun París, portavoz del PSOE, 114 alegaciones. En cualquier caso, todas ellas se han desestimado siguiendo "criterios técnicos y legales, ya que este equipo de Gobierno respeta las leyes, aunque contengan medidas perjudiciales para los entes locales y para los vecinos en general", ha apuntado la responsable del área, quien ha culpado "única y exclusivamente" de esta subida a la ley votada por los partidos de izquierdas.
En esta línea, ha calificado como "cómplices" a los homónimos de estas formaciones en San Vicente, a quienes ha echado en cara que podrían haber "instado a sus partidos a derogar o modificar esta ley para evitar el sablazo". Y ha ensalzado los meses de trabajo para la elaboración de la ordenanza: "¿Es mejorable? Seguro que sí. Y en cuanto vayamos disponiendo de medios para poder valorar quién genera más residuos u otras iniciativas que se puedan implantar gradualmente, seguiremos modificando la ordenanza y mejorándola. Pero hoy por hoy, esta es la tasa que nos obligan a implantar".
La oposición ha rechazado en bloque la propuesta de subir la tasa de basuras. Maribel Morera, portavoz de Compromís, ha tildado este incremento de "abuso" para los vecinos, afeando que PP y Vox prometieron en campaña que no subirían las tasas en campaña. Los contribuyentes sanvicenteros pasarán de pagar 84,24 euros a 175,28 euros, "un 98% en el mejor de los casos", ha interpretado. "El servicio es ineficaz e ineficiente y no se han buscado fórmulas para bajar esta tasa. El descontento es lógico".
Por su parte, Alberto Beviá, portavoz de Esquerra Unida-Podem, ha criticado al bipartito de PP y Vox por "culpar a los demás" y ser "incapaces" de asumir responsabilidades. "Los únicos culpables de presentar esta chapuza son ustedes", ha señalado, sosteniendo que se debería haber trabajado más esta ordenanza y alegando que solo cumple uno de los cuatro principios de la ley: "El afán recaudatorio, pero se olvidan de implantar sistemas de pago por generación, bonificaciones ni tampoco atienden al principio de capacidad económica diferenciada".
En cuanto a Asun París, portavoz del PSOE, ha afirmado no estar en contra de subir la tasa, pero sí de la forma en que se ha hecho: "Tabla rasa para todos. Nada de quien contamina paga, ni medidas para fomentar el reciclaje, ni incentivos para que los vecinos se comprometan a reciclar y a cuidar y respetar el medio ambiente. Pero viniendo la ordenanza de un partido que niega el cambio climático y le importa un cuerno el medio ambiente, qué nos podemos esperar".
Pachi Pascual, alcalde de San Vicente, también ha intervenido en el punto dejando la puerta abierta a modificaciones dentro de un tiempo: "Es posible que hubieran mejores métodos para calcular esa redistribución de la tasa. Y seguiremos trabajando para que en el futuro pueda ser una tasa que recoja mejor la generación de residuos". "A nadie le gusta que le suban el recibo; al Ayuntamiento tampoco le gusta subirlo. Pero hay una ley y el que la ha hecho no nos ha dado ninguna herramienta".
La planta de transferencia también ha tenido espacio en el debate. El portavoz de EU-UP ha indicado que la "inacción" del equipo de Gobierno con esta instalación cuesta a los vecinos 528.000 euros al año, que se pagarán en el recibo de la basura. Remitiéndose a los informes técnicos elaborados, ha apelado al equipo de Gobierno que hace un año y medio "podrían haber puesto en funcionamiento o, por lo menos, haber empezado los trámites para poner en funcionamiento una planta de transferencia que le hacía un gran favor a este municipio".
"Estuvimos evaluando si se podía o no hacer esa inversión en la planta de tratamiento", ha justificado el alcalde, quien ha recordado el "accidente grave" que tiene lugar en esas instalaciones y que provoca que los técnicos municipales "no dan seguridad" de que la inversión del Ayuntamiento esa planta de transferencia fuera viable a medio y corto plazo. "Vamos a trabajar por hacer una nueva planta de transferencia que sea una realidad dentro de unos años, cuando se pueda. Pero no vamos a arreglar la que tenemos, que no cumple con ninguno de los estándares que tiene que cumplir", ha sentenciado Pascual.