SAN VICENTE DEL RASPEIG. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente (Partido Popular y Vox) ha rechazado todas las alegaciones presentadas por particulares, asociaciones vecinales, colectivos sociales y partidos políticos destinadas a una revisión de la nueva ordenanza de basura para evitar así que la subida de la tasa fuera tan agresiva. PP y Vox han elevado un informe para el pleno del día 18 de diciembre, en el que desestiman todas las propuestas, que suman 71 apartados con más de un centenar de alegaciones, enfocadas a evitar que la subida del recibo fuera “lineal” y “antisocial”, tal y como ha planteado el equipo de Gobierno de Pachi Pascual.
Esto ha provocado el enfado de la oposición, en concreto del grupo municipal socialista de San Vicente, quien ha señalado directamente a Pachi Pascual y Antonio Díaz por “desechar la participación ciudadana” y adoptar una actitud “autoritaria”. “Había alegaciones de vecinos bien argumentadas y se han descartado por imposición”.
La portavoz del PSOE, Asun París, ha remarcado que el Partido Popular ha demostrado que “cuando está en la oposición pide y reclama todo lo que ahora no está haciendo”. “A Pachi Pascual ni a Antonio Díaz les gusta la transparencia ni escuchar lo que dicen los barrios y colectivos sociales”.
“El concejal Antonio Díaz, además de ser el responsable del área de Limpieza y Recogida de Residuos Urbanos, es también el de Participación Ciudadana. Perece ser que ni le gusta contestar en los plenos a preguntas relacionadas con la limpieza, y ahora tampoco quiere escuchar lo que dicen los vecinos y vecinas sobre la subida de la tasa de basura. El PP está demostrando una gestión poco transparente y abierta de cara a la ciudadanía”, sostiene Asun París.
Los socialistas recuerdan que dos concejales de Vox son los responsables de las áreas económicas del Ayuntamiento, y que su “nefasta gestión” y “falta de trabajo” están afectando directamente al bolsillo de los sanvicenteros.
Igualmente, la concejal del PSOE ha criticado que las únicas propuestas de Vox desde que están en el gobierno local han sido llevar a pleno una moción racista y dos ordenanzas que suponen una subida de tasas: veladores y basura. “La gestión de Vox al frente de Hacienda y Tesorería se resume en un claro afán recaudatorio. Sólo han sabido decir que la subida de la tasa de basura era culpa de Pedro Sánchez (siendo mentira, pues es una directriz europea), pero cuando tienen encima de la mesa un centenar de opciones para revisar la subida y rebajar la tasa, desechan todas y cada una de las medidas”.
Por último, insiste en que los partidos de la oposición son los únicos que siguen llevando propuestas e ideas relacionadas con la gestión municipal y que afectan directamente a los vecinos y vecinas. “Todavía no hemos escuchado una sola medida o propuesta del equipo de gobierno de Pachi Pascual. Sólo saben decir que ‘en ocho años no se ha hecho nada’, pero no asumen ninguna responsabilidad desde que están gobernando desde hace más de año y medio”, zanja la portavoz del PSOE.
Por su parte, el equipo de Gobierno ha manifestado que el Ayuntamiento elevará al próximo pleno, del 18 de diciembre, la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos, tras concluir el periodo de estudio de las alegaciones. El equipo de Gobierno manifiesta su respeto al informe técnico en el que se propone mantener los criterios iniciales en respuesta a las alegaciones presentadas, que han sido denegadas previa argumentación de los motivos que han fundamentado su rechazo.
En el nuevo texto de la ordenanza cambian los artículos 6 y 8 para adaptarse a los nuevos criterios que establece la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, emitida por el Gobierno central.
En total, se han presentado 71 alegaciones por parte de asociaciones de vecinos y comunidades de propietarios, ciudadanos y representantes de formaciones políticas, muchas de las cuales han cuestionado el método establecido para el cálculo de la tarifa. En las propuestas presentadas se han trasladado discrepancias con la división del término municipal en zonas y se ha solicitado la aplicación de descuentos a las viviendas que realicen separación de residuos o bonificaciones por el uso del punto limpio, peticiones estas últimas que se han descartado porque deben regularse, no a través de esta norma, sino de la ordenanza reguladora de la gestión del servicio.
Desde el Ayuntamiento, se ha argumentado que la distribución del coste del servicio de recogida de residuos, aplicado en cumplimiento de la norma de carácter nacional, se ha elaborado a partir de los mapas de valores correspondientes a los informes emitidos por el Mercado Inmobiliario de la Dirección General del Catastro. Tomando como referencia esta información oficial, las siete áreas establecidas son casco urbano, barrio Santa Isabel, diseminado, universidad, urbanizaciones, urbanizaciones disperso y viviendas en zona industrial.
La cuota de cada inmueble se ha calculado aplicando el principio de capacidad económica, que se configura a través del valor catastral y el valor de la superficie de los inmuebles y, adicionalmente, en las zonas susceptibles de generar podas, se aplica una ponderación. También se han atendido indicadores de generación de residuos tales como el número de empadronados en las viviendas y el número de contenedores en cada una de las zonas.
Por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento se ha descartado utilizar el recibo del agua para el cálculo de la tasa de basuras basándose en que, actualmente, con los datos de los que dispone la administración local, no se pueden correlacionar porque no figura la referencia catastral. Desde el Ayuntamiento y desde Aguas de Alicante ya se está trabajando para que, en un futuro próximo, se asocie ese dato con los contadores de agua, lo que permitiría estudiar la posibilidad de utilizar este criterio para evaluar la el importe individualizado del servicio municipal de recogida de residuos.
Respecto a las exenciones y bonificaciones solicitadas, los informes establecen que solo se pueden realizar las que contempla la ley y las recogidas en la ordenanza que, en su artículo 6, establece una cuota reducida atendiendo a la capacidad económica del contribuyente cuando los ingresos estén por debajo de la Renta de Garantía de Inclusión Social. Se ha estimado que la demanda de apremiar la domiciliación de recibos beneficiaría más a aquellos que tienen cuotas más elevadas, por considerarse que generan mayor cantidad de residuos, contraviniendo así el espíritu de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
