ALICANTE. La subida del recibo de la basura que todos los ayuntamientos quedan obligados a abordar para equiparar los ingresos con el coste real del servicio por mandato comunitario ya solo queda sujeta en Alicante a un hipotético acuerdo in extremis entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y el grupo municipal de Esquerra Unida Podem. La propuesta de incremento planteada por los populares quedó desestimada este miércoles con comisión informativa de Hacienda con el voto en contra de las cuatro formaciones que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Sus representantes justificaron su voto negativo con el argumento de que no se había atendido sus aportaciones para introducir una mayor progresividad fiscal en beneficio de las rentas bajas, como ya ha informado este diario, a pesar de que, como mínimo, sí se admitió una enmienda transaccional negociada entre los populares y la confluencia que lidera Manolo Copé como portavoz municipal, durante las últimas semanas, en las que se ha tratado -hasta ahora sin éxito- de cerrar un acuerdo que permita desbloquear la actualización de la ordenanza fiscal que regula la tasa.
Con todo, lo cierto es que ese gesto augura todavía un posible entendimiento antes de que el planteamiento se someta a debate y votación en pleno, el próximo martes 5 de noviembre. Cuando menos, las dos formaciones todavía contemplaban hasta este miércoles esa posibilidad. En primer lugar, porque no se habría producido una respuesta definitiva respecto al documento de condiciones planteado por Esquerra Unida Podem que el PP debería asumir como requisito para que la confluencia pudiese decantarse por una abstención que facilitase la aprobación de la subida de los recibos.
Se trata de una relación de peticiones que se extiende más allá de la propia ordenanza fiscal, con medidas de carácter político, como la derogación de los artículos de la Ordenanza de Convivencia Cívica anulados por sentencia del TSJ (pendiente de resolución del recurso de casación registrado por el Ayuntamiento), o el descarte de iniciativas que el PP habría pactado con Vox, como la oficina de apoyo a la maternidad o la oficina de asesoramiento frente a la okupación. Y, además, alcanzaría a la planificación de los presupuestos de 2025 con la incorporación de propuestas en educación, vivienda o movilidad que podrían financiarse con los más de 15 millones a recaudar con la subida de la basura que liberarían esos recursos para otros fines.
Lo cierto es que el equipo de gobierno seguiría analizando ese documento para concretar la viabilidad de todas las medidas propuestas con el fin de decidir sobre su posible aceptación. Eso sí, fuentes consultadas señalaron que no se contempla la asunción de todos esos planteamientos, aunque sí podría existir cierto margen para encontrar puntos de encuentro en parte de esas peticiones en los cinco días que quedan por delante hasta la celebración del pleno.
De hecho, la voluntad de acercamiento se habría escenificado con la presentación de su enmienda transaccional, con la que se introduce un cuarto tramo en la distribución del importe de los recibos que rebaja el incremento previsto para las viviendas de menor tamaño y menor valor catastral, a partir de la tabla adjunta, en la que se compara el planteamiento inicial, la enmienda promovida por Esquerra Unida Podem y la modificación sobre esa enmienda aprobada finalmente, que incluso contó con el voto favorable de Vox.
Hasta ahora, el único compromiso adquirido por el PP sería el de facilitar una respuesta respecto a las sugerencias formuladas por la confluencia, sin que -hasta este miércoles- se hubiese cerrado ninguna cita para conversar sobre ellas. En todo caso, también está por ver hasta qué punto los representantes de Esquerra Unida Podem estarían dispuestos a ceder respecto a sus pretensiones iniciales que se presentaron como irrenunciables.
Sea como fuere, en segundo término, la hipótesis de un posible acuerdo de última hora entre las dos formaciones vendría reforzada por la necesidad de contar con esos 15 millones extra a los que se daría cabida con el incremento de la recaudación de la tasa.
Se trata de una suma que se podría derivar a la ejecución de inversiones o la mejora en la prestación de servicios municipales a la que al equipo de gobierno no le resultaría fácil renunciar, por lo que estaría dispuesto a ofrecer cierta flexibilidad en la negociación con tal de que la nueva tasa saliese adelante. A Esquerra Unida Podem, por su parte, también le supondría un rédito político inesperado la oportunidad de poder manejar el destino de parte de esa suma.
En cualquier caso, el debate no contaría con más margen: el equipo de gobierno está obligado a elevar la propuesta a pleno sin más demora con el propósito de que pueda completarse todo el recorrido administrativo para su entrada en vigor a 1 de enero de 2025, en el caso de que acabase aprobándose. En esa hipótesis, la ordenanza se expondría al público para la presentación de alegaciones, sobre las que tendría que emitirse una resolución (aceptándolas o rechazándolas) para que se produjese su aprobación definitiva en diciembre.
En el supuesto de que la ordenanza fuese rechazada, la previsión de ingreso de esos 15 millones adicionales no podría contemplarse en los próximos presupuestos y los recibos de la basura mantendrían su importe actual. Y, además, el Ayuntamiento de Alicante quedaría expuesto a posibles penalizaciones -sin que se contemple la posibilidad de acordar una posible prórroga o aplazamiento para actualizar la tasa- al no dar cumplimiento a la normativa estatal, que deriva de un mandato comunitario. Esas penalizaciones podrían llegar en forma de sanción o de retirada de subvenciones, según fuentes consultadas. Todo, al margen de la supuesta responsabilidad personal en la que podrían incurrir los concejales que se negasen a introducir la equiparación de costes del servicio, como ya se ha apuntado en los informes evacuados en ayuntamientos como el de Vitoria.